La puesta en escena en sus vídeos de campaña intentan transmitir a los franceses la idea de que Jordan Bardella se prepara cada día para ejercer el cargo de primer ministro: montañas de carpetas a cada lado de su escritorio conviven en su despacho con la bandera tricolor y con la imagen de la Marianne creada por el artista Obey –al que no ha gustado ver su obra en la puesta en escena del presidente de un partido de extrema derecha–.

En la misma línea, los desplazamientos de campaña de Bardella esta semana también han sido escogidos para reforzar la imagen de que, a sus 28 años y sin ninguna experiencia previa a nivel nacional ni local, puede dirigir el próximo gobierno del país. El miércoles visitó el Salón Internacional Eurosatory dedicado a la industria armamentística. Y el jueves se presentó ante la principal organización patronal francesa (Medef), que organiza en cada cita electoral audiencias a las que todas las formaciones políticas envían a sus representantes para que defiendan sus propuestas económicas (Bardella acudió acompañado de Éric Ciotti, todavía presidente del partido Los Republicanos y nuevo aliado de la extrema derecha para las legislativas).

Por el momento, sólo se conocen un puñado de “medidas de urgencia” del programa electoral de la Agrupación Nacional (AN), desveladas el martes por Bardella en una entrevista con el periódico Le Parisien. Y a lo largo de esta semana, el eurodiputado ha mantenido una postura ambigua sobre cuestiones económicas y de política exterior, matizando que ampliará la información sobre su proyecto a lo largo de la próxima semana, sólo unos días antes de que los franceses acudan a las urnas para votar en la primera vuelta de las elecciones, el próximo 30 de junio.

En materia económica, por ejemplo, Bardella declaró esta semana en otra entrevista en la televisión pública France 2 que sus decisiones estarán condicionadas por una “auditoría financiera”. Y si ha pedido a los franceses que voten al partido de extrema derecha para lograr una mayoría que obligue al presidente Emmanuel Macron a nombrarlo jefe de Gobierno, el presidente de AN también ha advertido de que sólo ocupará el cargo si dispone de mayoría absoluta. “En caso de mayoría relativa, el primer ministro no tiene margen para actuar”, afirmó Bardella, que señaló las dificultades que los dos últimos Ejecutivos nombrados por Macron han tenido para legislar.

En realidad, en los últimos días los líderes de la formación lepenista han intentado rebajar las expectativas sobre lo que podría cambiar con un gobierno AN, el primero de extrema derecha bajo el actual sistema francés de la V República. Una estrategia que sirve a la vez para calmar las inquietudes –especialmente en los círculos económicos– y para preparar a sus votantes ante la imposibilidad de llevar a cabo ciertas medidas que han defendido desde hace años, al menos “en un primer momento”.

Una de ellas es la anulación de la reforma de las pensiones, que en 2023 amplió la edad de jubilación hasta los 64 años. Bardella ya ha advertido de que a corto plazo no forma parte de su agenda y que “será necesario hacer ciertas concesiones” ante “el muro de deuda” que deja el Gobierno saliente: “En temas económicos, soy razonable”, afirmó.

Un cambio de opinión señalado por los miembros del Nuevo Frente Popular, que sí llevan en su programa la anulación de la reforma con carácter inmediato. “Jordan Bardella quiere mantener la reforma macronista de las pensiones, contra la opinión de siete de cada diez franceses”, subrayó en la red social X la eurodiputada de Francia Insumisa Manon Aubry. “Es el sustituto de Emmanuel Macron para los grandes empresarios, sólo que aún más brutal”.

En lo relativo a la política exterior, AN también está optando por la ambigüedad sobre lo que podría cambiar en caso de alcanzar el poder. Bardella se ha esforzado en los últimos meses en suavizar el discurso de su partido, históricamente favorable al Kremlin y hostil a la OTAN. Si Marine Le Pen afirmó en su momento que “ninguna razón puede justificar” la invasión rusa de Ucrania, ha criticado en varias ocasiones las sanciones “poco meditadas” contra Moscú y el “belicismo irresponsable” de los socios internacionales de Ucrania, incluido el propio Macron. Además, en el Parlamento europeo sus diputados han votado a menudo a favor de los intereses rusos.

