La elección de Teresa Ribera para la vicepresidencia de Competencia y Transición Verde ahondó en las contradicciones del PP de Alberto Núñez Feijóo y ahora le sitúa en una situación complicada.

“Todo el mundo ha hecho fichas sobre los candidatos y este puede ser su punto débil”, admitían fuentes populares la víspera de que se reuniera la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (JURI), que analiza de forma confidencial los potenciales conflictos de interés de los futuros comisarios. Fuentes presentes en la reunión de este jueves, que se ha celebrado a puerta cerrada, reconocen que el PP ha sacado el tema de Bacigalupo.

¿Pero puede llegar más allá del ruido? En principio, no. La comisión JURI se limita a analizar los posibles conflictos de interés de los candidatos en función de la información que ellos mismos presentan sobre sus actividades previas, afiliaciones, sobre sus bienes o sus finanzas, entre otras cosas. No obstante, esa comisión, a la que se vació de poder el pasado mandato, sólo puede analizar los documentos que se le presentan y no tiene capacidad de investigación. En el caso de los cónyuges, la única información que analizan los eurodiputados es la de sus intereses financieros, por lo que la comisión no tiene ninguna capacidad respecto al cargo de Bacigalupo en la CNMV que el PP continuamente ha criticado.

Si la comisión determina que es correcto, el candidato pasa limpio a la siguiente fase, que es lo que ha sucedido en el caso de Ribera, que ha pasado el filtro inicial. Por el contrario, la comisión puede solicitar información extra a los aspirantes e incluso convocarles a rendir cuentas presencialmente. En la primera reunión de JURI, se ha decidido solicitar explicaciones adicionales dado que en “algunas declaraciones de interés faltan informaciones”, según ha informado el PP en un comunicado. Si se detectara un conflicto de interés que no se resuelve, la Eurocámara lo comunicaría al afectado para que lo haga o a la presidenta de la Comisión Europea para que solicite otro candidato al estado miembro.

Distintas fuentes parlamentarias reconocen que, con las actuales normas, es prácticamente imposible frenar un nombramiento en esa parte del procedimiento. La portavoz de La Izquierda, Manon Aubry, es quien más claramente ha hablado en contra del proceso, que ha definido como “una farsa” al acabar la reunión. “Muchos de sus candidatos han trabajado durante años para grandes empresas o lobbies. ¡Pero JURI no puede comentar sobre este tipo de conflicto de intereses porque se limita estrictamente a un examen de los aspectos financieros!”, ha expresado la parlamentaria de La France Insoumise.

Y es que lo que JURI puede incluir alguna recomendación para el examen posterior ante las comisiones relacionadas con las carteras que asumirán los comisarios. Esas citas sí que son públicas. Ahí el PP también está moviendo el tema del marido de Ribera como forma para desgastarla. “Todo el mundo lo puede usar”, reconocen fuentes populares, que ven ese tema y su posición sobre las nucleares los posibles golpes que se pueden atestar a la aspirante a la vicepresidencia de Competencia y Transición Verde. “Esa información está a disposición de todos los grupos y todas las nacionalidades”, agregan.

El plazo para que JURI analice las 26 declaraciones de interés culmina el 18 de octubre. Los exámenes (hearings) a los nuevos comisarios en el Parlamento Europeo serán entre el 4 y el 12 de noviembre. Si las comisiones tumban a alguno de los aspirantes (que requieren una mayoría de dos tercios en un primer intento y mayoría simple en una segunda votación), el estado miembro debe presentar otro candidato que se sometería al mismo proceso.

A pesar de las dudas que el PP de Feijóo ha expuesto sobre Ribera, en Bruselas dan por hecho que la candidatura saldrá adelante. Entre los nombres que figuran como dudosos están en el de eslovena Marta Kos, a quien Von der Leyen situó en la cartera de Ampliación. El PPE la ha acusado de haber trabajado para los servicios secretos yugoslavos y tener lazos con Rusia. Tampoco convence el húngaro Olivér Várhelyi, propuesto para Sanidad y Bienestar Animal, tras cinco años en la Comisión Europea en los que su relación con la Eurocámara ha sido mala.