La Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) investiga junto a las autoridades belgas a eurodiputados del Partido Popular Europeo por presunta malversación de fondos, según ha adelantado Politico. Las pesquisas, no obstante, se encuentran en un estado muy preliminar dado que no se ha acusado formalmente a nadie y el grupo que pilota el alemán Manfred Weber no ha recibido ninguna solicitud de información al respecto, de acuerdo a esa publicación.

“En esta fase, esta investigación se limita a los hechos y no hay sospechosos. Siempre que podamos decir algo sobre cualquiera de nuestras investigaciones, lo haremos de forma proactiva”, señala la Fiscalía europea en una declaración enviada a ese medio de comunicación en la que confirma la investigación que afecta aun grupo del Parlamento Europeo, pero no especifica cuál.

La Fiscalía europea se encarga de investigar los casos que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea. En el caso del Parlamento Europeo, el presupuesto comunitario tiene una partida destinada a la financiación de los grupos políticos y los eurodiputados reciben, además del salario y 350 euros al día por la participación en la actividad parlamentaria), dietas para gastos generales (4.950 euros mensuales para cubrir gastos para el alquiler de oficinas en el Estado miembro en el que son elegidos, equipos y programas informáticos, material de oficina, teléfonos móviles y contratos de teléfono e internet. También hay destinada una dotación presupuestaria de 29.557 euros al mes para que car¡da parlamentaario seleccione a sus asistentes.

Recientemente, la Eurocámara ha reclamado 300.000 euros al exlíder de la ultraderecha francesa, Jean-Marie Le Pen, por gastos indebidos. Usó los fondos del Parlamento Europeo para comprar desde corbatas hasta 129 botellas de vino en el tiempo que ocupó un escaño (2009-2018). Además, la justicia francesa ha cercado a la Agrupación Nacional por organizar un “sistema” para financiar los salarios de sus empleados con los fondos destinados a los asistentes de los eurodiputados.

La trama de los empleos ficticios supuso el establecimiento de un “sistema de apropiación indebida” de las dotaciones asignadas por la Unión Europea a cada miembro del Parlamento para pagar a asistentes parlamentarios (entonces era de 21.000 euros mensuales), que en realidad trabajaban total o parcialmente para el partido en Francia, según la Fiscalía. En 2018, el Parlamento Europeo estimó el daño causado en 6,8 millones de euros, en el periodo entre 2004 y 2016. El caso ha sentado en el banquillo a varios dirigentes de la ultraderecha, entre ellos a Marine Le Pen.