Las actas no aparecen, las dudas sobre el recuento aumentan tras el comunicado de la misión de observación electoral autorizada por Nicolás Maduro, el Gobierno recrudece la persecución a opositores pidiendo a los ciudadanos denunciar a los manifestantes y la misión independiente de la ONU para Venezuela denuncia la “reactivación de la maquinaria represiva”.

En paralelo, la oposición, reivindica la victoria con un recuento propio que dice haber realizado con las actas a las que asegura haber tenido acceso a través de sus testigos y apoderados. La oposición ha presentado en una página web el desglose de votos por estado, municipio, parroquia, centro electoral y mesa de votación. El miércoles por la tarde aseguraban haber digitalizado más de 24.000 actas, que corresponden al 81,21% del total. Sin embargo, ningún organismo internacional ha validado su conteo.

Mientras tanto, la página oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), que dio la victoria a Maduro con un 51,2% de los votos, sigue inoperativa y las autoridades denuncian un hackeo masivo que ha complicado todo el proceso.

Este miércoles, el presidente Maduro ha recurrido al Tribunal Supremo de Justicia para que “se aboque a dirimir este ataque contra el proceso electoral, este intento de golpe de Estado, utilizando el proceso electoral y aclare todo lo que haya que aclarar sobre estos ataques, sobre este proceso”.

Las actas son documentos que se elaboran en las mesas electorales el día de la elección, después del conteo de papeletas, y tienen acceso a una copia tanto la autoridad electoral como los testigos o apoderados de cada partido político. La ciudadanía también puede llegar a verificarlas.

Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, explica a elDiario.es que estas actas no pueden falsificarse: “Se imprimen en las máquinas en un papel especial, de seguridad, que tiene los logos del CNE por detrás”. Además, cada una tiene un código QR y un código alfanumérico.

Ya en su informe de observación tras las elecciones de 2013, el Carter Center, cuya delegación también ha estado invitada por el Gobierno de Maduro para seguir el proceso en estos comicios, que ha considerado no democráticos, emitía una clara recomendación sobre la función de “los comprobantes de papel” ante situaciones como la que vive actualmente el país.

“Amplias auditorías, antes y después de las elecciones, han demostrado la precisión de las máquinas de votación automatizadas. Sin embargo, las normas electorales que estipulan la verificación de los resultados electrónicos a través del conteo de los comprobantes de papel emitidos por las máquinas, y su comparación posterior con los números expresados en el acta de escrutinio, a los efectos de fortalecer la transparencia y la confianza en el sistema, no especifican planes de contingencia en caso de que detecten discrepancias importantes en este proceso”, señalaba el informe.

En ese mismo texto, la organización detalla el funcionamiento del recuento: “Los votos que el CNE toma en cuenta para obtener los resultados electorales oficiales son los votos transmitidos por vía electrónica a la sede del CNE, no los comprobantes de papel impresos por las máquinas de votación en las mesas de votación”.

“Antes de que se transmitan los resultados al CNE, el presidente de la mesa de votación debe asegurarse que las máquinas impriman un original y varias copias del acta de escrutinio. Dichas copias se reparten luego entre las que se envían a la sede electoral central y las que se distribuyen entre los testigos de los partidos. En dichas actas se registra además, en forma manual, el número de votantes que firmaron los cuadernos de votación. Los miembros de mesa y los testigos firman las actas”, añade.

Los expertos consultados creen que no hay un motivo por el que el CNE no haya publicado las actas tres días después de las elecciones.

Celina Carquez, periodista venezolana, explica a elDiario.es que, según técnicos electorales “el sistema de votación en Venezuela es automatizado. Da los votos reales”. “En anteriores elecciones, se da un primer boletín y, entre cuatro y seis horas después, se publica la información en la página web del CNE, mesa por mesa, centro por centro”, dice Carquez.

Alarcón, del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno, añade que “el CNE obtiene las actas digitalizadas en cuestión de segundos”. Pero si muestran estas actas a día de hoy, cree que el Gobierno no podría sostener el resultado que dieron el domingo por la noche. “Aquí hay un esfuerzo por ver cómo se fabrica un resultado que se pueda explicar”.

“Si Maduro hubiera ganado, tanto él como el CNE serían los primeros interesados en que todos los resultados estuvieran publicados ya, antes de que la oposición publicara nada”, concluye, descartando la teoría del hackeo.

Carmen Beatriz Fernández, experta venezolana en comunicación política y profesora en la Universidad de Navarra, cree que la teoría del hackeo “no es muy verosímil”. Fernández explica que cuando los operadores del CNE imprimen las actas y después transmiten los resultados, lo hacen por una intranet encriptada. “Un hackeo tendría que haberse hecho sobre las 30.000 máquinas emisoras. Aun si esto fuera posible, que es improbable, las actas impresas por las máquinas y las copias que publica la oposición ahora no hubieran sido afectadas por el supuesto hackeo”.

La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela se pronunció este miércoles y mostró su preocupación por la “nueva ola de persecución contra los líderes de los partidos políticos de la oposición”.

Patricia Tappatá, experta de la misión, aseguró que “estamos asistiendo a la reactivación acelerada de la maquinaria represiva que nunca fue desmantelada y ahora es utilizada para socavar las libertades públicas de los ciudadanos y su derecho a la participación política y la libre expresión de las ideas”.

