El titular de la Procuraduría de Derechos Humanos, Jordán Rodas, denunció este viernes que la entidad ya no tiene fondos para operar últimos tres meses del año y exigió al Ministerio de Finanzas que desembolse los 3,9 millones de dólares restantes.
El magistrado de conciencia explicó que el Congreso, en la aprobación del decreto presupuestario para 2019, fijo 130 millones de quetzales (16,8 millones de dólares), aunque después en un acuerdo legislativo rebajaron 30 millones (3,9 millones de dólares) por una "vendetta" contra su persona.
No obstante, apuntó que la Corte de Constitucionalidad en un fallo emitido el pasado 16 de julio señaló que lo que prevalece es lo establecido en el decreto y por ende presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que trasladen los 30 millones de quetzales que restan.
"Desde el día 1 de agosto hemos realizado gestiones ante el ministro de finanzas, y ha habido una comunicación fluida, se valora la apertura, pero no es suficiente. Ya ha pasado más de un mes y medio y no hemos tenido respuesta", proclamó.
El procurador dijo que la comunicación con el ministro de Finanzas, Víctor Martínez, ha sido buena, pero agregó que eso no es suficiente porque están en "riesgo" los derechos humanos y esta decisión no solo afecta a los más de 700 trabajadores de la institución, sino también a la población.
Sin esos fondos, Rodas dijo que no pueden pagar salarios ni octubre, ni noviembre ni diciembre, y que tampoco podrán operar, y aseguró que la decisión de trasladar los fondos, aunque el dinero no sobra en el Estado, es cuestión de "voluntad política", pues otras carteras han recibido presupuesto, como Defensa.
"La situación es tan grave que ya no tenemos dinero para pagar los salarios del mes octubre", reiteró.
La Procuraduría de los Derechos Humanos había solicitado un presupuesto de 145 millones de quetzales (18,8 millones de dólares) para 2019, lo que significaba un aumento de 25 millones de quetzales (3,2 millones de dólares) respecto del ejercicio fiscal de 2017 y 2018, pero la Comisión legislativa de Finanzas propuso al pleno que se le otorguen 100 millones de quetzales (13 millones de dólares).
