Este lunes comenzó en París un juicio crucial para el futuro de Marine Le Pen y de su partido.

En concreto, la Fiscalía cree que la formación de extrema derecha puso en marcha un “sistema de apropiación indebida” de las dotaciones asignadas por la Unión Europea a cada miembro del Parlamento para pagar a asistentes parlamentarios (entonces era de 21.000 euros mensuales). Dichos asistentes en realidad habrían trabajado, total o parcialmente, para el partido en Francia. En 2018, el Parlamento Europeo estimó el daño causado en 6,8 millones de euros, en el periodo entre 2004 y 2016.

Junto a Marine Le Pen se sientan en el banquillo de los acusados más de una veintena de figuras -pasadas y presentes- del partido. Incluido Louis Aliot, actual alcalde de Perpiñán. Sobre todos ellos pesan acusaciones de malversación de fondos públicos a través del mencionado sistema de trabajo irregular, además de encubrimiento y complicidad.

Le Pen y los otros antiguos eurodiputados se enfrentan a penas que incluyen multas de hasta un millón de euros y una posible inhabilitación para presentarse a elecciones en un periodo de cinco años. Expertos judiciales consideran que, en caso de condena, lo más probable es que la pena quedase en suspensión a la espera de una decisión firme contra los diferentes recursos que, previsiblemente, presentarán Marine Le Pen y sus coacusados.

Parece difícil que la justicia impida a Le Pen presentarse a la próxima elección presidencial prevista en 2027 (aunque existen algunas excepciones a esa regla en la jurisprudencia francesa, relativas a elecciones locales o regionales). En todo caso, anticipando esos futuros recursos que deben dilatar la sentencia firme varios años, lo más probable es que la próxima campaña presidencial de Marine Le Pen se desarrolle en paralelo al recorrido judicial de este caso.

En realidad, el affaire de los asistentes parlamentarios acompaña a Marine Le Pen desde que recogió el testigo de su padre y se convirtió en líder del partido. En 2014 la Oficina europea de lucha contra el fraude (OLAF), el órgano de control del Parlamento Europeo, recibió una primera información anónima sobre las posibles irregularidades en los contratos de los asistentes parlamentarios del entonces Frente Nacional.

En febrero de 2015 esas sospechas se concretaron cuando el propio partido publicó un organigrama oficial en el que figuraban dieciséis diputados europeos y una veintena de asistentes parlamentarios en cargos relacionados con responsabilidades políticas en Francia y no en Bruselas o Estrasburgo. En marzo de ese mismo año, el entonces presidente del Parlamento, Martin Schulz, notifica el caso al Ministerio de Justicia francés que a su vez lo transmite a la Fiscalía.

A partir de ahí comienza una larga instrucción que se ha dilatado más de nueve años antes de llegar a juicio, en gran parte por los numerosos recursos interpuestos por los abogados del partido de la extrema derecha y por la negativa de los acusados a presentarse a la mayoría de convocatorias judiciales.

Las investigaciones han permitido revelar, entre otras pruebas, un correo electrónico que el tesorero del partido, Wallerand de Saint-Just, envió a Le Pen advirtiéndole de la grave situación financiera. “En los próximos años no vamos a conseguir salir adelante si no realizamos grandes ahorros gracias al Parlamento Europeo y si no obtenemos devoluciones importantes [por parte del Estado francés, que reembolsa una parte de las campañas electorales].

Una estrategia que confirman los testimonios de varios protagonistas - hoy enfrentados con su antiguo partido- que han afirmado a la prensa francesa y a los investigadores que Le Pen habría dado consignas explícitas a los eurodiputados para que contratasen un solo asistente y que el resto del presupuesto sería transferido y gestionado por el partido de forma centralizada.

De confirmarse los hechos, también habría un perjuicio económico para Francia ya que varias de las personas a las que se habría pagado con fondos procedentes de Bruselas trabajaron en diferentes campañas electorales en Francia. Y el gasto de sus salarios fue después reembolsado al partido por el Estado.

Se estima que la formación acumulaba entonces una importante deuda, que siguió creciendo en los años posteriores y que en 2022 llegó a alcanzar los 22 millones de euros. Como señala el propio Parlamento Europeo, que se ha constituido como parte civil ante la justicia francesa, los gastos de los asistentes parlamentarios de 23 diputados - alrededor de 6,8 millones de euros- representaban entonces más del doble de la masa salarial de AN.

Desde la apertura de las primeras investigaciones Marine Le Pen viene defendiendo que los asistentes parlamentarios no tenían la obligación de trabajar únicamente para los diputados europeos. En su opinión lo importante es que el trabajo de los asistentes “era sobre todo político”.

Este lunes, a su llegada al tribunal, Le Pen afirmó “no haber infringido ninguna regla” y declaró mostrarse “serena” antes del inicio del proceso. “Tenemos muchos argumentos para defender lo que, en mi opinión, es la libertad parlamentaria, que es lo que se está poniendo en cuestión en este caso”,

No se sentará en el banquillo Jordan Bardella, pese a que recientemente el diario Libération revelaba el adelanto de un nuevo libro que acusa al actual presidente de AN de haber participado activamente en la elaboración de pruebas falsas. Bardella, que ocupó brevemente el puesto de asistente de un eurodiputado, habría escrito varias notas a mano -a posteriori- para justificar trabajos que nunca realizó.

Después de un rotundo desmentido inicial, el actual presidente de AN fue menos categórico ante las cámaras de un episodio especial de la emisión Complement d’enquete dedicado a la apertura del juicio. “No estoy incluido en la investigación judicial”, se limitó a responder.

Por otro lado, entre los acusados sí se incluye a Thierry Légier, antiguo guardaespaldas primero de Jean-Marie Le Pen y luego de su hija o a Micheline Bruna, secretaria particular de Jean Marie-Le Pen. La Fiscalía cree que sus salarios habrían salido también de la dotación de los asistentes parlamentarios.

El antiguo presidente y cofundador del Frente Nacional, que hoy tiene 96 años, no estará presente en la audiencia por motivos de salud, aunque es otro de los acusados. Desde febrero está en situación de tutela judicial que da a sus tres hijas el derecho de supervisar sus decisiones. Su última entrevista pública data de 2023, emitida en la emisora Sud Radio.

El día en el que se abrió el proceso, Mediapart publicó un vídeo de Le Pen en su domicilio cantando con miembros del grupo neonazi Blood and Honour. Su hija Marine anunció en las horas posteriores interponer una denuncia contra los miembros del citado grupo por abuso de debilidad.