Ningún informe había sido tan contundente sobre el deterioro sociopolítico de Nicaragua como el que recientemente publicó la semana pasada el grupo de expertos en derechos humanos al que la ONU encargó la tarea de investigar las presuntas violaciones y abusos cometidos en el país.

En él concluyen que el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo han cometido graves abusos que constituyen crímenes de lesa humanidad contra civiles motivados por razones políticas que han causado la "destrucción del espacio cívico y democrático” del país centroamericano.

Nicaragua vive una profunda crisis desde 2018, cuando se produjo una gran ola de protestas contra el Gobierno que terminó con la muerte de más de 350 personas en medio de una dura represión, y se acentuó tras las controvertidas elecciones de 2021 en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato. Desde entonces, el Ejecutivo ha cancelado la actividad de partidos opositores y cientos de organizaciones no gubernamentales. En febrero, decidió liberar a más de 200 presos opositores y expulsarlos a Estados Unidos, además de despojar de su ciudadanía a más de 90 exiliados, entre los que se encuentran periodistas, activistas y escritores.

Ángela Buitrago, exfiscal colombiana, docente universitaria e integrante del grupo de expertos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés) establecido por el Consejo de Derechos Humanos, cuenta a elDiario.es que aunque la situación en el país centroamericano es muy compleja, “ya ha habido otros casos en los que la comunidad internacional ha podido fracturar sistemas que quieren perpetuarse” e insta a los países a reflexionar y tomar medidas para evitar este tipo de abusos y crímenes. 

Su informe concluye que el Gobierno de Nicaragua, así como altos mandos de la Policía y otras entidades estatales, han cometido violaciones graves de los derechos humanos de la población y crímenes de lesa humanidad. Son acusaciones muy duras. ¿Imaginaban encontrar una situación tan deteriorada en el país?

La investigación nos permitió confirmar que había una serie de actos sistemáticos que generaban graves violaciones [de los derechos humanos] y crímenes, entre los que se encuentran ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura, detenciones ilícitas, así como cierre de espacios cívicos y públicos. Llegamos a la conclusión de que se trataba de un ataque preparado, generalizado y sistemático y que todo esto tenía una finalidad [para el Gobierno de Ortega]: mantenerse en el poder y evitar a sus opositores. La investigación, además, nos permite decir que esto surge incluso antes de las protestas masivas de 2018.

El grupo no ha podido acceder al país y el Gobierno nicaragüense tampoco ha facilitado información. ¿Cómo han investigado?

Hicimos un intento con 11 solicitudes, dirigidas tanto a presidencia como a instituciones de justicia y de otro orden administrativo, pero nunca fueron respondidas. Llegaron a enviar una comunicación rechazando y desconociendo el mandato del grupo y de la ONU, lo que llevó al cierre de espacios, a la salida de oficinas del comisionado dentro de Nicaragua y a la toma de decisión por parte del Gobierno de cerrar personalidades jurídicas que tenían que ver con investigaciones en este aspecto. También llevó a la expulsión y cancelación de las credenciales de embajadores en suelo nicaragüense.

Para investigar contamos con tres vías de información. La primera son las informaciones que surgen en un primer momento como parte de un ataque de 2018 de manera coordinada y que causó las primeras muertes en Nicaragua. Una segunda vía tiene que ver con las personas que salieron del país como parte de esa persecución, y en particular las que tuvieron que salir para evitar ser detenidas o salvar sus vidas. Contamos con información audiovisual, vídeos y documentos que permitían evaluar la situación en ese momento. La tercera vía está relacionada con la información que obtuvimos de personas que estaban dentro del Gobierno y que tuvieron que salir y otras que ya estaban fuera.

El elemento material probatorio no solo fue contrastado por la investigación propia del GHREN, sino también por investigaciones que han llevado a cabo otros organismos de manera inicial y que permitieron seguir ampliando información para poder emitir las conclusiones y recomendaciones a las que llegamos como grupo.

¿Cuáles han sido los abusos o crímenes que más les han preocupado?

Se trata de los crímenes más graves que se puedan contemplar en una jurisdicción o en el derecho internacional. La persecución, por ejemplo, es un delito que se encuadra dentro de esta naturaleza y que es un tema que abordamos frente a la estructuración de este comportamiento que lleva a la muerte física, a la detención, torturas, deportación forzada, pérdida de nacionalidad y apatridia.

Hay un cúmulo de comportamientos, además de otras graves violaciones que forman parte del cierre de espacios cívicos como es la cancelación de personalidades jurídicas de más de 3.000 organizaciones, la acción contra la Iglesia católica y, en particular, contra sacerdotes que han sido objeto de detenciones o secuestros. Todo eso nos lleva a emitir una serie de conclusiones en el informe y unas recomendaciones que creemos necesarias para intentar que funcione el principio de protección de los Estados y que se eviten más graves violaciones de lesa humanidad que están construidas de forma sistemática en el territorio de Nicaragua.

¿Por qué constituyen crímenes de lesa humanidad?

El derecho internacional, y en particular, los tribunales ad hoc o ex post, que son los creados para responder a lo que sucedió en Núremberg, la antigua Yugoslavia y Ruanda, han dejado claro que hay crímenes que además de intolerables deben ser repudiados por la comunidad internacional porque pueden llevar a la desaparición de etnias y poblaciones de manera sistemática a través de un ataque que se genera con esa intención. 

