El proceso penal por el asesinato de san Óscar Arnulfo Romero (1980) en El Salvador se encuentra estancado por un "dilema" entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la corte que lleva la causa, señaló este martes a Efe una organización social.
El director de Tutela Legal "María Julia Hernández", Ovidio Mauricio, aseguró que el punto en el que se han detenido estas partes es en la realización de "una serie de diligencias".
De acuerdo con Mauricio, cuya organización es parte acusadora en la diligencia, dicho proceso se lleva con dos códigos penales diferentes.
La ley que estaba vigente al momento del magnicidio de Romero establece que estas diligencias le corresponden a los jueces, mientras que la actual normativa le entrega toda la responsabilidad de investigación al Ministerio Público.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador ordenó en mayo de 2017 la reapertura del proceso penal por el homicidio de monseñor Romero y en octubre de 2018 mandó a la Fiscalía realizar una nueva investigación para determinar la participación de más personas en el crimen.
Dicho tribunal también emitió una orden de detención contra el capitán Álvaro Saravia, único imputado en el proceso.
De acuerdo con el director de Tutela Legal, esta corte decidió que a Saravia se le aplique la legislación vigente al momento del asesinato y que los imputados que surjan de las nuevas indagaciones enfrente el proceso bajo la ley actual.
Romero fue asesinado por un francotirador el 24 de marzo de 1980 cuando oficiaba misa en la pequeña capilla del hospital de cáncer La Divina Providencia, en San Salvador.
El santo salvadoreño se pronunciaba contra la violencia y las violaciones a los derechos humanos en los años previos a la guerra civil, con lo que se alzó como un referente en la defensa de los más vulnerables.
El Informe de la Comisión de la Verdad de la ONU de 1993 señaló como el responsable de dar la orden de asesinar a Romero al mayor Roberto D'Aubuisson, fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), partido del que fue diputado y candidato presidencial.
Dicho documento también apunta que en la planificación y ejecución del asesinato participaron Saravia, el capitán Eduardo Ávila, así como Fernando Sagrera y Mario Molina, entre otros.
La anulación de una ley de amnistía de 1993 por una fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de 2016 permitió la reapertura de este caso y de los procesos por la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981) y de seis sacerdotes jesuitas (1989).
Romero fue canonizado en Roma el 14 de octubre de 2018 ante miles de personas, después de que el papa Francisco firmara meses antes un decreto que reconoce el milagro atribuido al religioso.
El santo salvadoreño ya había sido beatificado en mayo de 2015 en una multitudinaria misa.
