Cada vez parece más seguro que las elecciones anticipadas serán una realidad en Portugal. Con un gobierno que solo cuenta con el apoyo de 80 diputados de los 116 necesarios para la mayoría absoluta, en el país ya ha quedado claro en poco más de un mes de andadura del Ejecutivo que también se gobernará a través de las medidas que los partidos de la oposición intentarán forzar en el Parlamento. No es una situación inédita, pero está disgustando al Ejecutivo conservador.

La semana pasada, una propuesta de ley del Partido Socialista (PS) que preveía la extinción de los peajes en una serie de autopistas, situadas en su mayoría en el interior del país, fue aprobada gracias a los votos favorables del partido de extrema derecha Chega. La medida, que tiene un fuerte impacto en las cuentas del Estado, solo empezará a aplicarse a partir del año que viene, pero es otra clara advertencia al Gobierno de que la voluntad del Parlamento es decisiva en un escenario en el que no hay una mayoría de diputados que sostengan a Luís Montenegro como primer ministro. El coste de suprimir los peajes se calcula en 1.500 millones de euros hasta 2040, cuando vencen las concesiones de estas carreteras.

Aunque inicialmente declaró que no apoyaría el proyecto de los socialistas, la extrema derecha, que cuenta con 50 diputados, dio marcha atrás y decidió respaldar la propuesta. Las conversaciones entre conservadores y ultras volvieron a quedar en nada, ya que Chega quiso apelar al electorado del Algarve –la región turística del sur del país donde la extrema derecha ganó las elecciones de marzo–, atravesado por una de las autopistas afectadas por la medida.

Tras la derrota parlamentaria, los conservadores intentaron sacar provecho político de una votación que colocó al PS y Chega en el mismo bando, tratando de vincular a los socialistas con la extrema derecha y denunciando la existencia de una especie de acuerdo entre ambos partidos. Después de hablar de una “maniobra política” que provoca “inestabilidad” y “desequilibra las cuentas públicas”, el ministro de Asuntos Parlamentarios, Pedro Duarte, preguntó: “Si el PS y Chega quieren realmente asumir la gobernabilidad del país, ¿cuál es la razón para no hacerlo delante de los portugueses?”.

“No hay ningún acuerdo con Chega”, garantizó el secretario general del PS, Pedro Nuno Santos, que argumenta que los socialistas “han decidido más en la oposición en los últimos 30 días que el Gobierno”. Para Nuno Santos, este primer mes de Gobierno se resume en “inestabilidad e incapacidad”, ya que “no ha sido capaz de tomar una decisión de valor para el pueblo”.

A pesar de que, durante sus ocho años al frente del Gobierno, el Partido Socialista se mostró contrario a la supresión de los peajes en las autopistas que ahora dejarán de pagarse, lo cierto es que el PS solo propuso en el Parlamento lo que ya figuraba en su programa electoral y que era ampliamente conocido antes de las elecciones. Chega también llevaba en su programa electoral la eliminación de los peajes de las autopistas.

No es la primera vez que esto ocurre en Portugal. En noviembre de 2009, quedó patente que la voluntad del Parlamento puede cambiar el rumbo del Gobierno. En aquel momento, los socialistas habían perdido la mayoría absoluta y Portugal se preparaba para pedir ayuda exterior. En un solo día, el Parlamento vio cómo la oposición al Gobierno socialista –de izquierda a derecha– se unía para votar once leyes, entre ellas medidas fiscales como el fin de un impuesto que las pequeñas y medianas empresas pagaban por adelantado sobre los beneficios que no sabían que iban a obtener o la obligación de devolver el IVA en un plazo de 30 días. El Gobierno calculó que las medidas costarían más de 2.000 millones de euros al año. El entonces primer ministro socialista, José Sócrates, argumentaba que un país no podía ser “gobernado por el Parlamento”, pero la voluntad de la mayoría de los diputados era lo suficientemente fuerte como para condicionar la gobernanza del país.

Ahora, el clima de campaña permanente y la apuesta de los partidos por mejorar su imagen ante la posibilidad de un adelanto electoral ha hecho que se multipliquen las acusaciones cruzadas en la corta vida del Gobierno. Las últimas, proceden del Ejecutivo conservador, que asegura que los socialistas han dejado las cuentas públicas “peor” de lo que habían anunciado, al hablar de un déficit en el primer trimestre del año que contrasta con un superávit a finales de 2023. Esto se produce en plena negociación entre el Gobierno y diversos sectores, como la Policía y los profesores, que reclaman subidas salariales y se considera una forma de contener las expectativas ante la imagen de “arcas llenas” que han dejado los socialistas.

De momento, todos esperan la gran prueba que serán las elecciones europeas del 9 de junio. Estos comicios servirán también como una especie de gran sondeo para medir la popularidad del Gobierno y de los distintos partidos de la oposición. Los socialistas han apostado por Marta Temido, exministra de Sanidad durante la pandemia, y los conservadores de la Alianza Democrática (alianza entre el PSD y el CDS) han elegido a un joven tertuliano político, Sebastião Bugalho. En este contexto, el espacio de negociación parece cada vez más reducido, y el menor signo de debilidad en el Ejecutivo de Montenegro podría precipitar elecciones. Queda por ver cuándo.