Las sequías que afectan con más frecuencia al corredor seco centroamericano y la urgencia de avanzar hacia una agricultura sostenible, son dos de los temas a los que los países de la región y la comunidad internacional están poniendo cada vez más atención.

Ministros de Ambiente y de Agricultura de Centroamérica sostuvieron este miércoles una reunión en Costa Rica junto al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), en el marco de la PreCOP, reunión preparatoria a la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP25).

El director general del IICA, Manuel Otero, subrayó a EFE la importancia de que la región es consciente de la necesidad de que las agendas ambientales y agrícolas converjan y busquen una producción sostenible.

"Siempre los diálogos son importantes y mucho más cuando son entre dos sectores que muchas veces no tienen la misma agenda. Tiempo atrás, hace 20 o 30 años se confrontaban, pero ahora se nota que hay un diálogo y un entendimiento cada vez más fuerte de que somos habitantes de un mismo paisaje que hay que cuidar, pero que también hay que producir por la seguridad alimentaria", manifestó Otero.

El ministro de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, Renato Alvarado, dijo que es urgente avanzar hacia una agricultura más sostenible e inclusiva, que valore en su justa dimensión el aporte de los agricultores al desarrollo.

“Somos conscientes de la necesidad imperiosa de acelerar el proceso de adaptación de la producción agropecuaria al cambio climático y descarbonización. Pero, en ese sentido, las familias agricultoras requieren mayores apoyos y acompañamiento por parte de las instituciones del Estado; requieren además de financiamiento adecuado a sus actividades productivas; y exigen que el mercado reconozca sus esfuerzos y logros en esta materia por medio de precios justos", afirmó Alvarado.

Durante la reunión de este miércoles, los ministros firmaron una declaración en la que ratifican el apoyo a la Estrategia de Agricultura Sostenible Adaptada al Clima y expresan su interés en el papel crucial que desempeña el sector privado para el logro de estas iniciativas en favor del clima.

Uno de los principales retos de la región en materia agrícola y de seguridad alimentaria es el del corredor seco centroamericano, una extensa área en el Pacífico que abarca desde Guatemala hasta Panamá, que se está viendo cada vez más afectada por las sequías, lo que pone en riesgo grandes cultivos como el maíz y el café.

El director del IICA señaló como unto positivo que la región está utilizando tecnología satelital para evaluar su sector agrícola, pero alertó de que la crisis del corredor seco debe ser atendida con seriedad.

"Es un tema evidentemente muy serio porque la frecuencia de las sequías cada vez aumenta, aumenta el éxodo de productores que están expuestos a bajos precios y a cadenas donde los intermediarios obtienen mayores beneficios", expresó Otero.

El directo del IICA advirtió que "tenemos que impedir que los del corredor seco sea un tema crónico y en el que no se avanza, porque si no se avanza, va a ser una zona vacía, sin familias rurales y esa sería la peor situación de todas y la que debemos frenar".

En este sentido, una apoyo es el del Proyecto Sistemas agroforestales multiestratos innovadores para el Corredor Seco Centroamericano (AGRO-INNOVA), una iniciativa de 6,5 millones de dólares financiada por la Unión Europea (UE) que iniciará acciones en campo en el primer trimestre del 2020.

La iniciativa se centrará en mejorar la resiliencia climática y la seguridad alimentaria de al menos 3 000 pequeños productores en Centroamérica, mediante mejoras en las tecnologías de mitigación y adaptación al cambio climático para la producción de cultivos básicos y la ganadería.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) para Latinoamérica y el Caribe calcula que en el corredor seco centroamericano viven unas 10 millones de personas, entre las que se encuentran el 50 % de los casi 2 millones de pequeños productores de granos básicos de la región.

El organismo internacional calcula que en los últimos cuatro años el 18 % de las personas que se fueron de Guatemala lo hicieron por culpa de los efectos climáticos adversos, una cifra que se sitúa en el 14 % en Honduras y en el 5 % en El Salvador.