El pasado 1 de agosto, la bandera brasileña ondeaba en la Embajada de Argentina en Caracas. Tras la expulsión de los diplomáticos de siete países latinoamericanos que cuestionaron el presunto triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del día 28 de julio, Brasil acordó con el Gobierno venezolano asumir la protección de las Embajadas de Argentina y Perú.

Pero desde antes de la petición de Biden, Brasil operaba sobre el terreno. Había sido el único país que envió políticos de alto rango para acompañar el pleito electoral. Un día después de las elecciones, Celso Amorim, exministro de Exteriores durante los dos primeros mandatos de Lula y actual jefe de la Asesoría Especial de la Presidencia brasileña, se reunió con Maduro. Posteriormente, Brasil recibió al candidato opositor Edmundo González Urrutia en la residencia particular de su embajador en Caracas, según confirman a elDiario.es fuentes diplomáticas.

A principios de agosto, Brasil contaba ya con la confianza del Gobierno venezolano, de la oposición y de Estados Unidos. El temple negociador de Brasil reclamaba entonces a Nicolás Maduro las actas de las elecciones y a la oposición, respetar los cauces institucionales. Mientras tanto, el Gobierno brasileño garantizaba la seguridad de los seis venezolanos asilados en la Embajada argentina, colaboradores de la líder de la oposición, María Corina Machado, a la que la Justicia le impidió ser candidata presidencial.

El choque frontal de resultados electorales –el Gobierno afirma haber ganado con un 51,11% de los votos. La oposición, por su parte, asegura haber obtenido un 67% con el 83,50% de las actas– provocó un escenario de caos y protestas: al menos 24 muertos (según la ONG Provea) y miles de detenidos acusados de terrorismo por las autoridades venezolanas. Mientras algunos países se apresuraron a otorgar la victoria de Edmundo González Urrutia, Brasil no reconocía el triunfo de ninguna de las partes. Y en medio de la tensión en Venezuela y de la creciente presión internacional, el Ejecutivo de Lula intenta propiciar una tercera vía: la iniciativa de mediación conjunta de Colombia, México y Brasil.

En la noche del 1 de agosto, con la bandera brasileña ya ondeando en la embajada argentina, los Gobiernos de esos tres países lanzaron un primer comunicado conjunto destacando que “las controversias sobre el proceso electoral deben ser dirimidas por la vía institucional”. El texto, que llamaba a la “verificación imparcial de los resultados”, llegó un día después de que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington y de histórico cariz antichavista, intentara aprobar un escrito que exigía la publicación de las actas de las elecciones. El Ministerio de Exteriores de Brasil explicó que, además de que Venezuela no es miembro de la OEA, Brasil se abstuvo porque considera que “es la propia Venezuela y sus leyes las que definen cómo se verifican los resultados”.

El segundo comunicado conjunto, que llegó el pasado jueves tras la reunión virtual de los presidentes brasileño, colombiano y mexicano, contenía un detalle crucial: los cancilleres de los tres países manifestaron que consideran “fundamental la presentación por parte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) de los resultados de las elecciones presidenciales desglosados por mesa de votación” –algo que debería haber ocurrido en las 48 horas posteriores a las elecciones, según la Ley Orgánica de Procesos Electorales de Venezuela. El Gobierno justifica la no publicación con un presunto hackeo–. La petición pretende desmantelar la estrategia de Nicolás Maduro, que intenta transferir la verificación de las actas al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), al que la oposición acusa de estar controlado por el Gobierno.

A su vez, el comunicado insiste en la “verificación imparcial de los resultados”. Una fuente diplomática brasileña involucrada en la mediación sostiene que la auditoría de los resultados no tiene que realizarse necesariamente por actores internacionales, ya que Venezuela tiene reputados profesionales en dicho campo, algo no compartido por el Gobierno de Colombia. 

Filipe Reis, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Estadual de Pernambuco (UEPB), afirma a elDiario.es que es necesario esperar a que la Justicia electoral venezolana juzgue las denuncias presentadas por la oposición. “Después de ese juicio, las partes deben aceptar el veredicto, si están dispuestas a volver a la normalidad democrática”, asegura. Sin embargo, fuentes de la diplomacia brasileña reconocen que cada día que pasa se enfría la posibilidad de que se hagan públicas las actas. La mismísima Cristina Krichner, expresidenta argentina, ha pedido la publicación de las actas, “no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición y por la democracia”, sino también “por el propio legado de Hugo Chávez”.

