Una Francia sumida en una crisis social y política ha vivido este jueves la novena jornada de movilizaciones en poco más de dos meses contra la reforma de las pensiones, la primera tras su polémica adopción sin voto parlamentario defendida por el presidente Emmanuel Macron, quien dijo este miércoles estar dispuesto a asumir la impopularidad de la medida.

El Ministerio del Interior ha contabilizado 1,08 millones de manifestantes en todo el país, una cifra menor a otras jornadas previas en enero y este mes. Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha estimado el número de personas en las manifestaciones en 3,5 millones, igualando la cifra récord del 7 de marzo.

La fuerza de la movilización ha sido uno de los focos de atención de la jornada en protesta contra el texto que retrasa en dos años, hasta los 64, la edad mínima de jubilación, y fue aprobado el pasado lunes después de que fracasaran dos mociones de censura contra el Gobierno, una de ellas por solo nueve votos. Ante la ausencia de una mayoría clara en la Asamblea, salió adelante gracias a un resorte constitucional, el artículo 49.3, que ha protagonizado este jueves gran parte de las pancartas y las consignas de los manifestantes.

En París, la CGT ha reivindicado la presencia de 800.000 personas, récord absoluto desde el inicio de las protestas. “No se puede gobernar contra todo el mundo, en contra del pueblo. Macron y Borne no nos están dejando otra opción que echarnos a la calle”, explica a elDiario.es Michelle, estudiante en uno de los centros universitarios de la capital, presente por primera vez en una manifestación contra la reforma de las pensiones. “Es una aberración democrática lo que están haciendo”, asegura Olivier, otro de los manifestantes presente en la plaza de la Bastilla, a la salida del cortejo. “Por eso hay que bloquear el país. Bloqueo total el tiempo necesario para parar la economía, es la única manera”.  

“El Gobierno contaba con que las protestas perdiesen fuerza tras el 49,3 y la intervención en televisión del Presidente de la República, pero todo indica que estamos en un día de gran movilización", ha declarado el líder de la CGT, Philippe Martinez. Junto a él, en cabeza de la marcha, Laurent Berger, secretario general de la Confederación Democrática del Trabajo francesa (CFDT), se ha felicitado por la “reactivación de la movilización” y por la unidad sindical, destacando la presencia de "más jóvenes" que en jornadas precedentes. "Una movilización que, sin duda, será de las más potentes desde principios de los 90”.

Como se esperaba, en las manifestaciones del jueves se han vivido más momentos de tensión y disturbios que en jornadas precedentes. En ciudades como Lyon, Nantes, Rennes, Lorient y Burdeos, la Policía ha dicho que los grupos violentos han sido más numerosos y se han registrado diversos incidentes.

En Burdeos, al final de la manifestación se prendió fuego a la puerta del Ayuntamiento. El alcalde de la ciudad, el ecologista Pierre Hurmic, pidió "evitar que el país se incendie". Hurmic mostró su enfado en Franceinfo con quienes "estúpidamente querían dejar su marca de violencia" en el ayuntamiento de Burdeos, durante la movilización contra la reforma de las pensiones del jueves.

En París, después de la manifestación hubo horas de cargas policiales e incendios varios en la plaza de la Ópera, y por la noche, quema de contenedores por toda la ciudad. En Nantes, grupos de manifestantes han entrado por la fuerza en el Tribunal Administrativo y en Lorient han atacado la comisaría de policía.

También en París el cortejo ha sido detenido en varias ocasiones por lanzamientos de objetos, pequeños incendios y escaparates rotos, que han provocado la intervención de la Policía. Según la prefectura, “cerca de un millar” de "elementos radicales, vestidos de negro y equipados con máscaras y gafas”, han estado presentes en la manifestación en la capital.

Los principales líderes sindicales se han desmarcado de estos actos. Al final de la tarde, han anunciado una nueva convocatoria de movilizaciones para el próximo 28 de marzo.

Muchas de las protestas que tienen lugar estas semanas recuerdan a crisis anteriores, como las manifestaciones de los chalecos amarillos o las movilizaciones en contra de las reformas laborales durante el mandato de François Hollande. Pero, en esta ocasión, a la impopularidad de la medida que ha servido de detonante –en torno a un 70% de los franceses se opone totalmente, según diversos sondeos de opinión– se suma su aprobación por decreto.

Sin mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, el Gobierno esperaba sacar adelante su agenda legislativa con acuerdos puntuales con las otras fuerzas políticas, como fue el caso con el Partido Socialista para la ley sobre las energías renovables. Para la reforma de las pensiones, el acuerdo alcanzado con los líderes del partido Los Republicanos debía conseguir los votos suficientes, pero un grupo de diputados de la formación se negó a apoyar el proyecto de ley.