En cuestiones financieras, los líderes del partido ya empiezan a señalar “la herencia recibida” como impedimento para acometer grandes reformas, mientras en otros temas avanzan que las “limitaciones institucionales” supondrán un obstáculo, ya sea por el bloqueo del Consejo Constitucional o por las autoridades de la Unión Europea. “Cada vez tienen menos programa y cada vez tienen más condiciones”, ironizaba esta semana el todavía primer ministro, Gabriel Attal.

Esas limitaciones impedirían a Le Pen implantar la “prioridad nacional”, la voluntad de crear una discriminación positiva para los ciudadanos franceses, que tendrían ventajas en el acceso a la vivienda, al empleo y a todas las ayudas públicas en virtud de su nacionalidad. Se trata de un tema central en el programa de Le Pen, como ya lo fue cuando su padre aún presidía el partido, y que podría conducir al país a un conflicto entre instituciones. Porque la anulación por el Consejo Constitucional de muchas de las medidas discriminatorias que se incluían en la última ley sobre la inmigración en Francia –negociadas entre la derecha parlamentaria y el Gobierno– son una indicación de que el organismo encargado de velar por la Carta Magna considera que medidas de este tipo no son conformes al derecho en Francia.

Y cualquier cambio constitucional requiere el consentimiento del presidente de la República. Por eso, la líder del partido de extrema derecha ya ha indicado que su gran objetivo sigue siendo la cita electoral de 2027 y que sólo alcanzar la jefatura del Estado, así como el control de los poderes Legislativo y Ejecutivo, le permitiría llevar a cabo su proyecto.

De momento, las medidas de urgencia que ha desvelado Bardella se concentran sobre los temas que, según las encuestas, más mueven a los electores de Agrupación Nacional: inmigración, poder adquisitivo y seguridad. AN pretende aprobar una “ley de emergencia” sobre inmigración en cuanto llegue al poder que se centraría en dos aspectos fundamentales: la supresión del derecho de suelo (por el que una persona obtiene la nacionalidad si ha nacido en el país) y la sustitución de la ayuda médica estatal (AME), actualmente en vigor y equivalente a la sanidad universal en España, por un sistema que “sólo cubriría las urgencias vitales” para las personas de fuera de la UE.

Sin embargo, varias evaluaciones de organismos públicos sobre la AME estiman que eliminar este dispositivo supondría que más de 460.000 personas en situación irregular perderían la asistencia médica habitual que necesitan, lo que tendría un “impacto en la salud de estas personas, un aumento en el riesgo de brotes de enfermedades y un aumento de la presión sobre los establecimientos sanitarios de urgencias”, según un informe parlamentario presentado en diciembre. A término, supondría un aumento global del coste del sistema de salud público.

Para “devolver el poder adquisitivo a los franceses”, Bardella propone reducir el IVA de la energía del 20% al 5,5% (carburantes, gas, electricidad), algo que las normas comunitarias sobre este impuesto prohíben explícitamente. También ha declarado su intención de frenar el desarrollo de las eólicas y favorecer la energía nuclear; no obstante, los expertos señalan que a corto plazo es inviable aumentar la producción, ya que el parque actual está en su fin de vida útil y la construcción de nuevos reactores lleva entre 7 y 9 años.

Por otro lado, la reducción del IVA en la energía haría perder al Estado francés 10.000 millones de euros, según estimaciones del Instituto Montaigne. Para financiar esa pérdida, el partido de extrema derecha defiende, de entrada, una reducción de 2.000 millones de euros en la contribución de Francia al presupuesto comunitario. La materialización de esta propuesta desencadenaría una crisis con Bruselas, ya que Francia se comprometió a respetar el actual presupuesto comunitario (2021-2027) y su incumplimiento abriría un procedimiento de sanción que previsiblemente desembocaría en una multa.

En materia de seguridad, Jordan Bardella y Marine Le Pen proponen endurecer las penas mínimas para delitos ligados al tráfico de drogas y para los condenados por atentar contra la autoridad pública. Además, plantean suprimir las ayudas familiares para los padres de menores que cometan un delito (una medida que también podría ser contraria al derecho francés).

El endurecimiento de penas mínimas ya se probó en los últimos años del mandato de Nicolas Sarkozy, antes de ser suprimidos por François Hollande y, según un estudio del Instituto de Políticas Públicas, no tuvieron “ningún efecto disuasivo a corto plazo”. Además, podría agravar el problema de saturación de las prisiones francesas, por el que el Estado ha sido reprendido en varias ocasiones por múltiples organismos internacionales.