Opositores venezolanos y representantes de varias organizaciones no gubernamentales pidieron este lunes a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, más acciones ante los casos de violación a los derechos fundamentales de los que responsabilizan al Gobierno de Nicolás Maduro.
La actualización del informe de Bachelet, presentada este lunes en Ginebra, es una demostración de que la Administración de Maduro "ha hecho de la violación de los derechos humanos una política de Estado", señaló el diputado y presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Francisco Sucre.
El diputado opositor Ángel Medina dijo que en el nuevo informe de Bachelet "se evidenció la creación de un sistema para violar los derechos humanos de todos los venezolanos en todos los sentidos".
A su juicio, el reporte "le está actualizando al mundo lo que nosotros los venezolanos sabemos y vivimos en carne propia" y "deja claro que Venezuela es una distorsión para la región. La crisis venezolana no es una crisis exclusiva de los venezolanos sino que afecta a la región".
Medina destacó que se mantiene "la persecución política" contra los opositores, lo cual se evidencia en los cuatro casos de parlamentarios que se suman "a la larga lista de 24 diputados que son perseguidos y se encuentran en el exilio".
Por su parte, la diputada Adriana Pichardo consideró que la actualización del informe de Bachelet "nuevamente deja demostrada la violación reiterada y flagrante de los derechos humanos de los venezolanos por parte de un Estado delincuente e indolente"
Pichardo exigió que la delegación de la ONU visite a los cerca de 500 "presos políticos civiles y militares" para conocer las situación de cada uno.
Según Pichardo, a la presentación del informe de la expresidenta chilena "le faltó contundencia de cara a la terrible emergencia humanitaria que viven los venezolanos".
Además resaltó que, pese a la sugerencia de Bachelet en su reporte inicial de julio pasado, "no hay avances en la investigación objetiva y exhaustiva" con respecto a "las masacres perpetradas por las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES)", cuerpo policial que la alta comisionada recomendó disolver.
Asimismo, la diputada opositora Manuela Bolívar aseguró que "no es suficiente la denuncia, debemos investigar lo expuesto en este informe" y agregó que "debe ser la constitución de una investigación formal de estos casos".
El coordinador general de la ONG Provea, Rafael Uzcátegui, exigió a Bachelet "activar mecanismos adicionales", uno de los cuales, desde su punto de vista, "es la conformación de una comisión de investigación" que verifique casos concretos y cuyas conclusiones sean presentadas ante organizaciones como la Corte Penal Internacional.
