Todas las instituciones europeas coinciden en que tienen que reforzar sus sistemas de detección y vigilancia para evitar casos de corrupción como el Qatargate, una trata de sobornos a eurodiputados y asistentes desde el emirato y que tiene su origen en Marruecos, según la investigación de la Fiscalía belga. Ahora lo dice también la Defensora del Pueblo de la UE, que da la bienvenida a las propuestas esbozadas por la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, pero a la que pide mayor ambición en la respuesta.

"Aplaudo tu determinación para restaurado la credibilidad del Parlamento Europeo a raíz del escándalo de corrupción que afecta a eurodiputados [la exvicepresidenta Eva Kaili está en prisión desde el mes de diciembre y la justicia belga ha reclamado el levantamiento de la inmunidad de los socialistas Marc Tarabella y Andrea Cozzolino] y de países no comunitarios que buscan influenciar negativamente en el trabajo de la Cámara. Un escándalo como este es un regalo para aquellos que quieren dañar o menospreciar a toda la UE", señala O'Reilly en el comienzo de su carta en la que hace algunas observaciones a las medidas que plantea Metsola a la que pide un calendario con los próximos pasos y detalles de cómo el Parlamento va a hacer el seguimiento de esas propuestas para hacer el proceso de reforma "lo más transparente posible".

La Defensora del Pueblo reclama, además, que se refuerce al comité asesor que supervisa el código de conducta dándole facultades para "monitorizar, investigar y asegurar el cumplimiento de las normas éticas" dotándole de los "recursos suficientes". Además, ve bien la promesa de exigir unas declaraciones de intereses de los eurodiputados más detalladas, pero le pide un sistema que permita comprobar su veracidad.

Entre las medidas que la Defensora del Pueblo celebra, están la de impedir durante un periodo de tiempo las 'puertas giratorias', es decir, que los eurodiputados puedan irse directamente a trabajar a un lobby inmediatamente después de acabar su mandato. También la de obligar a los eurodiputados y sus equipos a hacer públicas sus reuniones con grupos de interés o terceros países que tengan que ver con resoluciones en las que están trabajando, pero le pide que la haga extensiva a toda la actividad de los miembros de la Cámara, independientemente de que los encuentros tengan que ver o no con la actividad parlamentaria.

Tras el estallido del Qatargate, la Eurocámara aprobó por una amplísima mayoría reforzar los controles para evitar las injerencias de terceros países como había ocurrido con Qatar. Entre las medidas que se adoptaron, estuvo la prohibición de la entrada en el Parlamento de autoridades de ese país mientras dure la investigación. Sin embargo, Marruecos quedó fuera. En una resolución aprobada recientemente sobre la vulneración de derechos humanos en el reino alauita y ante el avance de las pesquisas judiciales que apuntan a su participación en la trama de sobornos, los eurodiputados reclamaron a la Cámara que impida igualmente el acceso a los representantes marroquíes, que habían ejercido tremendas presiones sobre los eurodiputados para tratar de evitar la aprobación de ese texto en contra del que votaron los parlamentarios del PSOE, rompiendo la disciplina de voto de los socialdemócratas.

Metsola, por su parte, presentó en enero un paquete de 14 medidas para intentar evitar nuevos casos de corrupción, entre los que se encuentran la prohibición de los grupos de amigos de terceros países o la retirada de los pases anuales a los eurodiputados al acabar sus mandatos, además de las mencionadas anteriormente. Algunas de las propuestas requieren simplemente su imposición por la vía administrativa, pero otras requieren cambiar las normas de la Eurocámara, lo que prolonga su puesta en marcha. Metsola pidió a los grupos que le enviaran sus iniciativas y en próximas fechas pretende impulsar el paquete completo.

"Quedo a la espera de las propuestas detalladas que dan efecto al enfoque general que has esbozado para ver cómo se implementará la reforma en la práctica", se despide la Defensora del Pueblo, que desea que ese nuevo marco permita "recuperar la confianza del público en el proceso democrático europeo".