Pocas horas después de que el presidente en funciones Pedro Sánchez presentase el documento de 370 medidas con el que pretende atraer su apoyo a la investidura, el PSOE ha modificado el punto 256 en el que señalaba: "Prohibiremos a partir de 2040 la venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono, excluidos los matriculados como vehículos históricos, siempre que se destinen a usos no comerciales".
Los socialistas han optado por una versión más ligera en una nueva redacción en la que apunta a que "en desarrollo de la estrategia de descarbonización a 2050, adoptaremos las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0gCO2/km".
En el nuevo punto se deja entrever la llamada de atención de la poderosa industria española del automóvil, con la inclusión de un párrafo en el que se explicita que "A tal efecto, se trabajará con el sector y se pondrán en marcha medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, que incluirán medidas de apoyo a la I+D+i".
Antes del cambio del enunciado de la propuesta, varias asociaciones del sector llamaron la atención al Gobierno en funciones ante las consecuencias de la medida. "Es una irresponsabilidad", ha asegurado a Europa Press el presidente de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto), Gerardo Pérez.
El Gobierno socialista ha tenido varios encontronazos con las patronales automovilísticas, especialmente con Anfac (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones), por las medias que ha pretendido desarrollar alrededor de sus políticas contra el cambio climático. De hecho, la mayor polémica surgió tras las declaraciones de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que llegó a decir que "el diésel tiene los días contados".
La patronal de los fabricantes de automóviles salió rápidamente a alertar de las "graves consecuencias" que podría tener para el empleo y la industria una medida que afectara a los vehículos de este combustible, alegando que 40.000 empleos y 17 fábricas de automóviles en España están directamente vinculadas a la producción y venta de vehículos diésel en España.
Aunque las palabras de la ministra fueron matizadas por el Ejecutivo, la desconfianza se consolidó entre el sector y el Gobierno del PSOE. Un desencuentro que se acrecentó con la propuesta del ministerio de Hacienda de equiparar los impuestos de la gasolina y el diésel, aunque se quedó en el cajón junto a los Presupuestos no aprobado de 2019.
Los fabricantes han tratado de encauzar las relaciones con el ministerio. Este verano, el vicepresidente ejecutivo de Anfac, Mario Armero, admitió que las palabras de Teresa Ribera: "el diésel tiene os días contados" no son la razón de la caída de ventas de coches en España. "No hay una relación causa-efecto en las palabras de la ministra y las ventas de coches. Hay más político y cargos públicos en Europa hablando del diésel, hay que recordar que la Ley de Baleares es anterior a la moción de censura que permitió el nuevo Gobierno. No se le puede achacar todo a Teresa Rivera. Se tata de mirar hacia adelante", explicó Armero.
