Con las aguas más calmadas tras el terremoto político que supuso en Perú la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso, el Gobierno reiteró este miércoles su plena seguridad en la legalidad de la medida y en que esta no repercutirá en el crecimiento de la economía nacional.

"Si tuviéramos algún reparo respecto a la constitucionalidad de las decisiones que se han tomado, no las hubiéramos asumido", afirmó el primer ministro de Perú, Vicente Zeballos, en una conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

"Que no se malentienda como un exceso. Cuando el Gobierno ha acudido a la cuestión de confianza es porque está facultado constitucionalmente", apostilló Zeballos, quien firmó el decreto que ponía fin a una tormentosa relación de tres años entre el Ejecutivo y el Legislativo, en manos de la oposición que lidera el fujimorismo.

El Gobierno se escuda en el artículo 134 de la Constitución, que permite al presidente disolver el Parlamento si este censura dos veces al Ejecutivo dentro del mismo quinquenio para el que fue escogido.

Desde la oposición se habla de golpe de Estado porque consideran que nunca se negó la confianza, pero hicieron caso omiso a votar la moción en el tiempo y forma solicitado por el Ejecutivo para frenar la polémica renovación del Tribunal Constitucional con magistrados afines al fujimorismo, por lo que para Vizcarra fue una "negación fáctica".

En ese sentido, Zeballos afirmó que el Gobierno acatará cualquier fallo del Tribunal Constitucional (TC) o el Poder Judicial en ese aspecto, pero reconoció que cualquier decisión que contravenga la disolución del Congreso será muy difícil de aplicar después de las elecciones parlamentarias convocadas para el próximo 26 de enero.

"Sin embargo, a la fecha no hay ninguna acción que se haya impulsado en el Tribunal Constitucional. De plantearse, hay que revisar la viabilidad procesal de quien lo pueda estar proponiendo", indicó Zeballos.

Preguntado por qué el Gobierno no acude directamente al TC para que se pronuncie y pueda reforzar la posición del Ejecutivo, el primer ministro fue enfático: "Sería dudar de las decisiones que hemos tomado, y no tenemos dudas, estamos convencidos de que todo está sujeto al marco constitucional".

El presidente del Consejo de Ministros presentó durante la conferencia el primer decreto de urgencia emitido por el Gobierno en este periodo donde no funcionará el Congreso y que está dirigido a establecer una serie de parámetros para los próximos comicios, donde anticipó que no habrá candidatos oficialistas.

"El Gobierno va a asumir una posición de neutralidad y de mucha responsabilidad. Estamos comprometidos con el fortalecimiento de nuestras instituciones y más aún con que sean procesos transparentes donde finalmente decidan los ciudadanos", argumentó Zeballos.

Cuestionado sobre si la ausencia de candidatos del Gobierno pueda devenir en un nuevo Parlamento de mayoría opositora que prolongue la situación de bloqueo entre ambos poderes, el primer ministro reconoció que "es un riesgo" que está dispuesto a asumir el Ejecutivo.

"Estamos saliendo de una fase crítica, pero tenemos no solo la sensación y convicción de que el escenario del que estamos saliendo ha sido debidamente leído por los ciudadanos y nos van a proponer una representación parlamentaria acorde a la estabilidad institucional que el país demanda", comentó.

Junto a Zeballos también comparecieron los nuevos ministros de Relaciones Exteriores, Gustavo Meza-Cuadra; de Justicia y Derechos Humanos, Ana María Revilla, y de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, quien es la mujer más joven en ocupar esa cartera, con apenas 34 años.

"Es imposible no pensar que acá no hay machismo. Si hubiera sido un hombre no se habría puesto en tela de juicio que sea la hija de alguien. Han sido comentarios tendenciosos pero, como muchos de mi generación, creemos en la igualdad de oportunidades", argumentó Alva sobre las críticas a su nombramiento por su juventud.

La ministra señaló que la disolución del Congreso no ha repercutido en la confianza de la economía peruana señalada por las agencias de calificación.

Asimismo, apuntó que, si bien la proyección de crecimiento de la economía peruana para 2019 fue recientemente revisada a la baja para ubicarla en 2,7 %, esta puede estar finalmente más cerca del 3 %, lo que estaría muy encima del 0,6 % previsto en promedio para Latinoamérica.