El exvicepresidente del Banco Popular José María Arias ha negado este martes en la Audiencia Nacional que hubiera algún tipo de maniobra para sustituir al presidente de la entidad Ángel Ron por Emilio Saracho a instancias de uno de sus principales accionistas, el magnate mexicano Antonio del Valle.

En su declaración como investigado, que ha durado unas cinco horas, Arias, que ostentó la vicepresidencia desde 2012 hasta 2017, ha rechazado la versión que dio el expresidente Ron ante el juez José Luis Calama, y ha asegurado que los inversores mexicanos no controlaban el banco ni urdieron el relevo en la cúpula, han informado fuentes jurídicas.

El banquero ha desmentido así lo declarado en sede judicial por Ron, que denunció la falta de transparencia que imperó en su salida del Popular y señaló entre los promotores de esta medida a la entonces presidenta de la comisión de Nombramientos, Reyes Calderón.

La exconsejera, que declara el día 19 de noviembre ante el titular del juzgado central de instrucción 4, habría actuado a instancias de Antonio del Valle, que llegó a ser el principal accionista del banco y pretendía hacerse con su control, siempre según Ron, que dijo haber recibido amenazas del mexicano.

Lo que sí ha admitido ahora Arias, que ha contestado al juez, al fiscal y a las defensas, es que era partidario de un cambio en la presidencia del banco, si bien ha aclarado que Saracho no fue el único nombre que se barajaba para la sustitución.

Además, ha reiterado que no veía con buenos ojos la ampliación de capital ejecutada en 2016 con la que se captaron 2.500 millones de euros, sino que hubiera preferido una operación corporativa con alguno de los dos grandes bancos españoles, Santander o BBVA, y no tanto con La Caixa.

Dicha opción, que en 2016, con Ron al frente del banco, no llegó a plantearse, es similar a lo ocurrido con el Banco Pastor, entidad de la que Arias era presidente desde 2001 y que en 2011 fue absorbida por el Popular.

La investigación se remonta a 2017, año en el que Europa, a través de la Junta Única de Resolución (JUR), resuelve el Popular dada su situación de "quiebra o próxima a la quiebra", y acuerda su posterior venta a precio de saldo al Banco Santander.

La decisión desencadenó una oleada de acciones legales por parte de los accionistas y tenedores de deuda subordinada, afectados por la reducción a cero de sus inversiones, que llevaron la operación ante los tribunales españoles y comunitarios, incluida la vía penal.

En octubre de 2017, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu admitía a trámite varias querellas contra los últimos presidentes de la entidad, Ron y Saracho, y sus respectivos consejos de administración, dando inicio a la apertura de dos piezas separadas.

El auto del magistrado distinguía una primera etapa, con Ron al frente, período en el que se investigaría la ampliación de capital de 2016 por valor de 2.505 millones de euros.

La segunda se limitaría a los 108 días de presidencia de su sucesor, periodo en el que, según las acusaciones, se habría producido una campaña de desprestigio para hacer caer el valor de la cotización de las acciones y obtener así importantes beneficios, lo que podría constituir un delito de manipulación del mercado.

En la sesión de este martes estaba previsto que declarara, también como investigado siempre en la primera pieza separada del caso sobre la ampliación de capital el exsecretario del Consejo de Administración, Francisco Aparicio.

Sin embargo, su testimonio ha quedado aplazado sine die al alargarse la comparecencia de Arias.

El juez Calama retomará esta ronda de citaciones -previstas hasta el próximo febrero- el martes 19, jornada en la que declarará, además de Reyes Calderón, el vocal de la comisión de Nombramientos Ramón Estévez.