La revisión de las causas del despido objetivo y la prohibición de cortar los suministros básicos de agua, luz y gas en situaciones de pobreza son de las pocas novedades económicas del plan del PSOE para un Gobierno progresista, que recupera las medidas ya incluidas en el programa electoral de abril.
La "Propuesta abierta para un programa común progresista" presentada este martes por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tras reunirse con diferentes colectivos sociales, enuncia la reforma de la regulación del despido "para revisar las causas del despido objetivo", sin más detalle.
Las dos últimas reformas laborales -la del PSOE en 2010 y la del PP en 2012- facilitaron durante la crisis el despido objetivo por causas económicas, uno de los supuestos que permite extinguir el contrato con una indemnización de 20 días por año trabajado.
El texto incluye también prohibir los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas en primeras residencias en casos de pobreza sobrevenida y vulnerabilidad, una medida del programa electoral de Unidas Podemos que el PSOE no incluía en el suyo, aunque cuando los socialistas estaban en la oposición plantearon iniciativas parlamentarias en este sentido.
Crear un parque público de viviendas en alquiler, revertir de los aspectos más lesivos de la reforma laboral o blindar el sistema de pensiones en la Constitución son otras de las medidas económicas rescatadas del programa electoral del PSOE para negociar la investidura.
En el ámbito de la vivienda, propone un "gran parque de alquiler público asequible" y en el refuerzo de las medidas adoptadas para frenar subidas "abusivas" del alquiler con nuevas opciones normativas, fiscales o estadísticas, como el índice de rentas de referencia.
A esto se añade un plan de actuación con Sareb para impulsar las viviendas de alquiler social, la regulación y control del uso de la vivienda turística, una nueva Ley estatal de Vivienda, un Plan Estatal de Rehabilitación, un Plan Nacional de Fomento de la emancipación juvenil o el fomento del alquiler social para aquellos que han perdido su vivienda habitual.
También contempla un nuevo Plan Estatal de Vivienda que permita a las comunidades autónomas ejercer derechos de tanteo y retracto en las transmisiones de viviendas adquiridas.
El texto insiste en modificar los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, lo que incluiría ampliar el ámbito temporal del convenio colectivo hasta la negociación de uno nuevo -sin mencionar expresamente la ultraactividad-, revisar el procedimiento para modificar las condiciones de trabajo o reforzar la constancia del horario de trabajo en las jornadas a tiempo parcial.
Además, la propuesta pasa por aumentar el salario mínimo hasta situarlo en el 60 % del salario medio al final de la legislatura, combatir la contratación de falsos autónomos y garantizar el derecho a la desconexión y adecuada gestión del tiempo de trabajo.
Respecto a las pensiones, aboga por blindar en la Constitución el sistema público y por eliminar el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de la reforma de 2013, al tiempo que se compromete a que las subidas de pensiones estén de acuerdo al IPC real.
Otras iniciativas laborales son la cotización de los autónomos conforme a los ingresos reales, la plena incorporación de las empleadas del hogar al régimen general antes de 2021, la reordenación de los subsidios por desempleo o la revisión de las bonificaciones a la contratación.
En materia energética, reitera la creación de un bono social general que incluya el gasista y la reforma del sistema eléctrico para lograr precios más asequibles.
Insiste en el estatuto del consumidor electrointensivo y en prohibir a partir de 2040 la venta de vehículos con emisiones directas de dióxido de carbono, con ayudas para el vehículo eléctrico.
En el ámbito digital promete una estrategia nacional para la inteligencia artificial y crear una entidad pública de financiación que integre en un mismo grupo los programas y entidades públicas de crédito existentes (ICO, CDTI o Enisa).
En su apartado fiscal, la propuesta socialista recoge las iniciativas ya planteadas en el fallido proyecto presupuestario de 2019 y el programa electoral, entre las que figuran nuevos impuestos para las transacciones financieras o determinados servicios digitales.
Retoma la idea de asegurar que las grandes empresas tributen un mínimo efectivo del impuesto de sociedades del 15 % -el 18 % en el caso de banca y petroleras- y rebajar el tipo nominal del 25 al 23 % para pymes, junto con la limitación de la exención de los dividendos de las filiales en el extranjero.
