La justicia brasileña negó la solicitud realizada por uno de los acreedores de Odebrecht para decretar la bancarrota del grupo, que este año solicitó acogerse a la ley de quiebras para reestructurar su millonaria deuda, según una decisión que fue dada a conocer este martes.

El banco estatal brasileño Caixa Económica Federal había solicitado a la Justicia que decretara la bancarrota del grupo Odebrecht, pero la petición fue negada el pasado viernes por el magistrado Joao Oliveira Rodrigues Filho, del Tribunal del Estado Sao Paulo.

La Caixa pidió la bancarrota tras rechazar de forma vehemente el llamado plan de "recuperación judicial" presentado por Odebrecht para reestructurar su millonaria deuda al considerar que el documento no era consistente.

No obstante, su solicitud fue negada por el juez Oliveira Rodrigues, quien subrayó que las alegaciones realizadas por la Caixa Económica "son demasiado genéricas" y no se refieren a hechos concretos".

De esa forma, el magistrado de la primera sala de bancarrotas del Tribunal de Sao Paulo consideró que no hubo omisión de información por parte del grupo Odebrecht, como había sido apuntado por la entidad financiera.

En su pedido de bancarrota, la Caixa había argumentado, entre otros aspectos, que las empresas del grupo que se acogieron a la ley de quiebras "fueron incapaces de evolucionar mínimamente en las negociaciones con sus acreedores, hasta para proponer una forma de pago básica".

Odebrecht tiene negociaciones abiertas con los cinco mayores banco acreedores nacionales - Itaú, Santander, Bradesco, BNDES (entidad de fomento) y Banco do Brasil-, los cuales suman 28.000 millones de reales (unos 7.000 millones de dólares) en deudas listadas en el proceso.

La deuda del Odebrecht con la Caixa, que no participa en las discusiones, es de 5.000 millones de reales (unos 1.250 millones de dólares).

Odebrecht afronta una grave crisis económica desde que las autoridades brasileñas destaparon hace cinco años una vasta trama corrupta en la petrolera estatal Petrobras, que ha enviado a prisión a decenas de empresarios y políticos, y asimismo, ha servido para desvelar redes similares en otros países de Latinoamérica.

El grupo reconoció la corrupción en el seno de sus empresas, firmó acuerdos con autoridades de diversos países y se comprometió a pagar millonarias multas a cambio de seguir operando, pero el cerco judicial desestabilizó las cuentas del imperio.