Domingo 8 de septiembre a las 5.16 de la mañana. El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, publica un post en X con un anuncio: “Edmundo González, a solicitud suya, vuela hacia España en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas.

Seis días después el Gobierno de Venezuela anunciaba, este sábado, la detención de dos ciudadanos españoles, a los que vincula con el CNI y de los que asegura que están implicados supuestamente en un plan para llevar a cabo actos “terroristas” en contra de Nicolás Maduro. El arresto ha sido anunciado por el ministro de Interior y de Paz, Diosdado Cabello, durante una comparecencia ante los medios. El Gobierno español ha asegurado que los detenidos no son agentes del CNI y ha informado de que la Embajada española ha enviado una nota verbal al Gobierno de Venezuela pidiendo el acceso a los detenidos, con el fin de verificar sus identidades y su nacionalidad y conocer de qué se les acusa exactamente.

El mensaje del ministro Albares llegaba horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificara de “héroe” a Edmundo González. La marcha de Venezuela del líder opositor, quien desde el 29 de julio se encontraba en dependencias diplomáticas neerlandesas en Caracas, se produjo después de ocho intensos días de conversaciones entre las diferentes partes –González y su entorno más próximo, y los gobiernos español y venezolano– para lograr el visto bueno del Gobierno de Nicolás Maduro al embarque de González en un avión de las Fuerzas Armadas españolas para volar a Madrid, en virtud del asilo concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El encaje de bolillos, en el que desempeñó un papel clave el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, parecía contentar a las partes implicadas aquel domingo 8 de septiembre: el Gobierno venezolano se quitaba a González Urrutia de encima y dejaba descolocada a la oposición; González Urrutia mostraba su agradecimiento al Gobierno de España por la acogida y España demostraba ser un país “amigo” para la oposición venezolana que, al mismo tiempo, era capaz de acordar una operación tan delicada con la administración de Maduro.

Pero esa calma se iría convirtiendo en una tempestad creciente cuyo desenlace aún está por producirse.

Ya el mismo domingo el PP se dedicó a acusar al Gobierno de “cómplice de la dictadura bolivariana” por traer España a una persona que había pedido asilo, y eso a pesar de que algunos de sus dirigentes, como Isabel Díaz Ayuso, había acusado previamente al Gobierno de colaborar con Maduro por no asilar a González Urrutia.

A continuación, el PP decidió señalar que la verdadera líder de la oposición venezolana era María Corina Machado, la que “no se vende”, en detrimento de González Urrutia, si bien registraba una PNL en el Congreso para reconocer a este último como “presidente electo” y, de paso, meter presión al Gobierno y endosarle una derrota parlamentaria además de intentar desgastar la coalición PSOE-Sumar y las relaciones entre el Ejecutivo y el resto de aliados parlamentarios de izquierdas –Podemos, EH Bildu, ERC, BNG–.

En apenas 72 horas, en las que el Partido Popular ha tenido un papel protagonista, la entente cordiale entre Madrid y Caracas, que ya venía tensa por el no reconocimiento de España del triunfo de Nicolás Maduro el 28 de julio, estalló en un conflicto diplomático.

El martes por la mañana, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, anunciaba el voto positivo de su grupo a la propuesta del PP de reconocer a González Urrutia, lo cual tiene valor político si bien no es vinculante. Con ese sí de los nacionalistas vascos, ya le salían las cuentas al PP: el Congreso de los Diputados español se disponía a alinearse con posiciones propias de Javier Milei –más allá de lo defendido por la UE y EEUU– y el miércoles aprobó una proposición no de ley de los populares, que dejaba al Gobierno en minoría, y en la que se instaba al Gobierno de España a reconocer a González Urrutia como “presidente electo”.

Horas después de esa votación, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, pedía a la Comisión de Exteriores de la Cámara legislativa aprobar una resolución para instar al Gobierno de Nicolás Maduro a “romper” todo tipo de relaciones con España.

Veinticuatro horas después de aquello, este jueves por la noche, la crisis escalaba aún más: Venezuela llamaba a consultas a su embajadora en Madrid al tiempo que tachaba de “injerencistas” unas declaraciones de la ministra de Defensa española, Margarita Robles, en las que calificaba Venezuela de “dictadura”.

El jueves, además de las declaraciones de Robles, por la mañana Moncloa difundía unas imágenes de la visita de González Urrutia, donde era recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recién llegado de China, donde pidió no endurecer la política de aranceles europea a los coches eléctricos chinos.

En un contexto en el que hay una espiral que crece cada día que pasa, la semana que entra no parece augurar una desescalada.

El PP de Feijóo se ha propuesto ser el adalid de la oposición venezolana en Europa, como ha venido ocurriendo en el pasado, hasta el punto de haber hecho eurodiputado a Leopoldo López, padre. El partido quiere liderar las posiciones más duras contra Maduro en Bruselas y, en esa línea, se aprobará en el Parlamento Europeo esta semana una resolución semejante a la PNL aprobada el miércoles en el Congreso y que se votará el próximo martes en el Senado. La petición es la misma, es decir, el reconocimiento de Gutiérrez Urrutia como “presidente electo y legítimo” de Venezuela.

La tensión entre Venezuela y España crece. Y la derecha está instrumentalizando la crisis contra el Gobierno.