Para intentar salir de la crisis, la primera ministra Élisabeth Borne ha anunciado que “llevará a cabo consultas con las diferentes fuerzas políticas” para “definir el calendario parlamentario de los próximos meses e identificar las mayorías para cada texto”, en vista de intentar avanzar nuevos proyectos legislativos.

Pero, en realidad, la agenda del Ejecutivo ya se ha visto trastocada. El presidente reconoció en su entrevista emitida por televisión este miércoles que, por ejemplo, el proyecto de ley “para controlar la inmigración y mejorar la integración” tendrá que ser reorganizado y dividido en varios textos, confirmando el aplazamiento. Su examen estaba previsto inicialmente a finales de este mes y su borrador ha sido fuertemente criticado por los líderes de la derecha gaullista.

Las declaraciones del presidente sobre los sindicatos en esa misma entrevista han sido especialmente mal recibidas por líderes de las agrupaciones de trabajadores y complican cualquier diálogo. Macron dio a entender que los sindicatos no han propuesto ninguna alternativa a la actual reforma.

“Hemos propuesto otra reforma diferente [por puntos], que es además la misma que el Presidente de la República impulsó en 2017”, ha dicho Berger, de la CFDT. “Lo que ha dicho hoy el presidente de la República es falso. Y es inapropiado señalar a los dirigentes sindicales en una intervención así”.

El líder de la CFDT ha planteado dos condiciones como bases de una posible negociación. “La primera condición es el método, que el Gobierno escuche las propuestas de los sindicatos y consulte de verdad. En segundo lugar, si va a ser solo para hablar de medidas cosméticas, será sin nosotros. Es necesario que las consultas no acaben de nuevo en una decisión vertical o sin consecuencias beneficiosas para los trabajadores".

Este jueves se han repetido los paros en muchos sectores estratégicos, entre ellos los transportes, la energía y la educación. Desde primera hora de la mañana se registraron acciones de protesta por todo el país, desde cortes de carreteras y ocupación de vías férreas, hasta el bloqueo del acceso a infraestructuras como el puerto de Caen, el aeropuerto Charles de Gaulle en la región parisina o la estación Saint-Charles de Marsella. Todo ello en paralelo a los paros anunciados por los sindicatos del sector de los transportes que han obligado a reducir a la mitad la circulación de los trenes de alta velocidad y a un tercio la de los trenes regionales.

Uno de los sectores en el que más se han sentido los paros es el de la energía. Las huelgas en las refinerías han obligado al Ministerio de Transportes a decretar la “movilización forzosa” de algunos trabajadores de la empresa TotalEnergies en Normandía para desbloquear los envíos de carburante, según ha explicado el Gobierno en un comunicado, ante el “alto riesgo” de desabastecimiento en la capital. La misma medida estaba en vigor desde martes en el depósito de Fos-sur-Mer, cerca de Marsella, y en el de Donges, en la región de Loira Atlántico, situación que se ha prolongado (al menos 48 horas) para tratar de paliar la falta de suministro en gasolineras del sur y noroeste del país.

Desde la noche del miércoles el acceso a varias universidades está bloqueado por grupos de jóvenes, como en Toulouse, donde los estudiantes reunidos en asamblea votaron a favor de un bloqueo renovable, o como en la universidad de Derecho Panthéon-Assas de París. Sindicatos de estudiantes contabilizaron, este jueves por la mañana, más de 400 institutos bloqueados en toda Francia. Entre los docentes, el Ministerio de Educación Nacional ha estimado la participación en la huelga en un 23,22% en los centros de primaria y 24,31% en los institutos de secundaria; un seguimiento menor que el del 19 de enero, primer día de movilización, que tuvo un 42,35% en primaria y un 34,66% en secundaria.

En París, la acumulación de basuras en las calles ha llevado a los representantes del Estado a movilizar agentes del servicio de limpieza de la ciudad para que comiencen a retirar los residuos, pese a que los sindicatos han confirmado su voluntad de prolongar los paros como mínimo hasta el 27 de marzo, las instalaciones de incineración no funcionan y el Ayuntamiento de la capital se niega a colaborar con el Gobierno central en las movilizaciones forzosas de personal.

La movilización contra la reforma de las pensiones ha truncado, además, la visita oficial del rey Carlos III, prevista para la próxima semana y cuya cancelación se ha anunciado este viernes.

"Es increíble, vamos a tener a Emmanuel Macron, nuestro 'monarca republicano', recibiendo a Carlos III, que va a pasar por los Campos Elíseos y va a cenar en Versalles mientras la gente se manifiesta en la calle”, había dicho antes de la cancelación la diputada ecologista Sandrine Rousseau.