El Gobierno calcula que el sector agroalimentario español tendrá que desembolsar cerca de 200 millones de euros al año en aranceles en su comercio con Estados Unidos si finalmente entran en vigor las tasas anunciadas por la Administración Trump a distintos alimentos y productos comunitarios.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, ha precisado este martes -tras reunirse con el sector de la producción y la industria alimentaria para abordar este asunto- que esta cifra corresponde al 25 % de los 765 millones de euros de negocio que cada año generan las ventas de los productos alimentarios españoles afectados.

Ministro y sector han pedido a la Comisión Europea (CE) que defienda sus intereses "firmemente" ante Estados Unidos, si finalmente se aplican los aranceles.

Una posición que Planas trasladará este miércoles a la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, y al comisario de Agricultura, Phil Hogan, en la reunión que mantendrán para analizar la situación.

El objetivo, según ha avanzado el ministro, es conseguir un aplazamiento de la entrada en vigor de las tasas o conseguir su cancelación.

Tanto el ministro como los representantes del sector agroalimentario han concluido de forma "unánime" en calificar las medidas anunciadas como "inaceptables", además de añadir que "no se justifican de modo alguno, ni en el fondo ni en la forma".

Planas ha insistido en que "no es bueno para nadie" entrar en una "guerra comercial": Aunque "no lo queremos", los intereses "deben ser defendidos firmemente" y eso requiere "consenso".

El sector del aceite de oliva es uno de los que más preocupa, tanto por ser de los más perjudicados por el anuncio estadounidense como por encontrarse en una situación de bajos precios en origen.

Por ello, le pedirá a Phil Hogan la activación del almacenamiento privado de aceite, que es un mecanismo "excepcional" pero para el que considera que se dan las condiciones para ello.

También le instará a aplicar medidas de ayuda, similares a las implementadas en su día para combatir el veto ruso a la entrada de alimentos comunitarios, y a potenciar campañas de promoción de los productos más afectados.

Ha recordado los contactos que ha mantenido con otros Estados miembro para recabar su apoyo y ha subrayado que la "sensibilidad" es "muy fuerte", con posturas coincidentes, especialmente en el caso de Francia.