Se cumplen cinco años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México este miércoles, pero la versión oficial del Gobierno de Enrique Peña Nieto ha quedado más desacreditada que nunca, tras la liberación de decenas de presuntos responsables. Su sucesor, Andres Manuel López Obrador, ahora enfrenta el reto de empezar de nuevo la búsqueda para brindar respuestas a los familiares consternados por la "verdad histórica" de Peña Nieto.

A casi un año de mandato, el compromiso de esclarecer el caso por parte del presidente López Obrador parece empezar a materializarse. Esta semana comenzó la excavación de un basurero, inexplorado hasta ahora y muy cerca de Iguala, para encontrar indicios de los jóvenes.

Sin embargo, la investigación del caso de Ayotzinapa sigue afrontando enormes retos. Se trata del caso que "mostró con toda su crudeza la realidad apabullante de las desapariciones forzadas en México", ha afirmado Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y asesor de las familias, este miércoles a Efe.

Acuciado por una enorme impopularidad, Peña Nieto dejó la presidencia en diciembre del año pasado. Hasta su último día de mandato, el Ejecutivo que encabezaba defendió la versión oficial de su Gobierno, conocida como la "verdad histórica", sobre la tragedia sucedida la noche del 26 de septiembre de 2014.

Hace cinco años hasta la fecha, un grupo de 43 estudiantes de magisterio de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa viajaba con rumbo a Ciudad de México para participar en la conmemoración de la Matanza de Tlatelolco de 1968, donde murieron principalmente estudiantes. Era un peregrinaje anual para los alumnos de la escuela de maestros, que tiene un legado de militancia izquierdista, y para desplazarse se apoderaban de autobuses y gasolina en el camino. 

La noche del 26 de septiembre, la caravana de autobuses —e incluso otro vehículo que transportaba un equipo de fútbol— fue interceptada por policías y presuntos grupos armados en el municipio de Iguala, ubicado en el sureño estado de Guerrero. En el cruce de fuego murieron seis personas y, según la versión gubernamental, los 43 jóvenes fueron detenidos por policías municipales y entregados a integrantes del cartel Guerreros Unidos. Al confundirlos por miembros de un cártel rival, el grupo de crimen organizado los habría asesinado e incinerado sus restos en un vertedero de basura en Cocula.

Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentaron un informe en 2018 que desestima la "verdad histórica" del caso. La investigación del GIEI produjo evidencia que indica que los cuerpos de los 43 no pudieron ser quemados en ese lugar. Asimismo, existe una reconstrucción de los hechos en la página web Ayotzinapa: una cartografía de violencia, basada en la pesquisa del Equipo Argentino de Antropología Forense y el informe del GIEI.

.@CIDH presentó Informe Final de su Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto #Ayotzinapa. La lucha por verdad y justicia continúa, por los #43 que faltan, por sus familiares, y por toda la sociedad mexicana. Mire el video y lea el informe final en https://t.co/siYUIejTjn pic.twitter.com/pDY7vKTCfc

"Concluyeron que la teoría oficial del caso no se soportaba en suficientes pruebas científicas", ha expresado Aguirre, quien agregó que en los dos últimos años la situación "se agravó porque el caso comenzó a caerse en los tribunales que concluyeron que las pruebas no soportaban la realidad".

Eso explica que en días recientes se produjo la liberación de 24 ex policías municipales presuntamente implicados en el caso, jornadas después de la absolución de Gildardo López Astudillo, uno de los principales acusados en la tragedia y presunto miembro del cartel Guerreros Unidos, por falta de pruebas.

"Las liberaciones de hoy son resultado de una mala actuación de ayer de los fiscales", ha sostenido Aguirre y señaló que 60 de las 107 pruebas del caso fueron declaradas "ilícitas", al ser en su mayoría confesiones conseguidas mediante torturas a los acusados o detenciones arbitrarias.

Ante la exigencia de los padres de los desaparecidos, la primera medida de López Obrador como presidente fue la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, formada por el Gobierno, las familias y organizaciones de derechos humanos.

