La investigación de la Audiencia Nacional sobre la resolución del Banco Popular ha sacado a la luz detalles de la guerra interna que se desató pocos meses antes por la sucesión del presidente, en la que la consejera Reyes Calderón desempeñó un papel fundamental.

En junio de 2017, la Junta Única de Resolución (JUR) instó al FROB a proceder a la resolución del banco debido a sus graves problemas de liquidez; sus acciones fueron amortizadas a cero y posteriormente fue adquirido por el Santander al precio de un euro.

Menos de cuatro meses antes de la desaparición del Popular se produjo el relevo en la presidencia, y en febrero de 2017 Emilio Saracho, procedente de JP Morgan, sustituyó a Ángel Ron.

Pero el cambio en la cúpula del banco se gestó mucho antes, al menos desde octubre de 2016, según consta en un acta de la comisión de Nombramientos fechada el 14 de noviembre que hace referencia al relevo de Ron y en una carta enviada por la firma de cazatalentos Spencer Stuart a Reyes Calderón, documentos aportados a la causa a los que ha tenido acceso Efe.

La exdecana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Navarra, doctora en Economía, se incorporó en noviembre de 2014 al consejo asesor internacional del Banco Popular; también fue secretaria del consejo de administración del Instituto de Empresa y consejera de OHL.

El acta de la reunión de la comisión de Nombramientos celebrada el 14 de noviembre revela que "una parte significativa de miembros dominicales e independientes del consejo" se habían dirigido a ella para expresarle su preocupación por la marcha del banco.

Tras un periodo de reflexión y una serie de reuniones con al menos otros siete consejeros que comenzaron el 25 de octubre, Calderón, como presidenta de dicha comisión, "dio puntual cuenta de los hechos" al entonces presidente, Ángel Ron, que se "hizo cargo de la situación" y pidió que se hiciera de forma ordenada, relata el acta.

El documento detalla también que Reyes Calderón y Helena Revoredo, consejera del banco y presidenta de Prosegur, habían iniciado contactos con un cazatalentos y un despacho de abogados especializado en gobierno corporativo para el proceso sucesorio.

La tercera integrante de la comisión, Ana Mª Molins, expuso su malestar por no haber sido informada de las gestiones realizadas y preguntó sobre la contratación de la asesoría externa, ante lo cual Reyes Calderón repuso que no se había producido contratación alguna, sino meros "contactos previos".

Sin embargo, una carta remitida a Reyes Calderón el 8 de noviembre por la compañía Spencer Stuart revela que la firma de cazatalentos ya había llegado a un acuerdo preliminar con ella.

"Te confirmamos que hemos dado inicio a la misión -encontrar un sustituto para Ron- tras tu acuerdo verbal, y quedamos a la espera de recibir vuestra aprobación por escrito", señala la misiva.

Una semana después de la reunión de la comisión de Nombramientos, la Sindicatura de Accionistas del Banco Popular, primer accionista de la entidad, envió a Reyes Calderón un correo electrónico en el que criticaba la premura y la falta de transparencia del proceso sucesorio.

Ese mismo día la consejera respondió rechazando que hubiera opacidad y defendiendo que todo se hizo por los canales previstos con el asesoramiento del bufete Alemany, Escalona & Fuentes.

Reyes Calderón aludía además en su mensaje a la necesidad de actuar "lo antes posible, plenamente justificada por la situación mediática" y por la necesidad de salvaguardar los intereses del banco y de sus accionistas.

Según aseguró Ángel Ron en su declaración como investigado en la Audiencia Nacional, su cese se llevó a cabo de forma poco ortodoxa supuestamente a instancias de la familia del magnate mexicano Antonio del Valle, que llegó a ser el principal accionista de la entidad.

El 23 de noviembre de 2016, el consejo de administración respaldó la gestión de Ron tras ser puesta en cuestión por algunos accionistas de referencia, como el propio Del Valle.

Pocos días después, el 30 de ese mes, el banco tuvo que salir al paso de informaciones de prensa que apuntaban que consejeros de la entidad críticos con la gestión de Ron habían contratado a una empresa de cazatalentos para encontrar a otro presidente.

Pero no desmentían la operación sino que apuntaban que, en caso de existir alguna iniciativa en este sentido, no sería "un mandato del Consejo de Administración", sino algo completamente ajeno a sus acuerdos.

El desmentido estuvo vigente menos de 24 horas, y el 1 de diciembre el banco convocó una reunión extraordinaria del Consejo de Administración para proponer el nombramiento de Emilio Saracho en sustitución de Ángel Ron.