La misión también rechazó la detención del político opositor Freddy Superlano y aseguró que, según información a la que tuvieron acceso, las personas que detuvieron al exdiputado “serían miembros del SEBIN”, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

El martes por la tarde, en un mensaje televisado, Nicolás Maduro se dirigió a la población y aseguró que “están presos todos los criminales que tumbaron la estatua de Chávez”.

Maduro aseguró que abrirían una “ventana especial” en VenApp, una red social impulsada por el Gobierno en 2022, cuestionada por el acceso a los datos de las personas que la descarguen, que funciona como una vía para hacer denuncias.

El mandatario dijo que abrían este nuevo espacio “para que ahí, de manera confidencial, me pongan los datos de todos los delincuentes que han amenazado al pueblo, que han atacado al pueblo”. “¡Para ir por ellos, para que haya justicia pronta!”, dijo alzando la voz.

El presidente ha dicho que ahora “hace falta la mayor unión de las fuerzas populares, las fuerzas militares y las fuerzas policiales”. El mandatario convocó, a partir del miércoles “a todos los sectores sociales, todas las fuerzas populares de base” a “iniciar un cronograma de movilización que será anunciado”.

“El sábado los invito especialmente, para que hagamos la madre, la mamá, la mamaíta, de todas las marchas para celebrar la victoria de la paz en Caracas”, anunció.

“El fascismo se desató. Ustedes saben que yo estuve denunciando este plan, por eso es que no debemos bajar la guardia”, ha señalado Maduro, que definió a Edmundo González como “el nuevo Guaidó”. “Venga por mí, cobarde”, le dijo.

En la misma línea, el martes por la tarde, Jorge Rodríguez, el presidente del Parlamento y jefe de campaña de Maduro, dijo que “con el fascismo no se puede tener contemplación”.

Rodríguez aseguró que Edmundo González Urrutia y María Corina Machado deben ser detenidos. “Tiene que actuar el Ministerio Público como está actuando, no solamente con los malandros, drogadictos”, afirmó . “Tienen que ir presos sus jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron. Y con jefes no me refiero solamente a María Consuelo Machado, que tiene que ir presa, me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista”.

El martes se supo que Freddy Superlano, exdiputado opositor de Voluntad Popular, y dos de sus trabajadores habían sido detenidos. Entre los capturados también está Ricardo Estévez, dirigente de Vente Venezuela.

Pedro Urruchurtu Noselli, miembro del partido de oposición Vente Venezuela, denunció en su cuenta de X que funcionarios de seguridad del Gobierno rodearon “la residencia de la embajada argentina en Caracas”. “Buscan tomar esta sede diplomática”, aseguró. Urruchurtu está asilado en la embajada desde hace meses.

Foro Penal, una ONG de derechos humanos venezolana, había contabilizado hasta el martes 177 capturas a causa de las manifestaciones. La misma organización denunció que varias de las personas detenidas no habían tenido opción de elegir a sus abogados y, en lugar de esto, les asignaron defensores públicos.

“Nos informan que han realizado audiencia a distancia por vía telemática a algunos de los manifestantes en varios estados del país sin permitir la asistencia de defensa privada o la asistencia de una organización de defensa a los Derechos Humanos”, aseguró Laura Valbuena, coordinadora de Foro Penal en el estado de Zulia.

La organización también registró 11 personas fallecidas el 29 de julio. “Nos preocupa el uso de armas de fuego. Requerimos una investigación en relación a todos estos casos”, dijo Alfredo Romero, director de Foro Penal, en una rueda de prensa. “También nos preocupa enormemente que dentro de los fallecidos hay dos personas menores de edad”.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha condenado las violaciones a la libertad de prensa. En los últimos días, señaló, “periodistas fueron atacados, intimidados y detenidos y se obstaculizó la labor de los medios”. 

La SIP citó varios ataques, entre ellos la detención de Paul León, camarógrafo y periodista deportivo de VPItv, el 30 de julio durante un operativo conjunto de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la policía del estado Trujillo. “Hasta el momento, se desconoce su paradero”, alerta la organización. El martes también fueron detenidos Yousner Alvarado, camarógrafo del medio Noticia Digital y Joaquín de Ponte.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se ha pronunciado este miércoles y ha pedido “imperativa transparencia”. En su comparecencia para hacer balance del curso, reclamó que el gobierno de Maduro muestre las actas para reconocer el resultado electoral. “Seguimos con preocupación los acontecimientos que se están viviendo en Venezuela”, aseguró.

Tras varios días de silencio atronador, el presidente colombiano, Gustavo Petro, compartió en su cuenta de X un mensaje en el que expone que “las graves dudas” alrededor de los comicios pueden llevar al pueblo venezolano “a una profunda polarización violenta con graves consecuencias de división permanente”.

Los ministros de Exteriores de los países del G7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos) han pedido a Venezuela que publique “resultados electorales detallados con total transparencia”. “Los informes de observadores independientes nacionales e internacionales han expresado serias preocupaciones sobre los resultados (...) sobre la forma en que se llevó a cabo el proceso electoral, especialmente en relación con las irregularidades y la falta de transparencia en el recuento final de los votos”, expresaron.