El Ministerio de Trabajo ha enviado un primer informe a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre el efecto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional en el mercado de trabajo. El incremento fue del 22%, el mayor de la democracia, hasta los 900 euros mensuales. El análisis de Trabajo apunta que de manera general no se detecta "que el aumento se haya traducido en que se ha destruido empleo", pero sí se reconoce que existen "problemas" en sectores específicos, donde ha aumentado la economía sumergida: el empleo doméstico y el sector agrícola.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha explicado que entre las cifras facilitadas a la AIReF destacan el aumento de las personas que perciben cantidades aproximadas al SMI en el último año en unos 87.250 trabajadores más, hasta un total de 1.693.899 personas.

"No somos capaces de detectar que el aumento se haya traducido en que se ha destruido empleo", ha explicado el responsable de la Seguridad Social, que ha precisado que más adelante habrá un estudio más exhaustivo sobre el conjunto del ejercicio. "En principio, la economía española ha absorbido muy bien la elevación del SMI", ha resumido Granado.

El secretario de Estado ha calificado de "éxito" para la economía y la sociedad española este último incremento del salario mínimo. "Ha sido una operación desde el punto de vista de economía política que será estudiada en los próximos años porque ha sido muy positiva y muy beneficiosa para este país", ha destacado.

Tras la lectura positiva en clave general, Granado ha reconocido "problemas" en sectores específicos. Entre ellos, el secretario de Estado ha mencionado que hay unos 13.000 personas menos afiliadas a la Seguridad Social como trabajadoras del hogar, pero el Gobierno no cree que se trata de empleo destruido en el sector. Octavio Granado ha explicado que ese empleo sigue existiendo, pero en la economía sumergida.

El movimiento en el mercado de trabajo, según el análisis que ha explicado Granado, es que esas personas que han dejado de cotizar "se han incorporado a otras ocupaciones" y "han sido sustituidas por personas en situación irregular, en economía sumergida. Esto lo sabe todo el mundo", ha zanjado.

El pasado mes de noviembre había 397.385 personas afiliadas en el Régimen Especial de Empleadas del Hogar de la Seguridad Social, un 3,4% menos que las registradas hace un año.

"No podemos controlar esta magnitud", ha mencionado Granado, dadas las dificultades de inspección en las casas particulares por la inviolabilidad del hogar reconocida en la Constitución. "Tenemos que convivir con esa realidad, buscar una forma de evitarla, pero con alguna dificultad", ha añadido el responsable de la Seguridad Social.

Además, Granado ha reconocido que otro de los focos en los que se perciben algunos "problemas" es el sector agrario: "No se detecta menos personas trabajando, pero alguna disminución en el número de horas declaradas". Por ello, el Gobierno va a insistir en el Observatorio de Lucha contra el Fraude, que se reúne mañana, que intensifique sus acciones en este sector, donde encuentran "cierta tentación de oscurecer el impacto de SMI reduciendo el número de horas declaradas".

Desde el colectivo de trabajadores del hogar y de cuidados Territorio Doméstico, Rafael Pimentel advierte de que muchas familias "no han podido asumir el aumento del salario mínimo, ya lo dijimos en un inicio, que había que apoyar la contratación de las familias porque hay hogares que se mantienen con pensiones muy bajas, que necesitan cuidados y no pueden pagar ese aumento".

Pimentel destaca que hay empleadas domésticas a las que "sus familias bajaron las horas, porque no podían pagar, o que bajaron las horas declaradas y cotizadas, pero que siguen trabajando lo mismo más horas". También hay otros hogares que "pagan en negro porque no quieren cotizar y ahí tenemos a muchas compañeras sin papeles".

En la asociación Senda de Cuidados, de intermediación laboral entre las trabajadoras y los hogares, lo que más han percibido es "un descenso de las horas cotizadas, más que despidos", explica Natalia Slepoy. La portavoz de la organización recuerda que las cifras de la EPA evidencian que "persiste la economía sumergida", pero se ha reducido. En el tercer trimestre de este año, 570.600 personas aseguraron dedicarse al trabajo domésticos en la EPA, mientras que en septiembre el dato de afiliación estaba en las 395.704 trabajadoras. Unas 174.900 personas de diferencia. Un año atrás, el desfase era de algo más de 215.600 personas. 

Pimentel demanda al Gobierno que no se resigne ante estos datos y se implementen medidas complementarias de apoyo a la contratación de las empleadas domésticas para los empleadores con menos recursos, con el objetivo de no precarizar aún más a las empleadas domésticas. Son las únicas trabajadoras en España que no tienen derecho a paro y que cuentan con una fórmula de despido ("desistimiento") que permite en la práctica el despido libre.

"Hay que recordar que tampoco hay suficientes ayudas públicas a la dependencia, ni los recursos públicos para el cuidado. Al final, también hay mujeres que salen del mercado de trabajo para cuidar a sus familiares si no pueden pagar a otra persona que lo haga. Hay que pensar en medidas complementarias que lo eviten", reclama Pimentel.