“Tenemos que tomarnos esto muy en serio”. La advertencia la hizo hace un año el alto representante, Josep Borrell, al presentar el primer informe sobre amenazas de interferencias extranjeras, que detectó 15.000 casos de manipulación o desinformación desde el año 2015. Y es que el asunto de las injerencias –sobre todo de Rusia y China– preocupa en la UE desde hace tiempo. Esta legislatura se han reforzado los mecanismos con la implicación de todas las instituciones europeas y ahora se han activado los resortes con el objetivo de blindarse todo lo posible ante las elecciones del próximo mes de junio mientras las amenazas crecen, con investigaciones en marcha sobre espionaje de Moscú y Pekín.

Bélgica, a quien corresponde la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, ha activado el dispositivo de respuesta a las crisis para reforzar la colaboración entre los 27 en la detección y combate de las amenazas híbridas de cara al proceso electoral. “Aunque no podemos considerar que haya una crisis en este momento, permitirá a todos los Estados miembros e instituciones de la UE estar plenamente preparados y operativos en caso de que se produzcan acontecimientos importantes, fomentando al mismo tiempo una cultura de intercambio de información sobre este tema clave”, señalan fuentes de la presidencia belga. 

El Dispositivo de Respuesta Política Integrada a las Crisis (IPCR, por sus siglas en inglés) se ideó a principios de los 2000, cuando la UE constató que requería de un mecanismo común para la gestión de crisis, a raíz de los atentados del 11S y el 11M y el tsunami en Tailandia. Puesto en marcha definitivamente en 2013, permite a la UE compartir información, mejorar la colaboración entre estados y coordinar la respuesta a nivel político. 

El instrumento tiene tres fases en función de la gravedad de la situación: supervisión, intercambio de información y fase completa. En la actualidad, la activación total persiste por la guerra en Ucrania y los asuntos migratorios. La COVID-19 llevó a activar esa fase el 2 de maro de 2020 y se mantuvo hasta el 4 de mayo de 2023, cuando quedó en modo seguimiento. Lo mismo ocurrió con el terremoto de Turquía: se activó completamente para coordinar la respuesta de la UE en febrero del pasado año, pero tres meses después se rebajó. Desde el 16 de octubre, se encuentra en modo de supervisión por la crisis en Oriente Medio.

En el caso de la guerra híbrida de cara a los comicios, Bélgica ha activado el segundo nivel con la intención de que los estados miembros compartan los datos relativos a las injerencias extranjeras o campañas de desinformación que vayan detectando. 

A las puertas de las elecciones europeas, los escándalos se han multiplicado. La justicia belga investiga a varios eurodiputados por la recepción de pagos de Rusia. “La investigación muestra que Moscú se puso en contacto con eurodiputados, pero también les pagó, para promover la propaganda rusa”, afirmó el primer ministro del país, Alexander De Croo. El escándalo afecta a parlamentarios de Alemania, Francia, Polonia, Bélgica, Países Bajos y Hungría. 

“Los pagos en efectivo no tuvieron lugar en Bélgica, pero la injerencia sí”, explicó De Croo: “Como sede de las instituciones, tenemos la responsabilidad de defender el derecho de los europeos a unas elecciones libres y seguras”. “Según nuestros servicios de inteligencia, sus objetivos son muy claros. Su objetivo es ayudar a elegir candidatos prorrusos al Parlamento Europeo y reforzar cierta narrativa prorrusa en la institución. El debilitamiento del apoyo europeo a Ucrania favorece a Rusia en el campo de batalla”, agregó.

En relación con ese caso, República Checa ha puesto en marcha un sistema de sanciones contra el portal de propaganda proKremlin Voice of Europe, con el que los investigadores sospechan que algunos de los implicados han participado. En una resolución, la Eurocámara mostró “consternación ante las acusaciones verosímiles de que se pagó a diputados al Parlamento Europeo para difundir propaganda rusa” y reclamó incrementar los controles. 

