La Fiscalía Financiera de Francia ha anunciado en un comunicado que el pasado mes de octubre inició dos nuevas investigaciones sobre "las condiciones de intervención de empresas de consultoría en las campañas electorales de 2017 y 2022" y sobre "posibles cargos de favoritismo y recepción de favores".

El comunicado, que no menciona qué campañas electorales ni quién se podría haber beneficiado de ese delito de favoritismo, aumenta la presión sobre Emmanuel Macron, ya que es una respuesta directa a la información publicada este jueves por el diario Le Parisien, que sostiene que la Justicia está investigando la financiación de las campañas electorales del presidente francés de 2017 y 2022 en relación con contratos con la consultora McKinsey.

"A raíz de varias informaciones publicadas por la prensa, la Fiscalía desea clarificar la situación de diferentes procesos penales", sostiene el comunicado. A la investigación ya conocida sobre "blanqueo agravado de fraude fiscal" contra el grupo McKinsey, la Fiscalía pasa a mencionar la investigación surgida a raíz de "las acusaciones de no conformidad de las cuentas de campaña y de infravaloración de elementos contables en una cuenta de campaña" y la "investigación por cargos de favoritismo y recepción de favores".

La Presidencia francesa no ha querido hacer declaraciones sobre la información de Le Parisien ni sobre el comunicado de la Fiscalía, informa la agencia Reuters. La Fiscalía ha señalado que la ampliación de la investigación se produjo como respuesta a una serie de quejas de diferentes asociaciones y políticos.

Le Monde reveló que McKinsey había trabajado para la campaña electoral de 2017 del actual presidente francés. Además, algunos de sus empleados pasaron después a ocupar puestos de responsabilidad en el partido de Macron, La República en Marcha (LREM), o en gabinetes ministeriales de su Ejecutivo.

La investigación sobre McKinsey se activó a partir de un informe de una comisión de investigación del Senado presentada a mediados de marzo sobre la influencia creciente de las consultoras en el trabajo de las administraciones públicas durante el mandato de Macron.

La comisión parlamentaria, creada por iniciativa de un grupo de senadores de oposición de izquierdas, ponía el acento en sus conclusiones en que desde 2018 el Gobierno había duplicado el recurso a consultoras privadas para múltiples trabajos de la Administración del Estado, hasta representar 894 millones de euros en 2021.

Se quejaba también de que ese aumento de contratos atribuidos a las consultoras se había hecho sin transparencia y además hacía hincapié en que McKinsey, que era una de las principales beneficiarias, no había pagado el impuesto de sociedades entre 2011 y 2020.

Macron respondió a finales de marzo a los reproches que le hacía la oposición durante la campaña para las elecciones presidenciales de abril de este año -en las que fue reelegido- señalando que lo que tenían que hacer los que sospecharan de que hubo de manipulación, si tenían pruebas, era llevar el caso a los tribunales.