Abaratar los costes del despido y bajar los impuestos a las empresas son dos de las principales medidas que plantea el Círculo de Empresarios para mejorar el empleo y reducir la tasa de paro, lo que considera que debe ser el objetivo prioritario del próximo Gobierno.
Durante la presentación este miércoles del documento "Reformas socioeconómicas para la nueva Legislatura", el presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta, ha subrayado que entre las elecciones generales de abril y las de noviembre se ha acentuado la desaceleración de la economía en un contexto de fragmentación e incapacidad política.
"La situación de Cataluña tampoco ayuda", ha explicado De Zulueta, que ha confiado en que esta vez sea más fácil llegar a un acuerdo de Gobierno, porque cree que la ciudadanía no admitiría un nuevo fracaso.
El documento, que recoge reivindicaciones ya históricas de esta asociación empresarial, señala que la situación económica y el contexto internacional han empeorado, mientras que la política monetaria pierde eficacia y España no cuenta con margen fiscal para reactivar el crecimiento.
Para lograr un empleo estable y de calidad, el Círculo sitúa en primer lugar la mejora del sistema educativo, pero también reclama un nuevo marco laboral "adaptado a las nuevas realidades empresariales" que pasa por reducir los costes del despido y equiparar la indemnización entre trabajadores temporales e indefinidos.
Para impulsar la productividad y la competitividad pide un tipo único y más reducido del impuesto de sociedades de en torno al 20 % (frente al tipo general del 25 % actual) y reducir la carga sobre el empleador de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Del IRPF dice que la ampliación de bases imponibles por la creación de empleo y la reducción de la economía sumergida posibilitaría bajar el tipo marginal del 45 % a la media de la OCDE (41,6 %) o de la zona del euro (41,7 %).
En el ámbito de las pensiones plantea desincentivar la jubilación anticipada y fomentar la ampliación voluntaria de la vida laboral por encima de los 67 años, además de bonificar fiscalmente los planes de pensiones privados.
Además, propone mejorar la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas de las Administraciones Públicas, fomentar la colaboración público-privada en la Sanidad, generalizar el pago por medios electrónicos para combatir la economía sumergida, avanzar en innovación e impulsar la natalidad, la conciliación y el acceso a la vivienda.
