Tras reconocer el Estado palestino, España está entre los primeros países de la UE en sumarse al procedimiento contra Israel por genocidio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo tribunal de la ONU, iniciado por Sudáfrica.

¿Qué supone esta decisión?

Cualquier país puede solicitar su deseo de intervenir en una controversia legal entre dos Estados en la CIJ (en este caso entre Israel y Sudáfrica) porque considere que la decisión afecta a sus intereses de índole jurídico.

Al tratarse de un caso tan grave como genocidio, cualquier Estado parte en el tratado internacional sobre genocidio puede alegar este interés.

Tal y como ha explicado el ministro de Exteriores, esta intervención se materializa en un documento que el Estado aporta al tribunal con su interpretación del caso, y que España todavía está elaborando, para asistir a los jueces a la hora de tomar una decisión. Además, al participar en el proceso, España podría presentar sus observaciones durante las vistas orales del caso en La Haya.

Esta decisión no significa apoyar a ninguna de las partes, sino asistir a los jueces a la hora de tomar una decisión y apoyar muy claramente las medidas cautelares que España considera que no se están cumpliendo. “Es un esfuerzo de apoyar al multilateralismo y a la ONU en su labor y uno de los órganos fundamentales es el Tribunal Internacional de Justicia”, ha señalado.

“La decisión de España de sumarse al caso es importante porque todos y cada uno de los esfuerzos para responsabilizar a los Estados que muestran una absoluta falta de respeto al derecho internacional es importante, pero sobre todo envía un mensaje importante de que ya es hora de que los Estados occidentales se tomen en serio su compromiso con el derecho internacional, los derechos humanos y la igual dignidad de todos los pueblos y todas las víctimas, en lugar de instrumentalizar el derecho internacional para promover sus intereses geopolíticos sin guiarse por los principios de justicia y el Estado de derecho”, señala a elDiario.es Sonia Boulos profesora en la Universidad Antonio de Nebrija experta en derecho internacional.

¿Qué otros países se han sumado?

España podría ser el primer país europeo en sumarse a la causa contra Israel. Según recoge el tribunal, los países que formalmente han solicitado sumarse son Nicaragua, Colombia, Libia, México y Palestina.

Otros países como Chile han anunciado recientemente que también se sumarán al proceso, pero todavía no han completado el trámite formal. En el caso de Europa, Irlanda y Bélgica anunciaron el pasado mes de marzo que habían comenzado el trabajo para solicitar formalmente sumarse a la demanda, sin embargo, aún no están en la lista del Tribunal. Muchos otros como Brasil, Turquía y Jordania, entre otros, han apoyado públicamente la demanda de Sudáfrica, pero no se han sumado formalmente al caso.

“Lamentablemente, son pocos los [países] que actúan conforme a sus principios y valores. España es uno de ellos. Ojalá otros se sumen a este procedimiento, porque no va en contra de nadie. Esto va a favor de la defensa de la vida humana y a favor de la defensa de los valores humanos”, ha señalado este jueves el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed.

Tipos de intervención

Fuentes de la Corte Internacional de Justicia explican a elDiario.es que hay dos formas de sumarse a un procedimiento. “Si se permite a un Estado intervenir bajo bajo el Artículo 62, el Estado en cuestión se convierte directamente en parte del caso, mientras que si lo hace bajo el Artículo 63, cuando está en cuestión la construcción de un tratado [en este caso el de genocidio] en el que hay otros Estados parte al margen de los litigantes, cada uno de esos Estados tiene el derecho de intervenir en los procedimientos”.

“Hasta ahora, Nicaragua y Palestina han solicitado intervenir bajo el Artículo 62. Colombia, Libia y México lo han hecho bajo el artículo 63”, señalan las mismas fuentes. En el caso del Artículo 62, los argumentos de los Estados suelen revelar un apoyo explícito a alguna de las dos partes enfrentadas en el caso.

La demanda de Sudáfrica

El 29 de diciembre Sudáfrica abrió un proceso en la Corte Internacional de Justicia contra Israel por supuestas violaciones de sus obligaciones en relación con la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, un tratado internacional firmado por 150 Estados.

La demanda sudafricana, además, solicitaba medidas cautelares para frenar la ofensiva. El pasado 26 de enero, los 17 jueces del Tribunal impusieron cautelares ordenado a Israel “tomar todas las medidas a su alcance” para impedir tales acciones y permitir la entrada de la ayuda humanitaria, pero no ordenaron explícitamente el final de la operación.

Sin embargo, el pasado 24 de mayo, el máximo tribunal de Naciones Unidas dio un paso más allá y ordenó a Israel “detener inmediatamente su ofensiva militar y cualquier otra acción en Rafah” para que pueda entrar la asistencia humanitaria y los servicios básicos que los gazatíes “necesitan urgentemente”.

Los propios jueces de la CIJ consideraron en enero que existe riesgo de genocidio en Gaza y que los palestinos representan un grupo que tiene derecho a ser protegido bajo la Convención contra el Genocidio. Además, dijeron que la “catastrófica” situación humanitaria podría empeorar y, cinco meses después, constataron que ha sido así.