El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) ha muerto este miércoles en su casa de Lima a los 86 años por un cáncer. Fujimori salió en diciembre pasado de la cárcel en la que cumplía una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad beneficiado por un indulto.

Fujimori nació en 1938 y ejerció un gobierno de mano dura en Perú entre 1990 y 2000. Su primeria victoria fue contra el escritor Mario Vargas Llosa y fue reelegido otras dos veces en medio de denuncias de fraude.

Fujimori dio el 5 de abril de 1992 un golpe de Estado con el apoyo de las Fuerzas Armadas que lo llevó a asumir todos los poderes del Estado, después de cerrar el Congreso e intervenir el Poder Judicial y el Tribunal de Garantías Constitucionales. Tras la presión de países y organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), el gobernante convocó a un Congreso Constituyente que promulgó en 1993 una nueva Constitución Política, que aún está vigente.

Durante su mandato se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y se gestó la mayor red de corrupción de la historia peruana, liderada por su asesor “en la sombra” Vladimiro Montesinos, quien también está preso.

Con la difusión, en septiembre de 2000, de un vídeo en el que se veía a Montesinos entregando dinero a un congresista opositor, se vio obligado a anunciar que iba a convocar a nuevas elecciones, a las que aseguró que no se presentaría. Dos meses después, escapó del país y renunció a la Presidencia mediante un fax enviado desde Japón, donde permaneció hasta 2005, cuando viajó a Chile, que lo extraditó a Perú en 2007.

El exgobernante cumplió su condena desde 2009 en una prisión policial de Lima adaptada exclusivamente para él y que, según sus opositores, era una “cárcel dorada” que no se comparaba a las condiciones del resto de la población penitenciaria del país y donde recibió continuamente a sus familiares y partidarios.

Durante los últimos años, fue operado en seis ocasiones de una dolencia precancerígena en la lengua, conocida como leucoplasia, y también afrontó problemas estomacales, vasculares, de presión arterial y pulmonares. En 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski lo indultó con el argumento de que una junta médica había determinado que padecía una “enfermedad progresiva, degenerativa e incurable” y que las condiciones carcelarias implicaban grave riesgo para su vida.

Investigaciones posteriores señalaron que el indulto fue otorgado como consecuencia de un aparente acuerdo político con el hijo menor del exmandatario, el entonces legislador Kenji Fujimori, para evitar que prospere la destitución por acusaciones de corrupción contra Kuczynski, quien finalmente renunció al cargo en marzo de 2018.

La gracia presidencial fue anulada posteriormente por un juez y Fujimori debió volver a la cárcel, después de que Kuczynski dejará el cargo y Kenji fuera desaforado por el Congreso en medio de un duro enfrentamiento político con su hermana Keiko. En octubre de 2021, fue sometido a un cateterismo en el corazón en una exclusiva clínica de Lima, para aliviar una obstrucción en una arteria, y en noviembre volvió a ser internado por complicaciones por una fibrosis pulmonar. A esas enfermedades sumó un nuevo tumor maligno que le fue detectado en mayo pasado.

Su muerte ha interrumpido también otros juicios abiertos en su contra y por los que miles de víctimas siguen esperando reparación. Entre ellas, las esterilizaciones forzosas, la masacre de seis campesinos, la venta de armas a las desmovilizadas FARC y un caso de corrupción.

En el régimen de Fujimori se diseñó y presentó un plan de control de la natalidad que planteaba reducir los índices de pobreza y tasa de nacimientos entre la población rural y de la selva peruana, con el fin de elevar las condiciones económicas del país.

Sin embargo, este plan dio prioridad a la llamada anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), principalmente entre mujeres, sin cumplir con los protocolos de información previa, voluntad y condiciones adecuadas, e imponiendo “cuotas” para los médicos a cargo de las operaciones.

Este caso ha sido abierto y archivado varias veces en Perú desde que se denunciaron los hechos y han incluido, además de a Fujimori, entre los responsables, a los entonces ministros de Salud por haber dado presuntamente instrucciones para la ejecución de ese programa, con incentivos para el personal médico que participó.

En agosto pasado, la Justicia peruana confirmó la anulación de la acusación penal contra el expresidente, lo que dejó sin efecto todas las diligencias y actos procesales realizadas entre 2021 y 2023. Esta decisión, según reportaron entonces medios locales, ratificó que el caso debía regresar hasta la etapa de presentación de la denuncia penal por parte de la Fiscalía, es decir hasta marzo de 2019.

Eternamente asociado a Fujimori queda para la historia su exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, el “hombre fuerte” de su gobierno, que fue condenado en enero pasado a 19 años y 8 meses de cárcel por las matanzas de Pativilca y La Cantuta, cometidas en 1992 por el grupo militar encubierto Colina.

La jueza Miluska Cano, que preside la Cuarta Sala Penal Superior Nacional, precisó entonces que esta condena se considera “compurgada” (ya cumplida) porque el exasesor está en prisión desde enero de 2001 y en este caso aceptó la “autoría mediata” (con dominio del hecho) de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato y desaparición forzada.

La Fiscalía pidió que todos los implicados en este juicio, entre los que están Fujimori, Montesinos y otras 21 personas, sean condenados a un mínimo de 25 años de prisión.

Los demás procesados no aceptaron acogerse a la figura jurídica de la “conclusión anticipada” por lo cual debían seguir siendo enjuiciados.

Fujimori, que renunció en el 2000 por fax desde Japón, país natal de sus padres y cuya nacionalidad reclamó, no podía ser trasladado a Perú, puesto que el país asiático no extradita a sus connacionales. Por eso, el exmandatario fue arrestado durante una inesperada visita a Chile.

Desde ese momento, cualquier causa nueva debía contar con el visto bueno de los tribunales chilenos. La Procuraduría peruana anunció en enero pasado que la Corte Suprema del país austral había aprobado una petición para ampliar los delitos por los que Fujimori fue extraditado en 2007.

Pese a que no aclaró de qué delitos se trataba, medios locales indicaron que figuran la venta ilegal de armas a la hoy desmovilizada guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 1999.

En este caso es acusado de los presuntos delitos contra la seguridad pública (suministro ilegal de armas de fuego) y contra la tranquilidad pública (asociación ilícita para delinquir).

Tal y como ha recordado el diario El Comercio, también ha pesado una acusación contra Fujimori por el 'Caso Chavimochic'. En este proceso, el exmandatario era acusado de haber autorizado el uso de 800.000 dólares de fondos públicos para que un amigo suyo, Augusto Miyagusuku, comprara terrenos agrícolas en el proyecto de irrigación Chavimochic, en el norteño departamento de La Libertad.

Siempre según el rotativo que citó a la acusación fiscal, la compra de los terrenos “fueron producto directo de las actividades delictivas en las que participó el procesado Miyagusuku y Alberto Fujimori, siendo que el primero actuó como testaferro de este último”.

Adicionalmente y con menos recorrido hasta el momento, Fujimori era reclamado por otros casos como los de las presuntas ejecuciones extrajudiciales en el penal Castro Castro (1992) y tras el rescate en la residencia del embajador japonés en Lima (1997) o el secuestro y homicidio de seis miembros de la familia Ventocilla, cometido en 1992 por el grupo Colina.