A menos de un mes de dejar el Gobierno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha logrado sacar adelante su ambiciosa reforma de un poder judicial que consideraba “podrido”.

El partido en el Gobierno, Morena, y sus aliados necesitaban solo un voto extra en el Senado para pasar el texto por mayoría cualificada de dos tercios que exige un cambio en la Constitución. Fue el senador opositor Miguel Ángel Yunes, del PAN, el que ha hecho que la reforma haya podido salir adelante en el Senado tras unas 12 horas de intenso debate, interrumpido por la irrupción de manifestantes en el pleno del recinto, lo que obligó a cambiar de sede.

La semana anterior, los diputados tuvieron que sesionar en una cancha deportiva porque cientos de manifestantes les impidieron acceder al edificio del Congreso. Ha sido la primera tarea de estas nuevas cámaras, que comenzaron sus sesiones en septiembre. Toca ahora que la ratifiquen al menos 17 de los 32 estados que componen el país, mero trámite ante el mapa político de México que quedó tras las últimas elecciones. La presidenta electa Claudia Sheinbaum tendrá por delante la ardua tarea de implementarla sin demasiados referentes internacionales. En Estados Unidos se votan a algunos jueces locales y en Bolivia, desde hace 15 años, se eligen a 26 altos cargos.

Estas son algunas claves para entender la reforma:

Los rifirrafes de AMLO y el poder judicial

“Los impartidores de justicia deben servir al pueblo, a sus causas y mandatos, y no, como ocurre ahora, operar bajo la consigna de beneficio de grupos o de facciones políticas, económicas, y hasta bajo consigna de intereses delictivos”, decía hace un año López Obrador durante su quinto informe anual de gobierno, en el que anunció que enviaría al Congreso una reforma del Poder Judicial. 

Durante el sexenio, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo órgano de justicia del país, han echado para atrás varias reformas del presidente después de que pasaran por el Congreso, donde tenía y sigue teniendo la mayoría. Una de las más sonadas fue la iniciativa para recortar el presupuesto y las funciones del Instituto Nacional Electoral. También anuló el decreto que aseguraba como proyectos de seguridad nacional algunas de sus principales obras de infraestructura como el turístico Tren Maya, en la península de Yucatán, al que se oponían los ecologistas. 

“A la corte ya la perdimos. Siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder pero ahora de manera descarada está al servicio de los potentados, de la oligarquía”, señaló López Obrador durante una de sus ruedas de prensa 'mañaneras', en las que también ha arremetido contra su presidenta, Norma Piña, de quien señala que “siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido”. 

Para el analista Fernando Dworak, se trata de una revancha política. “Como cualquier líder personalista, defiende la democracia mientras sus instituciones y procedimientos digan lo que desea escuchar. Si no, los atacará y tiene la autoridad moral para reafirmarse ante una mayoría”, opina.

López Obrador deja el cargo con más del 60% de aprobación según diferentes encuestas y la reforma forma parte de un paquete de 20 medidas para modificar la Constitución y blindar su legado político a su sucesora.  

Jueces a las urnas y jueces sin “rostro”

En el centro de la polémica está la sustitución de la carrera judicial y las oposiciones por el voto directo de los ciudadanos en las urnas. Casi 2.000 jueces, magistrados y los 11 ministros de la Suprema Corte tendrán que concurrir a elecciones, una en 2025 y otra en 2027 para llegar a renovar todos los cargos. Los 11.000 candidatos iniciales tendrán que pasar después la criba de los tres poderes y un sorteo para llegar a la papeleta en la que aparecerán seis por plaza. 

También bajan los requisitos. Apenas será necesaria la licenciatura en Derecho con una media de ocho, cinco años de experiencia y cinco cartas de recomendación de colegas o incluso de vecinos para poder presentarse. Para Maria Emilia Molina, magistrada y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, este perfil no garantiza la impartición de justicia y la imparcialidad. “La curva de aprendizaje es larga, actualmente tenemos un promedio de 15 años de carrera para llegar hasta aquí. Eliminar a quienes ya estamos en funciones y sustituirnos por personas que no tienen la experiencia ni la capacitación técnica en las distintas materias del derecho es un riesgo para la ciudadanía”, señala. 

Además, como la reforma contempla que no podrán recibir financiación ni pública ni privada, muchos temen que el crimen organizado o los partidos políticos financien de manera oculta las campañas y se cuelen de esta manera en el Poder Judicial. “Cuando vamos a un partido de fútbol vemos a la hinchada de los dos equipos pero jamás de los árbitros porque ellos no son algo popular sino necesario”, ejemplifica Molina. “No puede ser que las personas juzgadoras estén más pendientes en conseguir una reelección que en impartir justicia a los grupos más vulnerables, que es fundamentalmente lo que hacemos al resolver amparos”. 

