La motosierra a la educación pública de Javier Milei ha puesto en pie de guerra a las universidades de Argentina. Las protestas de estudiantes y docentes se han multiplicado en los últimos días, con tomas pacíficas de edificios, clases abiertas en la calle y movilizaciones.

“Yo no voy a ceder”, advirtió el presidente ultraderechista al canal de televisión LN+, preguntado por las reivindicaciones que se centran en los magros salarios de los profesores, que están causando un éxodo docente, según alertaron los rectores de las principales universidades públicas del país. El Consejo Interuniversitario Nacional calculó que el 70% de los salarios de los docentes y no docentes están por debajo de la línea de la pobreza. 

Milei vetó hace dos semanas la ley de Financiamiento Universitario que obligaba al Gobierno a actualizar los recursos, y lo justificó bajo el manido argumento de que ponía en jaque el equilibrio fiscal. Pese a que la oficina de presupuestos del Congreso calculó un impacto del 0,14% del Producto Interior Bruto, una mayoría de legisladores respaldó al Ejecutivo en su cuestionada decisión. 

Con la llegada de Milei a la Casa Rosada en diciembre, el área de Educación fue degradada en lo institucional de Ministerio a Secretaría, con una reducción del presupuesto que se calcula en un 50%. El mayor ajuste en diez meses de gobierno recayó en las universidades públicas, que dependen directamente de la Nación, ya que educación básica y media (primario y secundario) es competencia de las 24 provincias.

Además, Milei eliminó el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que equilibraba los salarios de los profesores de todo el país y recortó los programas de becas estudiantiles.

A principios de año, el Gobierno ultraderechista prorrogó el presupuesto de 2023 sin actualizarlo con la inflación, que era por aquel entonces del 290% interanual (marcó en septiembre un 209% interanual). Eso llevó a una masiva movilización del 23 de abril que obligó al Ejecutivo a un aumento en mayo del 270% para los gastos de funcionamiento.

El conflicto se ha reavivado tras el veto presidencial, y de cara al próximo año. Los salarios de los docentes y no docentes implican cerca del 90% del presupuesto universitario, mientras que los gastos de funcionamiento significan un 10%. Los gremios aducen un atraso salarial del 63%, principalmente por la alta inflación de diciembre (25%) y enero (20,6%), cuando recibieron un 6% extra al convenio vigente. 

Para 2025, el Gobierno presupuestó para las universidades públicas la mitad de los fondos que los rectores manifestaron necesario para garantizar el funcionamiento. Ante este panorama, el 2 de octubre se realizó una segunda marcha multitudinaria contra el veto y en reclamo de un aumento salarial y la restitución del Fondo de Incentivo Docente.  

Mario Sequeira, secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), señala a elDiario.es la magnitud del conflicto: “A la sociedad le interesa defender la universidad porque garantiza una movilidad ascendente. Es un sistema modelo en América latina. Ya pasamos a otra instancia de la lucha: tomamos la posición de la trinchera para recuperar lo perdido en los salarios, pero esto trasciende lo salarial: defendemos a las universidades de un plan de destrucción. Varios docentes han tenido que renunciar y volcarse al ámbito privado. Las carreras tecnológicas se están vaciando de profesores, es muy preocupante”.  

El éxodo de docentes universitarios de instituciones públicas a privadas ya encienden las alarmas. En tan solo dos facultades de la Universidad de Buenos Aires, Agronomía y Veterinaria, se fueron 78 profesores este año. Un sueldo docente con dedicación exclusiva en esas facultades es de alrededor de 800.000 pesos mensuales (750 euros). 

Sequeira, primer graduado en su familia, agrega que “este Gobierno no solo incumple sus compromisos con la educación pública, sino que además ataca a los rectores y los trata de ladrones”. 

Milei ha centrado su postura en las auditorías a las universidades, al echar un manto de sospecha sobre la adjudicación de los fondos públicos que reciben las casas de estudio. “Este revuelo es tomar una causa noble, como la universidad y ocultar los curros [delitos] de los delincuentes”, afirmó el presidente ultra en un acto en el ex Centro Cultural Kirchner, rebautizado Palacio Libertad. “¿Por qué tanto problema porque las queremos auditar? ¿Quién no quiere ser auditado? El que está sucio”.

Las universidades cumplen con auditorías internas ordinarias, sin embargo, la Auditoría General de la Nación tiene pendiente su plan de revisiones, que incluye a varias universidades. Este plan debe ser aprobado por una comisión parlamentaria cuya conformación no ha sido completada por el propio gobierno. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional sostuvieron que están siendo auditados y además se preguntan por qué el presidente eliminó la resolución de transparencia y no completa el organismo que lo tiene que auditar. 

La comunidad universitaria promete continuar la protesta. Este jueves se realizó un paro nacional con una adhesión del 95% en todo el país. Los próximos paros serán lunes y martes, como parte del plan anunciado por el Frente Sindical, integrado por sindicatos de docentes y no docentes. En varias provincias como Mendoza, Corrientes, San Luis, Tucumán y La Pampa se realizaron además clases públicas, movilizaciones y actividades para visibilizar el conflicto. 

El próximo miércoles al mediodía, cuando la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados debata el presupuesto 2025, se harán clases públicas en todas las universidades del país. También se instalará una radio abierta frente al Congreso, epicentro cada miércoles de los reclamos de los distintos sectores golpeados por los recortes. 

A todo esto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusó a los universitarios de querer encabezar una rebelión similar a la ocurrida en Chile, que en 2006 tuvo el epicentro en las protestas de los secundarios y en 2009 y 2011 de los universitarios. Para la ministra que viene liderando la represión a los manifestantes, sobre todo contra jubilados, “lo que están haciendo (estudiantes y docentes) es una provocación que la quieren llevar al límite” y “el objetivo es generar una revuelta y tratar de desestabilizar”. 

En Chile el presidente actual, Gabriel Boric, quien fue líder estudiantil en las protestas de 2011 para reivindicar una universidad “pública, gratuita y de calidad”, ha presentado un proyecto de ley para condonar las deudas de miles de estudiantes universitarios. Al contrario que Milei.