Cuando hablamos de delitos de lesa humanidad hay una construcción internacional que permite decir que tienen un estatus de gravedad inimaginable y se consideran prohibidos por el derecho internacional. La verificación de estas pruebas nos permite decir que estamos frente a comportamientos que deberían ser sancionados inmediatamente sobre la base de todas las pruebas encontradas. 

El presidente del GHREN ha comparado la situación del país centroamericano con los hechos ocurridos en la década de 1930 en Europa al señalar que “todos los elementos que se ven en Nicaragua, desgraciadamente, se pueden ver en los juicios de Núremberg”.

Es un antecedente que efectivamente se homologa a elementos que tienen que ver con persecución y con un resultado de eliminación sobre la base de un componente político o de un componente que tiene que ver con cualquier opositor, o que se sospecha opositor, y debe ser neutralizado. En esos aspectos tiene elementos que pueden compararse con antecedentes históricos múltiples que fueron analizados por varios tribunales y que permiten decir que aquí se prueban grandes semejanzas frente a esta clase de actuación. También se demuestra que no ha sido un ataque casual, sino sistemático, que se repite en el tiempo y que genera un patrón de comportamiento con respecto a estas víctimas y a esta población y que aún en la actualidad se mantiene.

Ha habido deportaciones forzadas con múltiples consecuencias y violaciones de derechos como los derechos de supervivencia, económicos, culturales y políticos. Hay personas a las que les han quitado la nacionalidad, les han borrado del sistema, no tienen derecho ni a volver a su tierra. Significan una alerta porque las consecuencias de estos actos pueden extenderse indefinidamente y de manera múltiple también está amenazando a la otra población nicaragüense para controlar y evitar que se generen manifestaciones de un sistema en particular.

¿Quién es el responsable final de estos crímenes?

Dentro de la investigación encontramos elementos suficientes para afirmar que las acciones conjuntas que se realizaron fueron coordinadas por Daniel Ortega y Rosario Murillo y también las llevaron a cabo personas dentro de la institucionalidad y actuaron de manera coordinada para lograr los efectos que de una u otra manera se estaban tratando de asegurar a través de la justicia. 

Decimos en el informe que se instrumentalizan las instituciones del Estado, que se rompe la separación entre los poderes y que todo está controlado con una finalidad de obtener un resultado y que los expedientes e investigaciones y las consecuencias buscan “anular o eliminar” a las personas. Hemos visto varias etapas: eliminación física, política y jurídica, y todo ello tiene una significación muy grave. También hemos considerado el grado de sofisticación que implicó empezar a hacer reformas constitucionales, legales, estructurales para asegurar que todo funcione en torno a la posibilidad de mantener el poder y que no haya oposición ni opiniones diferentes.

¿Hay posibilidad de que estos hechos puedan ser juzgados a nivel internacional?

Dentro del informe analizamos dos posibilidades perfectamente válidas. Tenemos el derecho y el principio de protección como una obligación de los Estados, no solo para proteger a sus nacionales dentro de sus territorios, sino para evitar que se cometan delitos de guerra, de lesa humanidad y de otra naturaleza. Los Estados pueden aplicar ese principio y sobre esos supuestos también la responsabilidad penal, que es individual frente a las actuaciones que realizaron los sujetos que actuaron de manera conjunta para realizar acciones que el derecho internacional prohíbe.

¿Qué le piden a la comunidad internacional?

En las recomendaciones se pide una actuación inmediata para evitar que se sigan cometiendo estos hechos y, en el caso en el que haya personas con doble nacionalidad, que se ejerza la jurisdicción por parte de los países a los que también pertenecen, que reivindiquen sus derechos. También tenemos la posibilidad de hablar de la responsabilidad penal que llevaría a la identificación no solo de los máximos responsables en estos graves crímenes, sino de todas las personas que pertenecen a las estructuras que actuaron de manera transversal frente a estas violaciones.

¿Qué opina de que España haya ofrecido la nacionalidad a los presos políticos expulsados y al resto de personas a las que se les ha retirado la ciudadanía nicaragüense? 

Son actos humanitarios, que responden a políticas de solidaridad internacional y que son necesarios ante acciones de esta naturaleza. Sin embargo, también se producen consecuencias que no solucionan la concesión humanitaria de una nacionalidad, porque se priva de derechos a las personas por parte del país que las expulsa y que son obligatorios proteger, y las consecuencias también suponen perder el arraigo, la familia, los bienes patrimoniales y culturales, los bienes de identidad, y eso tiene consecuencias nocivas y deben tratar de restaurarse para garantizar el derecho máximo de tener una nacionalidad. 

El destierro debería estar erradicado, es una pena que no deberían existir, porque priva de derechos fundamentales de forma grave a las personas afectadas. 

Ante este panorama poco alentador, ¿es posible que cambie la situación en Nicaragua?

Es complejo, pero ya ha habido casos en los que la comunidad internacional, a través de decisiones de estos organismos internacionales, ha podido fracturar sistemas que quieren perpetuarse, como es el caso del dictador chileno Augusto Pinochet, que fue detenido a petición del juez Baltasar Garzón. Es un momento de reflexión para los países, de pensar cuáles son las medidas más adecuadas, pensar en la necesidad de evitar, con el principio de protección, que estos crímenes de lesa humanidad se sigan cometiendo.