Ecuador y Francia suscribieron este viernes un convenio de financiamiento por valor de 80 millones de dólares para el programa gubernamental de vivienda solidaria "Casa para Todos", anunció el Ministerio de Economía y Finanzas un comunicado.
"Casa para Todos" contempla la construcción vivienda social a 6.500 familias ecuatorianas en situación de pobreza o vulnerabilidad.
Los recursos donados por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) optimizarán la capacidad de Ecuador de "entregar subsidios directos a beneficiarios en condiciones de pobreza extrema y moderada y subvenciones a tasas de interés de créditos hipotecarios", según el texto.
La representante en Ecuador de la entidad de cooperación francesa, Clotilde Boutrolle, aseguró que es la primera vez que su agencia participa en un programa con un enfoque enteramente "social" y destacó que el 70 por ciento del financiamiento se destinará a la construcción de casas para la población más pobre.
La inversión beneficiará, preferentemente, a personas con discapacidad, mujeres en situación de violencia y familias monoparentales.
Además, resaltó que las edificaciones que se proyecta construir serán eficientes en el manejo de energía.
La partida concedida a Ecuador por la AFD es parte de otro financiamiento paralelo entre dicha organización y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar el plan gubernamental "Casa para Todos", que fue suscrito el pasado 15 de julio en la ciudad porteña de Guayaquil.
La AFD también ha invertido 84 millones de dólares para un proyecto de alcantarillado en esa ciudad costera y considerada capital económica del país.
Según el BID, más de dos millones de hogares ecuatorianos sufren déficit habitacional, de los cuales 1,2 millones se localiza en áreas urbanas y 850.000 en zonas rurales.
El Gobierno ecuatoriano, con ese programa emblemático de vivienda social, se ha comprometido a construir unas 220.000 unidades hasta el año 2021.
El mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno, mantiene una apertura al financiamiento internacional debido al déficit presupuestario que atraviesa el país y a las necesidades de desarrollo, a pesar de que la nación es considerada por las entidades internacionales de renta media.