A lo largo de la legislatura en la actividad parlamentaria ha habido sendas comisiones especiales sobre injerencias. En sus conclusiones, aprobadas con un amplio respaldo, se apuntaba a los vínculos de Rusia con la extrema derecha europea, así como con patrocinadores del Brexit y “representantes de un grupo de secesionistas catalanes”. La Eurocámara abogaba por un “régimen de sanciones contra la desinformación”. En los paquetes de sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania se han incluido algunos medios y propagandistas. 

A pesar de esa labor, las amenazas híbridas siguen en el epicentro de la Eurocámara. Uno de los eurodiputados investigados por sus relaciones con el Kremlin es el ultraderechista de Alternativa por Alemania (AfD) Maximilian Krah, que fue interrogado al respecto por el FBI, según recoge Politico. En el mismo saco está el segundo de la candidatura, Petr Bystrom, de quien los servicios secretos también sospechan que recibió pagos del Kremlin, según una investigación del periódico alemán Der Spiegel y el checo Deník N. 

Krah, que es el cabeza de lista de AfD para las próximas europeas, se ha visto envuelto en otro escándalo tras la detención en Alemania de su asistente Jian Guo, acusado de espiar para China. Según los medios alemanes, se ofreció hace varios años como informante a las autoridades alemanas que desde el comienzo sospecharon que era un agente doble. La Eurocámara procedió a suspenderle de inmediato, pero no tiene potestad para actuar sobre los eurodiputados de la misma manera. 

De hecho, otro de los casos revelados en la recta final de la legislatura fue el de la letona Tatjana Ždanoka, que entre 2004 y 2017 tuvo contactos con agentes del Servicio Ruso Federal de Seguridad (FSB), la antigua KGB. La eurodiputada, que tiene escaño desde hace 20 años, fue expulsada del grupo de Los Verdes/ALE por no condenar la invasión rusa de Ucrania. La Eurocámara determinó que la eurodiputada prorrusa había infringido tres artículos del código de conducta para eurodiputados sobre integridad y transparencia y la sancionó sin dietas cinco días (unos 1.750 euros) y sin poder participar en los foros de representación de las instituciones. 

“Goebbels ya lo inventó en la segunda Guerra Mundial, mentir y difundir desinformación no es nuevo. Lo nuevo es la intensidad, la voluntad y los instrumentos. Goebbels no tenía Internet ni instrumentos de redes sociales, pero, hoy, la gente que se comporta como Goebbels, diciendo una mentira 1.000 veces, tiene una poderosa capacidad de multiplicación y de llegar a cualquiera en cualquier sitio”, reflexionó Borrell en la presentación del informe sobre desinformación.

La UE también ha reforzado su protección frente a la desinformación online a través de la Ley de Servicios Digitales, que obliga a las plataformas a reforzar el combate a las ‘fake news’. Desde que está en vigor, la Comisión Europea ha iniciado varias investigaciones a X (antes Twitter), Meta o TikTok por incumplir sus requisitos, especialmente ante el conflicto entre Israel y Hamás. A 40 días de que se celebren las elecciones europeas, el gobierno comunitario ha iniciado un procedimiento formal contra Facebook e Instagram por no combatir lo suficiente las interferencias extranjeras. La Comisión Europea considera que esas redes sociales están sirviendo como plataformas para anuncios engañosos, campañas de desinformación y maniobras coordinadas de terceros en la UE, especialmente de Rusia.

En las elecciones europeas de 2019, varias plataformas como Facebook, Google, Twitter, Mozilla y Microsoft suscribieron un código de conducta para combatir la desinformación en la campaña. También de cara a esos comicios el Servicio de Acción Exterior que pilota Borrell puso en marcha un sistema de acción rápida para detectar la desinformación, facilitar el intercambio de conocimiento y coordinar las respuestas. 

Esas son las herramientas de las que dispone la UE, que reforzará también la supervisión de los mensajes en redes sociales. “Es algo que hacemos continuamente y que se refuerza antes de las elecciones”, señaló en una rueda de prensa la portavoz adjunta de la Eurocámara, Delphine Colard, que entre las medidas también recordó la nueva ley de publicidad política, que impide los anuncios financiados por terceros países tres meses antes de la celebración de comicios.