Es una declaración de una treintena de países sobre Venezuela firmada en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.

En el texto de la declaración, también se llama a una nueva etapa política en Venezuela. “Ahora es el momento de que los líderes políticos venezolanos inicien conversaciones constructivas e inclusivas sobre una transición con garantías para ambas partes para resolver el impás político del país y restaurar pacíficamente las instituciones democráticas de acuerdo con la ley venezolana, así como la voluntad del pueblo expresada a través de sus votos el 28 de julio. Estamos con los millones de venezolanos que siguen arriesgando sus vidas y su bienestar para exigir un futuro más democrático, próspero y seguro para ellos y para su país”.

La declaración aúna países que no reconocen la victoria de Nicolás Maduro y, por tanto, la otorgan más o menos tácitamente a Edmundo González –EEUU y los 27 de la UE–, así como otros que sí han dado el paso de considerar a Edmundo González “presidente electo”, como Argentina y República Dominicana.

“Treinta y un países nos hemos reunido al margen de la Asamblea General de la ONU para debatir la grave preocupación por la urgente situación en Venezuela y reiterar nuestro apoyo al respeto de los principios democráticos y la defensa de los derechos humanos en ese país”, dice la declaración: “Aplaudimos al pueblo venezolano por su participación en las elecciones presidenciales del 28 de julio a pesar de los importantes desafíos. Más de 12 millones de personas acudieron a las urnas y ejercieron su derecho al voto. Su voluntad, expresada en las urnas, debe ser respetada. Sin embargo, han pasado casi dos meses desde las elecciones y los llamamientos a la transparencia electoral tanto de los venezolanos como de la comunidad internacional siguen sin respuesta. Los observadores electorales internacionales han documentado su grave preocupación por la transparencia y la integridad del proceso electoral, en particular por la negativa de la Comisión Nacional Electoral a publicar resultados detallados e independientemente verificables de los colegios electorales, como es preceptivo”.

El comunicado añade: “Seguimos profundamente preocupados por la represión generalizada y continuada, así como por los abusos y violaciones de derechos humanos denunciados tras las elecciones. Estos abusos incluyen detenciones y encarcelamientos arbitrarios (incluso de niños), muertes, denegación de garantías de un juicio justo y tácticas de intimidación contra la oposición democrática y otros miembros de la sociedad civil. En el contexto de la violenta represión contra miembros de la oposición, una orden de detención por motivos políticos dictada el 3 de septiembre contra el candidato presidencial Edmundo González Urrutia, que según los registros electorales públicamente disponibles fue el más votado en las elecciones del 28 de julio, le obligó a abandonar el país”.

En este sentido, los 31 países piden “la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente sin respetar las garantías de un juicio justo. Es fundamental que se permita a los venezolanos expresar pacíficamente sus opiniones políticas, incluso mediante el ejercicio de la libertad de reunión y expresión pacíficas, sin temor a represalias. Pedimos que se ponga fin al uso excesivo de la fuerza, a la violencia política y al acoso contra la oposición y la sociedad civil”.

Y concluyen: “Pedimos el regreso inmediato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Venezuela y las condiciones necesarias para que pueda cumplir plenamente su mandato. Además, hacemos un llamamiento a Venezuela para que respete y cumpla con sus compromisos bajo el Derecho Internacional, particularmente como parte de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, otorgando un salvoconducto a los seis solicitantes de asilo que actualmente se encuentran en la residencia oficial de la República Argentina y permitiéndoles salir del territorio venezolano”.