Después de dos meses de convulsión política, el presidente Emmanuel Macron está disfrutando de un respiro estival. El jefe de Estado pasa el verano a caballo entre la residencia presidencial del fuerte de Bregançon y París, donde se le ha visto regularmente entusiasmándose y haciéndose fotos con los campeones olímpicos franceses.

Unos días antes del comienzo de los Juegos Olímpicos, en su primera intervención televisiva después de las elecciones legislativas, Macron había admitido por primera vez la derrota de su partido en las elecciones, aunque mantuvo que “nadie había ganado”, ya que ningún bloque tiene mayoría absoluta. El presidente pidió una “tregua política” durante las dos semanas de competiciones y anunció su intención de nombrar un primer ministro “a mediados de agosto”, para que intente construir una alianza entre diferentes partidos.

Desde entonces, Macron y los miembros del Gobierno (en funciones) han evitado hablar de política y se concentran en acompañar las victorias de los atletas franceses y los éxitos de la organización del evento. Porque, de todas formas, las Olimpiadas han sido el centro de atención las últimas dos semanas, eclipsando de paso la política nacional. “Emmanuel Macron es ridículo”, denunciaba hace unos días a Libération la líder de Europa Ecología-los Verdes Marine Tondelier. “Después de decir que no hay que politizar el deporte, no hace otra cosa”.

De manera general, la imagen que se está transmitiendo de los JJOO es la de un éxito popular, con profusión de banderas tricolores y de Marsellesas. Y un público entregado a los éxitos de los deportistas franceses, ya sea siguiendo las pruebas en vivo o a través de las pantallas gigantes de las fan zones que se han habilitado por todo el territorio francés.

Así, entre celebraciones con los atletas en París y el sol de la costa mediterránea, Emmanuel Macron continúa preparando las semanas decisivas que llegan con el final de las Olimpiadas. Varios medios franceses apuntan que el jefe de Estado esta buscando un perfil concreto: una persona que no forme parte de su partido y que sea capaz de forjar una alianza amplia que incluya diputados de derecha y de centroizquierda.

La propuesta de pacto legislativo presentada por los diputados de derecha en las semanas posteriores a las elecciones ha reforzado en las últimas semanas la hipótesis de un candidato procedente de la derecha gaullista para dirigir el nuevo Ejecutivo. Pero la fragmentación parlamentaria hace necesario también negociar el apoyo (o la abstención) de un buen número de diputados de la izquierda.

Si el nombre de Xavier Bertrand (presidente conservador de la región de Alta Francia y antiguo ministro con Chirac y Sarkozy) es el que más suena, también se han evocado otros como el del antiguo primer ministro socialista Bernard Cazeneuve o el de Michel Barnier, principal negociador europeo del Brexit.

Por su parte, el izquierdista Nuevo Frente Popular (NFP), la coalición más votada en las pasadas elecciones legislativas, sigue reivindicando la prioridad en las negociaciones para la formación de gobierno y la figura de su candidata, Lucie Castets, como la mejor situada para liderar ese ejecutivo. De momento, Macron ha optado por ignorar a la alta funcionaria, que da sus primeros pasos en la política nacional y que, de momento, no tiene apoyos fuera del bloque progresista.

Además, Macron sigue intentando excluir al partido Francia Insumisa (LFI) de cualquier negociación de gobierno y obligar al NFP a renunciar a una parte de su programa como condición para alcanzar compromisos. “La urgencia del país no es destruir lo que acabamos de hacer, sino construir y avanzar”, advirtió en julio respecto a las propuestas del Nuevo Frente Popular.

Durante el paréntesis de los JJOO, Castets ha aprovechado para iniciar una campaña que combina desplazamientos y apariciones en los medios, para darse a conocer y reforzar ante la opinión pública la legitimidad de su candidatura a la jefatura del Gobierno. Pero además del rechazo de Macron, la hasta ahora directora financiera del Ayuntamiento de París, tiene que navegar una situación compleja dentro de la coalición, con un desacuerdo de fondo entre Francia Insumisa y el Partido Socialista (PS) sobre la naturaleza del futuro gobierno.

En sus declaraciones, los líderes de LFI exigen la aplicación de una política de ruptura, aplicando todas las medidas posibles incluidas en el programa del NFP a través de los instrumentos reglamentarios de los que dispone el Ejecutivo. Por otro lado, el PS defiende un pacto con una parte de los diputados macronistas para que –con su apoyo o su abstención– permitan formar un gobierno relativamente estable.

En este sentido, Castets, que no forma parte de ningún partido y que emergió como candidata de consenso, intenta mantener con sus declaraciones un difícil equilibrio entre las dos principales formaciones del NFP. “No queremos una moción de censura, pero vamos a aplicar nuestro programa”, aseguró hace dos semanas en una entrevista con BFMTV.

Unos días después, en una entrevista concedida a La Tribune Dimanche, matizó su voluntad para llegar a “compromisos” con todos los partidos, excepto con la ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen.

En paralelo, el todavía primer ministro Gabriel Attal trabaja con los diputados de la coalición centrista en un “pacto de acciones”: un documento de cinco páginas que incluye una serie de medidas para apoyar el respeto de la laicidad, la defensa del poder adquisitivo, la justicia fiscal, la defensa de los servicios públicos, la ecología y el refuerzo de la seguridad. Un documento que pueda servir de base para negociaciones y acuerdos con las otras formaciones políticas.

El propio Attal fue uno de los principales líderes en el interior del partido de Emmanuel Macron en advertir que el jefe de Estado tendrá que adaptarse a una nueva situación, con un cambio en “el centro de gravedad” de las decisiones políticas, que se moverá hacia el Parlamento. En la fase final de su segundo mandato el presidente no podrá controlar la política ni a través de la mayoría absoluta en la Asamblea, como hizo hasta 2022, ni mediante decretos, como ha hecho en estos últimos dos años.