El empresario mexicano Antonio del Valle, que fuera principal accionista del Banco Popular, ha reconocido este martes en la Audiencia Nacional que albergaba dudas sobre el equipo directivo de la entidad a raíz de un informe del BCE que en 2014 cuestionaba el gobierno corporativo del banco.

Del Valle, que ha comparecido en calidad de investigado en la causa sobre los dos últimos equipos directivos previos a la resolución del banco, que tuvo lugar en junio de 2017, ha achacado la desaparición de la entidad a la falta de apoyo por parte del Gobierno español y de las autoridades europeas, particularmente la Junta Única de Resolución (JUR), según fuentes jurídicas.

Sin nombrarla, del Valle se ha referido a Elke Kónig, presidenta del organismo, como "esa señora de Europa" que rechazó sostener una entidad "solvente, rentable y segura", como sí había ocurrido con otras entidades europeas, concretamente en Italia.

A König atribuye del Valle "la corrida" o salida masiva de depósitos del banco en mayo de 2017, por sus declaraciones a los medios de comunicación.

La intervención del mexicano, que llegó a ser el principal accionista individual de la entidad con un 4,2 % del capital, ha sido una de las más esperadas, ya que aunque en esta causa figura como investigado, está personado en la vía administrativa, tanto en España como en Europa, como perjudicado por la resolución.

De hecho, los ministerios de Justicia y Economía, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) han acordado defender los intereses nacionales ante las denuncias presentadas por Del Valle, que junto a otros accionistas reclaman 470 millones en un arbitraje internacional.

Anteriormente, el magnate ya había presentado un recurso legal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), contra la decisión del organismo que preside König, que conllevó la venta del Popular al Santander por el precio de un euro y la amortización o reducción a cero de las acciones y deuda subordinada de la entidad.

Del Valle, que ha contestado al juez, al fiscal y su propio abogado, se ha demorado en los detalles del relevo de Ángel Ron al frente del banco, y aunque ha reconocido que desde 2014 albergaba dudas sobre el equipo directivo a raíz de la publicación de informe del Banco Central Europeo (BCE) sobre gobierno corporativo, ha negado que tuviera nada que ver con la llegada de Saracho a la entidad.

Este extremo contradice lo declarado por el propio Ron en sede judicial, que atribuyó a la consejera Reyes Calderón urdir su cese y su sustitución por Emilio Saracho en connivencia con el empresario mexicano.

Del Valle ha relatado que sólo tuvo relación con Calderón dentro del consejo de administración, si bien ha reconocido que ella le visitó en México, según otras fuentes.

Aunque no ha entrado de lleno en la gestión de Ron sí ha valorado el perfil de Saracho como presidente, un hombre que "lo mismo valía para un fregado que para un barrido", con un currículum "excelente" que podía ser perfectamente el que dirigiera el banco, pero no le dio tiempo.

El empresario ha rechazado que tuviera nada que ver con presuntas filtraciones a la prensa para hacer caer el precio de las acciones, una de las dos piezas de la causa -la otra es la ampliación de capital de 2016-, y ha desvelado que se dirigió a Ron para pedirle que las frenara.

Sobre la ampliación de capital de 2016, ha admitido que en aquel momento no lo veía claro y tenía dudas sobre el precio y el destino, pero que finalmente el consejo de administración, que se celebró apenas cuatro días después de que tuviera conocimiento de la operación, la dio por buena ya que contaba con el aval de los dos supervisores, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Aunque estaba previsto que Antonio del Valle declarara este miércoles, el juez José Luis Calama ha adelantado un día su testimonio y ha dejado para mañana a la exconsejera del Popular y actual presidenta de Prosegur Helena Revoredo.

También ha intervenido este martes el exconsejero independiente Vicente Pérez, quien dimitió en abril de 2017, apenas un año después de acceder a su cargo, por motivos personales y profesionales.

En su declaración, Pérez se ha referido al relevo de Ángel Ron y ha relatado que la supuesta terna de aspirantes "era una farsa" y que Emilio Saracho, que finalmente se hizo con el puesto, "era el único candidato".

En aquel momento, invierno de 2016, se habló de otros nombres para el cargo, entre ellos el expresidente de Endesa Manuel Pizarro, pero Pérez ha explicado que ya entonces "nos dijeron que la opción de Pizarro no era real".