Todas las miradas están puestas en Lula da Silva. Sin embargo, el gran articulador de la diplomacia brasileña es su asesor Celso Amorim, poderoso ministro en la sombra. Amorim, interlocutor histórico de Brasil con los gobiernos de Hugo Chávez, continúa presionando para la publicación de las actas porque desconfía en los datos oficiales. Sin embargo, en una entrevista con Globo News aseguró que tampoco “confía en las actas de la oposición”, que se jacta de su presunto triunfo en una web. “Los datos de la oposición no son confiables. No podemos reconocerlos, y hacerlo significaría un precedente peligroso para la región, porque abriría la puerta a cualquier apuración electoral paralela”, afirma la fuente diplomática brasileña consultada por este periódico. La postura brasileña choca con la expresada por la jefa de la misión de observación electoral del Centro Carter, con sede en la ciudad estadounidense de Atlanta, que da por buenas las actas publicadas por la oposición.

La gran apuesta de Celso Amorim es la instauración de una especie de “amnistía recíproca” para que quien perdió “las elecciones pueda continuar viviendo normalmente y seguir siendo candidato”. La amnistía recíproca vendría de la mano del fin de las sanciones económicas que pesan contra Venezuela.

“Es muy difícil para un país que depende del petróleo no poder vender petróleo”, afirmó Amorim a Globo News. Las sanciones económicas contra Venezuela, según una fuente del Ministerio de Exteriores de Brasil, no sólo van en contra del derecho internacional, sino que golpean a la población civil y profundizan la crisis migratoria.

A pesar de las diferencias ideológicas con Lula, la mayoría de fuerzas conservadoras de América Latina también se han encomendando a su rol negociador. El pasado lunes, treinta exjefes de Estado de España y América Latina, miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), mandaron una carta abierta a Lula pidiéndole el mismo “compromiso con la democracia y la libertad de la que goza su pueblo” para Venezuela.

El mensaje de la organización conservadora IDEA, que denunciaba el “secuestro de la soberanía popular” y una “violación sistemática de los derechos humanos de los venezolanos”, pretendía forzar críticas de Brasil al Gobierno de Nicolás Maduro.

A diferencia de la esfera internacional, la mayoría de actores conservadores de Brasil recelan del papel mediador de Lula en Venezuela por su histórica relación de cordialidad con el chavismo. El hecho de que el Partido dos Trabalhadores (PT) de Lula reconociera la victoria de Nicolás Maduro en una jornada “pacífica, democrática y soberana” –algo que obligó al Gobierno brasileño a desmarcarse de esa posición– profundizó la desconfianza de las fuerzas conservadoras. 

El rotativo Estadão de São Paulo decretaba el pasado viernes que la “dificultad de negociar la crisis en Venezuela evidencia el fracaso de la agenda de Lula para la región”. “El liderazgo no se conquista, se ejerce. El Gobierno debería haber comprendido el escenario y propuesto un nuevo proyecto de integración para América del sur liderado por Brasil”, asegura en dicho texto Hussein Kalout, quien fue secretario especial del expresidente Michel Temer (2016-18), aliado intelectual de un destacado miembro del Ejecutivo de Jair Bolsonaro.

A pesar de la desconfianza de los actores conservadores brasileños, la oposición venezolana legitima la mediación de Lula. La propia María Corina Machado, que sigue acusando al Gobierno de su país de fraude electoral y denunciando la violación de los derechos humanos, ha refrendado la vía diplomática brasileña.

“Reconozco el esfuerzo [de Brasil] y creo que es necesario que exista un espacio de mediación entre las partes para que la solución del conflicto sea pacífico”, aseguró en una entrevista al medio brasileño O Globo. “Las posturas más equilibradas tienen más posibilidades de contribuir a la paz que las posturas más extremas o que busquen interferir en la soberanía de otros países. La postura de Brasil es una muestra de eso, pues mantiene el diálogo abierto con Estados Unidos, con la Unión Europea y con Venezuela”, afirma el profesor de Relaciones Internacionales Filipe Reis.

La solución a la encrucijada venezolana sigue sin estar a la vista. De momento, las llamadas a la moderación del eje Brasil-Colombia-México y de la propia oposición han ayudado a frenar una escalada de la violencia en las calles de Venezuela. “Brasil intenta evitar que la situación empeore, alejando la ansiedad de las negociaciones. No existe solución ni inmediata ni simple”, confiesa una fuente del Ministerio de Exteriores de Brasil.

Tras encontrarse con el presidente chileno, Gabriel Boric, en Santiago de Chile al inicio de la semana, Lula se mostró fiel a su receta. Boric, muy crítico con el gobierno de Nicolás Maduro, denunció la persecución de la oposición. Lula, al regresar a territorio brasileño tras su visita, exigió “respeto por la soberanía popular” de Venezuela y llamó a “defender la transparencia de los resultados”.