30 de agosto. Es la fecha límite que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha puesto a los líderes de los 27 para que le hagan llegar las propuestas de comisarios para el nuevo gobierno comunitario.

Es a los gobiernos de la UE a los que corresponde plantear los nombres para componer el Colegio de Comisarios, que tendrá un mandato de cinco años. En este caso, no tienen que hacerlo el tripartito alemán, que ya tiene representación por la propia Von der Leyen, a pesar de que no es de ninguna de las familias que forman parte del ejecutivo, y tampoco el Gobierno de Estonia dado que ya estará representado por la ex primera ministra Kaja Kallas, que fue propuesta para sustituir a Josep Borrell como alta representante.

Una de las peticiones que ha hecho expresamente la presidenta de la Comisión Europea es que le envíen dos propuestas (un hombre y una mujer) para garantizar la paridad en el futuro ejecutivo comunitario. “Es una petición para cumplir el objetivo de la igualdad de género en el Colegio de Comisarios”, ha respondido la coportavoz del gobierno comunitario, Arianna Podesta, a la pregunta de qué base legal tiene Von der Leyen para plantear esa exigencia.

Ya hay algunos que han anunciado que no lo harán, como el irlandés, que se ha empeñado en proponer sólo al ministro de Finanzas, Michael McGrath. Pedro Sánchez, por ejemplo, sólo ha manifestado la intención de plantear a la responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para quien quiere una vicepresidencia vinculada con el medio ambiente y la economía social. “No voy a especular más sobre escenarios hipotéticos”, ha dicho Podesta sobre la negativa de algunos estados miembos a enviar dos nombres.

Von der Leyen ha exonerado de hacer varios planteamientos a los países que quieren mantener a los actuales miembros del gobierno comunitario, como el actual vicepresidente económico, el letón Valdis Dombrovkis.

La presidenta de la Comisión Europea ha activado con su misiva el procedimiento con el que tendrá que componer el puzle de su nuevo gabinete, teniendo en cuenta también los equilibrios geográficos e ideológicos (en 2019 repartió vicepresidencias entre los populares, socialistas y liberales).

Una vez atribuidas las diferentes carteras, los futuros comisarios tendrán que someterse al escrutinio del Parlamento Europeo. Primero, la Comisión de Asuntos Jurídicos examina las declaraciones de intereses financieros para determinar si existen conflictos de interés.

Una vez superan ese trámite, cada comisario propuesto debe responder por escrito a varias preguntas, incluidas algunas de los miembros de las comisiones responsables de la cartera que se le ha asignado. El primer bloque de preguntas gira en torno a su competencia general, el compromiso europeo y la independencia personal, la gestión de la cartera y la cooperación planificada con el Parlamento. Después se someten a una audiencia de tres horas ante la comisión correspondiente antes de realizar la evaluación (para la que pueden pedirle información extra por escrito).

Los coordinadores de los grupos políticos preparan una carta de evaluación del candidato en la que dicen si está capacitado para ser un miembro del Colegio de Comisarios y llevar a cabo las tareas asignadas por la presidenta. En 2019, el Parlamento Europeo tumbó a los candidatos a comisarios de Rumanía, Hungría y Francia, que tuvieron que hacer otras propuestas. Cuando todos los aspirantes superan sus procedimientos, se produce una votación para ratificar el nuevo gobierno comunitario, que necesita la mayoría de los votos emitidos en el pleno de la Eurocámara.

La previsión es que el nuevo Colegio de Comisarios eche a andar, tras ese procedimiento, el 1 de noviembre, aunque no se descarta que, si hay sobresaltos, como el rechazo del Parlamento Europeo a alguno de los aspirantes, se dilate.