2022 fue el año del mazazo de la inflación, de la crisis por la guerra en Ucrania, de la escalada brutal de los precios de los alimentos y de la energía. Un año en el que muchas personas se empezaron a nombrar como "pobres" en un momento en el que el bolsillo no paraba de encoger. Ese año, la gran mayoría de las comunidades autónomos siguieron reduciendo su gasto en rentas mínimas de inserción para la población en riesgo de pobreza, práctica que se repite desde el lanzamiento por el Estado del IMV en 2020.

La eurodiputada del PNV Izaskun Bilbao ha salido este viernes en defensa del expresidente del partido y actual consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, después de que el jueves la vicepresidenta y ministra Teresa Ribera acusara al ejecutivo vasco de defender un discurso de "negacionismo y retardismo" respecto a cómo se está abordando desde Europa la transición energética para luchar contra el cambio climático.

El jueves, en declaraciones a La Sexta, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica aseguró que tiene "un gran respeto" por Imaz, pero le parece "crecientemente decepcionante" y "populista" su mensaje pidiendo repensar la transición energética.

La compraventa de viviendas registró el pasado mes de noviembre un descenso del 15,1% con respecto al mismo mes de 2022, hasta un total de 46.888 operaciones, su cifra más baja en este mes desde 2020, en un contexto de tipos de interés más elevados, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este retroceso interanual, que amplía en cuatro puntos el registrado en octubre (-11,1%), la compraventa de viviendas encadena diez meses de tasas interanuales negativas.

El descenso interanual de la compraventa de vivienda en noviembre se ha debido tanto a la caída de las operaciones sobre pisos de segunda mano, como al retroceso en la venta de viviendas nuevas.

Eléctricas, fabricantes de coches, consumidores o estaciones de servicio reclaman que el Gobierno publique ya un mapa de electrolineras con información "fiable" como una de las medidas para impulsar la electrificación de la movilidad, en la que España está a la cola de Europa.

La Ley de Cambio Climático de 2021 establecía que "el Gobierno pondrá a disposición del público la información de los puntos de recarga eléctrica para vehículos de acceso público, dentro del año posterior a la entrada en vigor de esta ley, a través del Punto de Acceso Nacional de información de tráfico en tiempo real gestionado por el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico".

El último revés judicial a la gestión económica de los gobiernos del Partido Popular (PP) que presidió Mariano Rajoy durante la crisis financiera agrava el agujero millonario que dejaron de herencia a los siguientes ejecutivos y a las arcas públicas. Este jueves, el Tribunal Constitucional decidió tumbar una de las medidas que tomó Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda en 2016 para cumplir con los objetivos de déficit (el desequilibrio entre los ingresos y los gastos del Estado): limitar las deducciones de las grandes empresas.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha calificado de «populismo» las declaraciones de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, respecto a abrir un debate sobre salarios de miembros de las empresas.

"Que una ministra de España esté hablando de un intervencionismo tal, de república bananera, pone en peligro las inversiones", ha aseverado el presidente de la patronal en una rueda de prensa en Valencia tras reunirse con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

En el encuentro también han participado la vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, y el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y vicepresidente de la CEOE, Salvador Navarro.

Primera multa conocida de la Inspección de Trabajo a Glovo por su nuevo modelo de repartidores posterior a la Ley Rider. El organismo vigilante de la legalidad laboral considera que este también incurre en un fraude en la contratación, como el anterior sancionado hasta por el Supremo, y que por tanto los repartidores siguen siendo falsos autónomos con este nuevo modelo, según ha confirmado elDiario.es y ha adelantado El Periódico de Cataluña.

Se trata de una sanción sobre 49 repartidores de Glovo en Asturias, que la Inspección de Trabajo considera que siguen incurriendo en una relación de laboralidad con la multinacional.

El Tribunal Constitucional ha decidido tumbar una de las medidas que tomó Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda en 2016 para cumplir con los objetivos de déficit: limitar las deducciones de las grandes empresas. Una medida con un impacto de varios miles de millones de euros en las cuentas públicas que, según declaran por unanimidad conservadores y progresistas del tribunal, se impuso de manera irregular.

El alcande de la decisión, en cualquier caso, es limitado y el Estado no estará obligado a devolver todos los miles de millones de euros que ha recaudado por esta reforma.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha instado a las comunidades autónomas a que se sumen, con sus propios fondos, a la financiación del alquiler joven, que esta misma semana ya se había comprometido a ampliar vía presupuestos del Estado.

Rodríguez ha hecho este llamamiento antes de comenzar la primera Conferencia Sectorial  de Vivienda, Urbanismo y Suelo con las Comunidades Autónomas desde que asumió el Ministerio. Hasta el momento, el bono de alquiler estaba presupuestado en 200 millones de euros anuales.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado este jueves que la normativa española, que permite el despido de un empleado con discapacidad permanente de su empresa, es contraria a la directiva europea relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación suscrita en el año 2000.

Esta declaración del TJUE llega tras una consulta realizada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Islas Baleares para conocer la compatibilidad del Derecho español con la obligación que tiene el empresario de realizar "ajustes razonables" (colocar el empleado en otro puesto de trabajo antes de despedirle) prevista en la directiva europea.