El cuarto veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas muestra una vez más que las palabras de la Administración Biden van por un lado, y sus acciones por otro.

Washington afirma que apoya la ‘solución de los dos Estados’ –Israel y Palestina–, pero en la madrugada del viernes bloqueó el reconocimiento del Estado palestino en el seno de la ONU.

Con su veto, la Administración de Joe Biden contribuye de nuevo a reforzar la impunidad de Israel y vuelve a comprar tiempo para que Israel despliegue su política de hechos consumados.

El reconocimiento del Estado palestino en el Consejo de Seguridad fue propuesto por Argelia y apoyado por el Grupo Árabe en la ONU. En las horas y días previos, Estados Unidos intentó evitar la votación para no tener que mostrar sus incoherencias. Presionó a algunos integrantes del Consejo de Seguridad, en concreto a Ecuador, Corea del Sur y Japón, pero al contrario que en ocasiones pasadas, esta vez fue incapaz de detenerla.

Un reconocimiento del Estado palestino en la ONU no habría significado el inicio del mismo. La ocupación israelí -con muros, controles militares, asentamientos, más de 700.000 colonos y carreteras de uso exclusivo israelí- impide la continuidad territorial y lo hace inviable hoy en día. Pero la negativa a su reconocimiento en Naciones Unidas deja claras cuáles son las apuestas de Estados Unidos, en su empeño en mantener el statu quo y despejar el camino a Israel.

Washington asegura que defiende la paz en Palestina, pero permite la extensión de la ocupación ilegal israelí y la consolidación del apartheid; reconoce que Israel lanza bombardeos indiscriminados contra la población palestina, pero envía grandes paquetes de armas a Tel Aviv y ofrece cobertura política y diplomática al Gobierno israelí. Lamenta la muerte de niños palestinos, pero ha bloqueado durante meses los intentos de presión a Israel para detener la masacre, la primera que el planeta contempla en tiempo real.

Esta semana, Estados Unidos pidió en la ONU una condena al ataque iraní contra Israel –lanzado como respuesta al bombardeo israelí contra la Embajada de Irán en Damasco, donde murieron varias personas– y anunció nuevas sanciones contra el régimen de Teherán. Sin embargo, ni condena a Israel en Naciones Unidas, ni lo sanciona: lo protege, a pesar de sus violaciones del derecho internacional, de los 34.000 palestinos muertos, de los 74.000 heridos, de la destrucción masiva de la Franja.

Esta misma semana –mientras todos los focos se colocaban sobre Irán– se registraron nuevas matanzas en Gaza, con un elevado número de niños palestinos muertos. Las fotografías de sus cuerpos inertes están en las páginas web de las principales agencias de noticias internacionales, pero no han generado ni escándalo, ni condena, ni sanciones en Washington.

Un diario qatarí señalaba hace dos días, citando a fuentes egipcias, que el Gobierno de Netanyahu habría obtenido la aprobación de Estados Unidos para impulsar una operación militar en Rafah, a cambio de no atacar Irán. Tel Aviv terminó atacando Irán la madrugada del viernes, pero fue una agresión limitada, tanto por el carácter de la misma, como por la respuesta del régimen de Teherán, que ha reaccionado restando importancia al lanzamiento de misiles contra sus instalaciones en Isfahán. Con ello pretende mostrar que no desea una escalada.

Aún así, la tensión regional persiste. Con su ataque a la embajada de Irán en Damasco del pasado 1 de abril, el Gobierno de Netanyahu logró una respuesta militar iraní -sin víctimas mortales-, lo que le ha garantizado el apoyo de sus aliados, con Estados Unidos a la cabeza. El relato de la escalada también se usa ya de excusa para plantear el envío de nuevos paquetes de armas a Israel desde Washington, y así lo ha expresado el propio presidente Biden.

The Wall Street Journal ha informado en las últimas horas de que EEUU está evaluando la posibilidad de otorgar más de 1.000 millones de dólares en nuevos acuerdos armamentísticos con Israel. La narrativa de la tensión regional también puede facilitar al Ejército israelí operar con más impunidad en Gaza, donde pretende impulsar esa anunciada gran ofensiva contra Rafah.

En los últimos años la dirección adoptada por las políticas estadounidenses intentó excluir de la ecuación una y otra vez una realidad: la existencia de la población palestina. La Administración Trump impulsó los acuerdos de Abraham para normalizar las relaciones entre varios Estados árabes e Israel. Marruecos, Bahrein e incluso Sudán firmaron con Tel Aviv.

Cuando Biden llegó a la Casa Blanca, decidió continuar esa senda que ignoraba los derechos del pueblo palestino y consolidaba la legitimación de la ocupación israelí y de su apartheid. De hecho, impulsó negociaciones entre Arabia Saudí e Israel. Diversos analistas afirmaron que los ataques de Hamás del 7 de octubre podían interpretarse como una respuesta a los intentos de cerrar los acuerdos de Abraham entre Riad y Tel Aviv.

“El impulso de Trump y de Biden a los acuerdos de Abraham, en los que Israel normalizó las relaciones con los Estados árabes al tiempo que consolidaba la ocupación israelí de Palestina y traicionaba a los palestinos, hizo que los ataques de Hamás fueran más probables”, escribía este viernes el profesor y analista estadounidense del Quincy Institute, Trita Parsi.

El ciclo de violencia podría haberse evitado hace décadas. Lejos de haber aprendido algo, la senda sigue siendo la misma. En vez de incluir la realidad en la ecuación –es decir, la existencia de la población palestina–, el Gobierno israelí, con el apoyo de Estados Unidos y otros aliados occidentales, sigue apostando por la huida hacia adelante, con la voluntad de no ceder ni un milímetro de territorio ocupado, con el empeño de no respetar el derecho internacional, con el objetivo de proseguir con el proceso de desposesión que sufren los palestinos. Aunque para ello necesite un escenario de guerra perpetua.