Otro de los aspectos más controvertidos de la reforma es la de los “jueces sin rostro”, con la que pretenden proteger de la violencia con el anonimato a quienes juzgan procesos relacionados con el crimen organizado. Esta idea no es nueva, en 2010 el presidente Felipe Calderón, que inició la guerra contra el narco, intentó sin éxito introducir esta figura que viene de la Italia de la mafia en los 90 y se ha utilizado en Colombia, Perú y El Salvador. Tanto el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas como la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado en el pasado sobre casos concretos en estos países, denunciando detenciones arbitrarias, torturas y la ausencia de un juicio justo.

Por otra parte, López Obrador siempre ha tenido la austeridad y la lucha contra la corrupción como guías de su política y en esta línea ha incluido reducir los beneficios a los integrantes de la Suprema Corte y un nuevo tribunal disciplinario que investigue las irregularidades a nivel interno cuyos miembros serían elegidos por los otros dos poderes lo que hace que, para Molina, corra el riesgo que quedar al servicio de los intereses políticos. 

Protestas en las calles y una inédita huelga en el poder judicial

“La reforma atenta contra la independencia judicial. No tiene nada que ver la democracia con la imparcialidad. Tienes que escoger a quien proteja tu justicia y no a quien quiera la población”. Isabel Sánchez es abogada y caminaba megáfono en mano gritando consignas junto a un grupo de colegas en una marcha dominical contra la reforma. La propuesta ha sacudido las calles, con varias protestas por semana en distintos escenarios: estudiantes de Derecho en las universidades, el Congreso, el Senado, distintos órganos del poder judicial…

Pero también ha revolucionado los juzgados. Desde el pasado 19 de agosto, miles de trabajadores del Poder Judicial de la Federación tienen paralizados los juzgados, aunque con servicios mínimos, en distintos estados del país. Temen que sus derechos laborales se vean afectados por la reforma. López Obrador calificó de ilegal esta huelga y amagó con dejar de pagar a los que participaran en ella. Los jueces federales y la Suprema Corte se sumaron después a este paro de funciones. 

¿Quién está en contra y quién está a favor?

La relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, envió una carta a López Obrador en la que señalaba que podría “socavar la independencia de la judicatura” y que “el acceso a un poder judicial independiente e imparcial es un derecho humano esencial”.

No fue la única. Estados Unidos y Canadá son los principales socios comerciales de México, con los que tiene firmado un tratado de libre comercio que toca revisar en un par de años. Los embajadores de ambos países salieron a dar sendas ruedas de prensa el mismo día para presentar una preocupación común: que la reforma judicial es un riesgo a la democracia y la separación de poderes y que la posible falta de imparcialidad haría peligrar las inversiones extranjeras. Los mercados ya han anticipado también esto y el peso está cayendo frente al dólar. Las cámaras de comercio y empresariales también se han posicionado en contra y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial Federal ha pedido que se investigue su constitucionalidad. 

Además de la mayoría en las cámaras y un fuerte apoyo popular, López Obrador cuenta con dos aliadas en el corazón de la Suprema Corte. Las ministras Lenia Batres y Loretta Ortiz han defendido la reforma a capa y espada. “Observamos un Poder Judicial y una justicia en México que es cara, elitista, que tiene fuertes sesgos racistas, clasistas, sexistas, mucha parcialidad y actos de corrupción”, señaló Batres en un mitin ante cientos de universitarios que se manifestaron a favor de la reforma frente a la sede del máximo tribunal. 

Los problemas de la justicia mexicana

“Está podrido el poder judicial, ya no representa al pueblo”, ha insistido López Obrador. Según el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional, casi el 60% de la población no confía en la Justicia. Sin embargo, la reforma no afecta a todo el sistema: el nivel local, la policía y las fiscalías (dependientes del poder ejecutivo) quedan afuera y sobre ellos recae el 80% de los procesos que hay en el país. Es ahí donde los expertos señalan que se dan los mayores casos de corrupción y falta de diligencia, y lo achacan a la escasez de recursos y de preparación. 

Tampoco resuelve la impunidad prácticamente total del país. La falta de acceso a la justicia es otro de sus principales problemas: el 90% de los casos no llegan a los juzgados y, cuando lo hacen, tardan en resolverse entre tres y cinco años. Además, dos de cada cinco personas están en prisión sin sentencia, según el Censo Nacional del Sistema Penitenciario.

La propuesta ha puesto sobre la mesa la necesidad de una transformación, pero muchos dentro y fuera del sistema judicial apuntan a que no es esta. En un ejercicio de autocrítica y como intento de salvación, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, presentó el domingo una reforma alternativa y señaló que “la demolición del poder judicial no es la vía, como se pretende”.