El caso del expresidente peruano Alan García, quien se suicidó en abril pasado para evitar ser detenido por sus presuntos vínculos con Odebrecht, volvió este jueves al primer plano tras la declaración de su exsecretario Luis Nava de que aquel recibió dinero de la empresa en maletines y loncheras.
Además de devolver a la actualidad una vieja polémica sobre la presunta implicación del exgobernante en casos de corrupción, la confesión de Nava le permitió obtener rápidamente el cambio de su situación legal de prisión efectiva a arresto domiciliario y motivó el anuncio de acciones legales de los hijos de García.
Nava se acogió a la colaboración eficaz (confesión sincera) en la investigación que se le sigue por presuntamente haber recibido 4 millones de dólares de Odebrecht, y afirmó que el exmandatario recibió dinero de Odebrecht desde 2006, tanto durante su campaña electoral como cuando ya era presidente.
Según la confesión del exfuncionario, publicada por el portal IDL Reporteros, el brasileño Jorge Barata, entonces apoderado de Odebrecht en Perú, visitó numerosas veces a García, tanto en el local de campaña del Partido Aprista Peruano (PAP) como en el Palacio de Gobierno, durante su segundo gobierno (2006-2011).
Entre otros detalles, señaló que vio que Barata "cargaba una lonchera de alimentos tipo escolar" que, poco tiempo después, supo que contenía dinero en efectivo que era entregado a García.
Tras conocerse este testimonio, una jueza peruana aceptó este jueves que el exsecretario presidencial pase a arresto domiciliario desde la cárcel en la que cumplía 36 meses de prisión preventiva.
Durante la audiencia, el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez se mostró de acuerdo con la medida y aseguró que Nava "ha declarado y ha dado información importante para el esclarecimiento de la verdad" en la investigación del caso.
El exsecretario de García también denunció que fue amenazado de muerte en la cárcel, donde otros presos le dijeron que "no se meta" con el Partido Aprista y amenazaron con secuestrar a sus familiares.
Su abogado, Raúl Noblecilla, indicó que "es muy fácil colegir" quiénes estarían detrás de las amenazas y consideró que también es "obvio" que los defensores de García nieguen su testimonio.
Precisamente, Ricardo Pinedo, el exsecretario personal de García, aseguró que Nava "culpa nuevamente a un fallecido cuyos abogados ya no tienen acceso al expediente" del caso, ya que las investigaciones en su contra se cerraron con su muerte.
Pinedo vinculó la declaración con el pedido de Nava para que se le otorgue el arresto domiciliario y dijo que también es "un golpe publicitario más ante la incapacidad de la fiscalía de presentar pruebas".
Los hijos mayores de García anunciaron, por su parte, que tomarán acciones legales contra Nava, por considerar que emitió sus declaraciones "sin ninguna prueba legal, sobre hechos no demostrados con la obvia finalidad de negociar con la fiscalía su liberación".
Tras asegurar que "es fácil para algunos manchar la memoria de una persona ya fallecida", rechazaron que Nava haya indicado que parte del dinero supuestamente entregado por Barata se haya usado para financiar la educación de los hijos del exgobernante.
"La familia tomará las acciones legales que correspondan contra esta persona y sus difamaciones", aseguró un comunicado firmado por Carla, Josefina, Gabriela, Luciana y Alan Raúl García.
Alan García, quien se suicidó el 17 de abril pasado, siempre negó ser receptor de los millonarios sobornos entregados por Odebrecht para adjudicarse la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.
El pasado 30 de abril, el exfuncionario Miguel Atala, quien fue vicepresidente de la petrolera estatal Petroperú, también confesó que García fue el destinatario final de un soborno por 1,3 millones de dólares que entregó Odebrecht en una empresa inscrita en Andorra.
Atala, quien también ha recibido el arresto domiciliario por su colaboración con la Justicia, dijo que el propio García le confirmó que ese dinero era suyo y agregó que Nava fue quien lo contactó a fines de 2007 para ser apoderado de la empresa y le dijo que ahí recibiría dinero "legal" aportado por empresas privadas.
La Fiscalía señala que Odebrecht también habría entregado otros 3 millones de dólares a García, mediante Luis Nava, tal como declaró Jorge Barata al fiscal Pérez.
Por el caso Odebrecht, en Perú también están investigados los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), pendiente de que Estados Unidos apruebe su extradición; Ollanta Humala (2011-2016), para quien la Fiscalía pide 20 años de cárcel; y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), en arresto domiciliario.
Además, están en prisión preventiva la líder opositora Keiko Fujimori, por presuntamente obstruir las investigaciones de aportes irregulares a su campaña, y la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, a la que Odebrecht financió la campaña contra su revocación.
