La Corte Constitucional de Colombia tumbó este miércoles la reforma tributaria del presidente Iván Duque, llamada Ley de Financiamiento, porque no tuvo el debido trámite en el Congreso, informó la presidenta de ese tribunal, magistrada Gloria Díaz.
La decisión, tomada por la Sala Plena por seis votos contra tres, entrará en vigencia a partir del 1 de enero próximo para "modular sus efectos" sobre la economía del país, explicó Díaz.
"Se constató que la declaratoria de inconstitucionalidad simple ocasionaría un vacío normativo en el sistema tributario que afectaría el recaudo previsto para el año 2019, lo cual podría impactar las inversiones del Estado ante la disminución de uno de los rubros más importantes de los ingresos corrientes de la nación", añadió.
En diciembre pasado el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento con la que el Gobierno buscaba recaudar 7,5 billones de pesos (unos 2.168 millones de dólares de hoy) para cerrar el presupuesto de este año, que asciende a 258,9 billones de pesos (unos 74.811 millones de dólares).
La magistrada explicó que antes del 1 de enero el Congreso tendrá que ratificar, derogar, modificar o subrogar los contenidos de la Ley de Financiamiento, pues si no lo hace "se dispondrá la reviviscencia de manera simultánea de las normas derogadas o modificadas" por la reforma tributaria.
Según la Corte Constitucional, la decisión se tomó luego de estudiar cinco de las 24 demandas que alegaban que el proceso había tenido vicios de forma, entre ellos que el documento aprobado en la Cámara de Representantes no contaba con las modificaciones hechas en el Senado.
"Se violó el principio democrático, en tanto no se dio una deliberación racional de la ley, no se respetó el pluralismo ni los derechos de las minorías y no se garantizó el control ciudadano", añadió la magistrada.
El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, había advertido esta semana que una eventual decisión de la Corte contraria a la Ley de Financiamiento tendría "efectos funestos" para la economía y pondría "en serio peligro la estabilidad económica y la sostenibilidad de las finanzas públicas".
El Gobierno argumenta que la Ley de Financiamiento es uno de los pilares para que la economía del país crezca por encima del 3 % en 2020 y sin ella el resultado se verá reducido en 0,7 puntos porcentuales.
Igualmente aseguró que desfinanciar el presupuesto de 2019 obligará al Gobierno a tomar otras medidas que generarán un "impacto irreparable" sobre la confianza de los inversores ya que la citada ley estipulaba reducciones de impuestos a las empresas para estimular la inversión y generación de empleo.
Al conocer el fallo de la Corte, el presidente de la Asociación de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, pidió al Gobierno tramitar normas que permitan reemplazar las que quedaron sin vigencia por la decisión del tribunal.
"Hacemos un llamado al Congreso y al Gobierno a tramitar en forma expedita las normas que permitan reemplazar las que perderían vigencia buscando estabilidad jurídica efectiva para la inversión", escribió el empresario en Twitter.
A ese pedido se sumó la directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), María Claudia Lacouture, quien dijo que "es urgente enviar señales de estabilidad a los inversionistas para que en esta propuesta de transición no desfallezca el interés extranjero por invertir en el país".
"La confianza inversionista es fundamental en la actual coyuntura global y la tendencia de la economía mundial a estancarse como consecuencia de la tensión comercial internacional", manifestó Lacouture.
Entre tanto el Consejo Gremial Nacional (CGN) recordó que Colombia ha tenido en el último cuarto de siglo 15 reformas fiscales y que volver a cambiar la tributación, en menos de 11 meses de vigencia de la Ley de Financiamiento, afectará la inversión extranjera, que tuvo un crecimiento del 24,4 % entre enero y julio pasados.