La comisión presidencial tuvo un gran poder simbólico porque por primera vez se escuchaba a las familias, pero no ha comenzado a moverse hasta hace poco, con el nombramiento de un fiscal especial para el caso y la iniciación de labores de búsqueda.

Con todo, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, se comprometió el pasado 18 de septiembre con los padres a reconstruir la investigación casi de cero, dadas las inconsistencias de la versión oficial, aunque para algunos expertos ha pasado ya demasiado tiempo.

"Sin duda alguna, en una investigación criminal el solo paso del tiempo conlleva la pérdida de evidencia", ha lamentado Aguirre, quien señaló a Peña Nieto por haber "estirado" durante años una versión que no se sostenía para así sofocar la indignación social que despertó el caso. El director del centro de derechos humanos sugirió, sin embargo, que "no hay que partir de cero" dado que los expertos internacionales hicieron un "gran trabajo" y de la investigación oficial se puede rescatar todo el rastreo telefónico.

El Gobierno de López Obrador no solo debe encontrar respuestas en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, sino también reproducir este éxito en los miles de casos de desaparecidos en México, ha dicho este martes Amnistía Internacional (AI).

"Las medidas del Gobierno mexicano para encontrar la verdad y hacer justicia en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos forzosamente desde hace cinco años, deben traducirse a la brevedad en resultados positivos y replicarse en los otros miles de casos de desaparición en el país", ha declarado la ONG.

"Hoy hemos visto esfuerzos del nuevo Gobierno por resolver el caso y los saludamos, aunque falta mucho por hacer", ha indicado Erika Guevara-Rosas, la directora para las Américas de AI. "No habrá justicia hasta que se investigue a quienes obstruyeron la búsqueda de la verdad, pues ellas son también responsables de que, al día de hoy, no se haya podido esclarecer el paradero de los estudiantes", ha apuntado AI, y se declaró "comprometida" en dar seguimiento al caso.

Mientras tanto, el compromiso de López Obrador se empieza a materializar a tiempo para el aniversario de la tragedia. Las autoridades mexicanas iniciaron la búsqueda de indicios sobre la desaparición de los 43 estudiantes en el basurero de Tepecoacuilco, en el que no se había buscado hasta ahora, confirmaron este martes a Efe fuentes gubernamentales.

El operativo lo llevan a cabo la FGR y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia. El secretario técnico de la comisión presidencial, Félix Santana, viajó el lunes a Tepecoacuilco, situado a 15 kilómetros de Iguala. Cerca de 20 unidades militares vigilan el basurero a cielo abierto de este municipio, donde está previsto que se inicie una excavación para encontrar indicios sobre el paradero de los estudiantes.

Mientras el nuevo Gobierno pide más tiempo para investigar, dado que solo lleva casi diez meses de funcionamiento, para las familias ya han transcurrido cinco años de dolor, impaciencia y lucha con la convicción de encontrar vivos a los 43 estudiantes.

#Ayotzinapa5ños padres de los 43 estudiantes desaparecidos por policías de Guerrero exigen a la @FGRMexico la presentación de sus hijos. pic.twitter.com/svGydqJlu1

"Tenemos la esperanza de que pronto vamos a llegar a la verdad. La confianza (con López Obrador) se va a ir construyendo conforme vayan avanzando las investigaciones", ha aseverado contundente Cristina Baptista, cuyo hijo Benjamín desapareció cuando tenía 19 años.

Sin embargo, Cristina —quien califica la versión de Peña Nieto como "mentira histórica"— admite que "este Gobierno [de López Obrador] es diferente del Gobierno anterior, que no hizo las búsquedas sino una simulación".

El lustro transcurrido tras el suceso ha sido eterno para esta madre, que en un principio creía que Benjamín y sus compañeros se habían escondido en las montañas e iban a aparecer en una semana. "Ya estamos por cumplir cinco años de la desaparición forzada de nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, no sabemos cómo están. Pero no nos vamos a rendir y vamos a seguir hasta saber de ellos y encontrarlos", ha afirmado Baptista.