El importe de la actualización de las entregas a cuenta llegará a las comunidades autónomas de forma fraccionada al 50% en noviembre y diciembre, ha asegurado este miércoles la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes un real decreto ley por el que pagará a comunidades y ayuntamientos más de 5.500 millones de euros por entregas a cuenta de este año, cifra muy inferior a la que solicitaban. Este dinero, que llega en precampaña electoral, supone 4.682 millones de euros para las quince comunidades de régimen común (salvo País Vasco y Navarra) y 821 para las corporaciones locales.

Las entregas a cuenta tienen que llegar fraccionadas de forma obligatoria en los próximos dos meses, salvo que alguna Comunidad tenga algún problema que haga que tenga que llegar de una sola vez, ha especificado Montero en un desayuno organizado por la Cadena Ser en Valencia junto al presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, y el conseller de Hacienda Vicent Soler.

Por tanto, ha dicho, en noviembre no se producirá un incremento del plazo medio de pago a los proveedores. Montero ha afirmado que se ha trabajado para que se comprendiera el espíritu de la LOFCA, ya que supeditar las entregas a cuenta a las comunidades a los Presupuestos del Estado supone "una jerarquía vinculante" que no corresponde.

La ministra ha manifestado que quiere consenso en el nuevo modelo de financiación autonómica y que gran parte de las comunidades se sienta "cómoda" en la reforma que salga de un "diálogo franco" entre el Gobierno y las autonomías.

Montero ha dicho que no sabe cuánto tiempo se tardará en definir el nuevo modelo de financiación cuando se constituya el nuevo gobierno al tratarse de "un debate que no depende solo" del Ejecutivo central, pero que se abordará "en la mayor brevedad posible".

En ese debate, ha señalado, la población es el criterio sobre el que tiene que pivotar el reparto de fondos ya que el modelo actual ha puesto de manifiesto que no se justifica ni en la insularidad, la dispersión o el envejecimiento que haya una diferencia de 800 euros de financiación per cápita entre la comunidad mejor y peor pagada. Puede haber otras variables como la población universitaria que ahora no se contempla, o la tasa de desempleo sobre el consumo de servicios sociales.

Ninguna comunidad puede perder con el nuevo modelo de financiación, por lo que "la tarta tiene que ser más grande" y la participación de las comunidades en el reparto del IRPF, el IVA e impuestos especiales tiene que ser "superior", ha manifestado.

La ministra ha considerado que el FLA es "un auxilio financiero con vocación de desaparecer" y conforme las autonomías vayan cumpliendo los objetivos de estabilidad presupuestaria, irán acudiendo a la emisión de deuda mediante la financiación privada.

Ha precisado que la adhesión al FLA conlleva una serie de elementos a los que las comunidades se tienen que suscribir, como el convenio con Farmaindustria o la digitalización de facturas en ventanilla única, con los que alguna comunidad podría no estar de acuerdo. Eso, a su juicio, hay que desterrarlo y establecer unas relaciones de lealtad y de sinceridad y que en ningún caso se produzca una tendencia recentralizadora.

El compromiso del Gobierno es abordar en paralelo la reforma de la financiación local, aunque la autonómica está en una situación más complicada en estos momentos y hay que darle, ha dicho, "una respuesta en un plazo de tiempo breve".

Respecto al "dumping" fiscal del que se acusa a algunas comunidades como la madrileña, Montero ha apuntado a una armonización fiscal con el fin de que no se produzcan agravios entre comunidades, y se ha referido a introducir figuras medioambientales. Ha aludido también al plan presupuestario presentado en Bruselas al afirmar que el Gobierno ha sido muy prudente en sus previsiones macroeconómicas.