El Gobierno francés prepara una ‘cesta de la compra antiinflación’ similar a la que se debate en España

Para aliviar el impacto de la subida de los precios en las compras diarias el Gobierno francés ha anunciado su intención de coordinar con las cadenas de supermercados la creación de una ‘cesta de la compra antiinflación’, que verá la luz “a partir de marzo [y] durante tres meses”, según explicó este lunes la ministra delegada de Comercio, Olivia Grégoire, en una entrevista en la radio Europe 1. La medida consistirá en una selección semanal de 50 de productos “a precios atractivos”, entre los que se incluirán productos de alimentación “frescos y ecológicos”, lácteos, así como artículos de higiene.

En la misma entrevista Grégoire aseguró que el objetivo es “garantizar a los franceses precios atractivos en la cesta de la compra cotidiana; me interesa que haya también productos de calidad, y que no sea solo una cesta a precios bajos, sino una cesta para el día a día". La medida llega en un contexto de fuerte inflación, especialmente en el sector alimentario, que en Francia subieron un 12,1% en 2022, según datos del Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos francés. La compra de estos productos es una de las principales variables de ajuste en el gasto de los hogares: el año pasado el consumo se redujo en un 4,6% en los productos alimentarios, mientras que el de bienes y servicios no sólo no descendió sino que aumentó un 2,7%. 

La iniciativa recuerda el debate abierto en España, donde la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y Unidas Podemos han presentado al PSOE un documento con diferentes medidas para frenar la subida del precio de los alimentos, en máximos de las cuatro últimas décadas: medidas enfocadas en “facilitar una cesta de la compra” con “productos de calidad para las familias españolas”.

Algunas de estas propuestas “tienen que ver con que algunas empresas que faciliten cestas de la compra a las familias, si lo hacen, se actúe de una manera con ellos. Pero otras que no, no puedan repartir, por dar alguna idea, dividendos, como hicimos en otros momentos de la crisis”, ha explicado Yolanda Díaz.

Por su parte, en la iniciativa que propone ahora el Ejecutivo francés cada cadena de supermercados elegirá las referencias que quiere incluir en la promoción, aunque la selección debe ser equivalente al del resto de participantes. “Según la información que tenemos en este momento, el contenido de la cesta (y, por supuesto, los precios) se dejarían a la elección de los distribuidores: ¿cómo pueden los consumidores comparar realmente el valor de esa cesta entre diferentes cadenas?”, analiza Marine Raffray, miembro del departamento de Estudios Económicos y Previsión de las Cámaras de Agricultura. “Tampoco hay ninguna obligación sobre su origen, ni sobre el hecho de privilegiar los productos no transformados”, añade.

Otro punto fundamental es el momento de entrada en vigor de la medida. Olivia Grégoire espera lograr un acuerdo para primavera, en previsión de un nuevo aumento de la inflación. “El lanzamiento tendría lugar a principios de marzo, tras el fin de la ronda anual de negociaciones comerciales, que podría suponer un aumento medio de los precios hasta un 15%, aunque aún hay mucha incertidumbre sobre este punto”.

La idea se inspira en otros países europeos que han tomado medidas para bajar los precios. En Grecia, las autoridades introdujeron en noviembre una medida similar, con unos 50 productos básicos al precio más bajo posible. En Francia, no es la primera vez que se prueba una iniciativa de este tipo: en 2011 el Gobierno de Sarkozy acordó con las principales cadenas de supermercados “precios atractivos” para solo diez productos básicos. Además, los comercios no identificaron claramente la selección y el Ejecutivo no hizo seguimiento después del anuncio, por lo que la medida tuvo escaso impacto y se abandonó rápidamente.

Desde mayo del año pasado, los minoristas llevan a cabo distintas operaciones comerciales (“escudo antiinflación”, “precios bloqueados", etc.) para retener a los clientes y detener el descenso del consumo. La idea del Gobierno es coordinar mejor estas iniciativas para que sean más efectivas. Según ha explicado Olivia Grégoire, privilegian un compromiso sectorial a nuevas medidas legislativas y cita como ejemplo el “pacto de solidaridad comercial” que los distribuidores franceses firmaron en diciembre, por el que se comprometieron a no incluir el aumento de los costes energéticos en las negociaciones con las PYMES. Asimismo, el Ejecutivo ha descartado otras posibilidades, como la distribución de cheques alimentarios.

Las negociaciones se han complicado por la tramitación de una proposición de ley impulsada por un diputado de Renacimiento (el partido de Emmanuel Macron) “destinado a garantizar el suministro de productos de gran consumo”, al que se oponen en bloque las cadenas de supermercados. Estos acusan la proposición de favorecer a los grandes actores de la gran industria agroalimentaria (como Unilever o Mondel?z). La presentación del texto causó malestar incluso entre los miembros del Gobierno, como el ministro de Economía, que se mostró en contra de la medida presentada por el diputado de su mismo grupo.

“Los minoristas tendrán la opción de aplicar o no esta cesta antiinflación, sin embargo actualmente se debate un proyecto de ley que modificaría las disposiciones de las negociaciones comerciales, que daría a los proveedores un mayor margen de maniobra frente a los minoristas”, explica Marine Raffray, “Varios actores de la distribución están afirmando ahora que podrían no sumarse a la cesta propuesta por el Gobierno”.

El malestar de las grandes cadenas de supermercados llevó al boicot, este mismo mes, de una de las reuniones de seguimiento de negociaciones comerciales organizada por el Gobierno. “El texto que finalmente se ha votado en la Asamblea no es tan inflacionista como la primera versión, los diputados lo han corregido y han hecho varias propuestas”, ha defendido Olivia Grégoire esta semana en Europe 1. “Sabemos que los supermercados están bastante molestos por este proyecto de ley, pero, como miembro del Gobierno, me comprometo a seguir trabajando con ellos y soy optimista para que en los próximos días podamos encontrar una solución”.