El empresario y productor audiovisual Pedro Pérez ha abandonado el consejo de administración de Distrito Castellana Norte (DCN), la promotora de la Operación Chamartín. Pérez pertenecía a ese órgano desde 2010 en representación de la Constructora San José, socio de este megaproyecto inmobiliario en Madrid cuyo principal accionista (75,5%) es el BBVA.

Pérez era el representante de San José en el consejo de DCN a través de Desarrollos Urbanísticos Udra, la filial con la que la constructora del empresario gallego Jacinto Rey canaliza su actual participación (25,5%) en la promotora de este macrodesarrollo, que prevé obtener este año las licencias definitivas para desarrollar 10.500 viviendas y una nueva ciudad financiera al norte de la capital.

Pérez, que ha sido sustituido en el consejo de DCN por un directivo de San José (José Luis González), mantiene la vicepresidencia de Constructora San José, de la que es consejero desde hace más de quince años y accionista minoritario, con un paquete que no llega al 1% de las acciones.

Poco conocido para el gran público, este economista tiene una larga trayectoria vinculada a varios negocios, entre ellos, algunos de los medios de comunicación más importantes de España. En los 90, Pérez fue consejero fundador del diario El Mundo, alto directivo de la Telefónica de Juan Villalonga, presidente de la extinta Vía Digital y consejero de Antena 3 TV.

Ya en el presente siglo, fue durante 14 años presidente la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales de España (FAPAE) y a través de la sociedad GDavid Consultores, de la que es administrador solidario, es accionista de El Confidencial. Esa sociedad controla el 10% de la editora de ese diario digital.

La vinculación de Pérez con San José viene de atrás. Desde 2007 hasta junio de 2009 (un mes antes de la salida a bolsa del grupo, tras absorber la inmobiliaria vallisoletana Parquesol) fue consejero de su matriz, Grupo Empresarial San José, y desde hace más de una década es vicepresidente de Constructora San José, principal filial del grupo gallego. Este sienta en el consejo de su matriz a, entre otros, el abogado del Estado José Manuel Otero Novas, exministro de Presidencia y Educación con Adolfo Suárez, y el exministro argentino Guillermo Nielsen.

El cese de Pérez en DCN se inscribió, según el Registro Mercantil, el 4 de noviembre, aunque fuentes del sector explican que el relevo es previo al anuncio, el 31 de octubre, de la entrada en el accionariado de DCN de Merlin Properties, la mayor sociedad cotizada de inversión inmobiliaria (socimi) de España.

Esta operación consiste en la venta de un 14,46% de las acciones de San José a la socimi a cambio de un pago en metálico de 168,89 millones de euros (lo que valora el 100% de DCN en más de 1.100 millones) y un préstamo de 129,1 millones del que el primer tramo, de 86,39 millones, tiene un vencimiento único a 20 años y un interés anual del 2%.

Cuando se cierre esa operación, la constructora que preside Jacinto Rey y a la que está vinculado Pérez mantendrá un 10% de DCN. Esta semana vence el plazo por el que BBVA podría ejercitar su derecho de tanteo ante la entrada de Merlin. Todo apunta a que el banco, que en septiembre reconoció "conversaciones preliminares" con la socimi para vender su paquete, no ejercerá su derecho de comprar esas acciones al precio pactado por Merlin y San José.

El proyecto ahora denominado Madrid Nuevo Norte ha estado marcado por la polémica por los continuos cambios en beneficio de las empresas que llevan intentando promoverlo desde hace 25 años. El macroplan, que prevé acometer en Madrid el mayor desarrollo urbanístico de Europa en una de las zonas más codiciadas de la capital, todavía afronta algunos obstáculos.

La Comunidad de Madrid tiene pendiente aprobar el proyecto urbanístico tras el visto bueno que le dio el Ayuntamiento de Madrid a finales de julio. En julio, representantes de Izquierda Unida y del grupo parlamentario de Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie en la Asamblea de Madrid presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra responsables de la operación por supuestos delitos de "prevaricación administrativa, cohecho y malversación de caudales públicos.