"Están en la cárcel por hacer el amor", denuncian la escritora Leila Slimani y la cineasta Sonia Terrab en un manifiesto feminista en favor de las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Recogen firmas en solidaridad con la periodista marroquí Hajar Raissouni y su prometido, Amin Refat, activista y profesor sudanés, que fueron detenidos y, este lunes, condenados a un año de prisión acusados de "mantener relaciones fuera del matrimonio" y de "aborto ilegal". 

Raissouni, de 28 años, fue arrestada el 31 de agosto a la salida de la clínica de su ginecólogo en Rabat y condenada un mes más tarde por dos delitos contemplados en el código penal marroquí.

"El juicio a Hajar es infundado porque está basado en la ley -código penal- que va en contradicción con la Constitución nacional de Marruecos", afirma Salah Abdellaoui, director de Amnistía Internacional (AI) en el país, a eldiario.es. Lo mismo defienden desde la organización local con mayor libertad en su actividad, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), que advierte de que "los actos en cuestión entran dentro de las libertades individuales de los ciudadanos y las ciudadanas, libertades que el movimiento de mujeres ha pedido que se respeten".

La Fiscalía asegura que el juicio a Hajar "no tiene nada que ver con su profesión de periodista, sino que se relaciona con hechos considerados por el código penal como delitos". "Esta es la práctica del aborto de forma regular, el consentimiento para que otros aborten, la participación en esta operación y el libertinaje, de conformidad con las secciones 444, 450, 454, 490 y 129 del código", dice en un comunicado difundido por la agencia de noticias MAP.

Este texto jurídico data de la época en que Marruecos se independizó de Francia. Medio siglo después, mantiene la pena de muerte, condena las relaciones fuera del matrimonio, el aborto y la homosexualidad. Sin embargo, no castiga la violación dentro del matrimonio.

El código penal marroquí castiga hasta con tres años de cárcel a quienes mantengan relaciones sexuales con personas del mismo género, y el delito de adulterio, recogido en el artículo 491, puede acabar en dos años de prisión. De esta manera, según datos de la Fiscalía, 2.890 personas fueron perseguidas por adulterio en Marruecos en 2017 y casi 200 fueron procesadas por homosexualidad por el artículo 489, que habla de "actos contra natura con individuos del mismo sexo".

La ley penaliza las relaciones sexuales entre dos adultos de acuerdo mutuo que no estén casados con cárcel de un mes a un año. Es el artículo 490, otro de los que han sido aplicados a la periodista. Desde las asociaciones advierten que, de esta manera, se coarta la libertad a mujeres que son víctimas de violación a denunciar porque podrían ser acusadas de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio.

El código penal menciona el único caso de aborto permitido: cuando se pone en riesgo la vida o la salud de la madre, en el artículo 453. Los especialistas, militantes y médicos se hacen la misma pregunta: "¿De qué salud hablamos?". Solo se atiende a la salud física, que representa un 5% de los embarazos no deseados, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene en cuenta también el bienestar psicológico y social en lo que entiende como salud.

En Marruecos se practican entre 600 y 800 abortos al día, y solo el 5% son legales, según aseguró el ginecólogo y presidente de la Asociación Marroquí de Lucha contra el Aborto Clandestino (AMLAC), Chafik Chraibi, durante una entrevista en Rabat. El Rey Mohamed VI ordenó modificar la ley después de un debate nacional donde los especialistas no llegaron a un consenso. En ese borrador que circula en el Parlamento, se contempla la despenalización del aborto en los casos de malformación del feto, violación e incesto.

A raíz del caso de Raissouni, la Federación de Asociaciones de Derechos de la Mujer ha enviado un comunicado al parlamento solicitando que la ley proteja a las mujeres de la discriminación y la violencia, salvaguarde su dignidad y derechos, y despenalice las relaciones consensuadas entre adultos. Según el derecho internacional, las mujeres tienen derecho a tomar sus propias decisiones en materia sexual y reproductiva. Por esta razón, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional consideran que tipificar como delito servicios de salud, incluido el aborto, que solo necesitan las mujeres es discriminación de género.

La ONG es una de las principales voces que demandan una reforma del código penal. Fuentes de la organización recomiendan "impartir formación a la policía y al poder judicial sobre cómo abordar con sensibilidad las denuncias de violencia contra mujeres y niñas, y proteger a las propias víctimas, y no su honor o moralidad".

El código penal choca con la reforma constitucional emprendida por el rey Mohamed VI en 2011 durante la llamada 'Primavera Árabe', que establece la igualdad entre hombres y mujeres en su artículo 19, y la obligación del Estado de velar por que la paridad sea efectiva. Marruecos, además, ha ratificado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 

Una de las principales luchas en estos momentos de las asociaciones de mujeres en Marruecos es  que la violación dentro del matrimonio se considere como un delito específico. "El hecho de que la violación se aborde en el apartado de delitos contra la moral pone el énfasis en la moralidad y el estado civil, y no en la agresión contra la integridad de la víctima", sostiene Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del programa regional de Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

Dentro de la comunidad periodística marroquí se cuestionan las razones reales del caso, percibido como "intencionado", especialmente dado el perfil del periodista y el medio en el que trabaja, crítico con las autoridades. No es la primera vez que Marruecos condena a periodistas que critican al Gobierno marroquí o muestran solidaridad con el movimiento popular en el Rif. La detención de Raissouni se produce 18 meses después de que su jefe, Taoufiq Bouachrine, fuera arrestado en las oficinas de la redacción en Casablanca acusado de trata de personas, acoso sexual y cargos de violación por los que fue condenado a 12 años de prisión. 

La AMDH denuncia este arresto, que considera arbitrario. Su vicepresidenta, Khadija Ainani, en declaraciones a eldiario.es, sostiene que "el problema con Hajar es más bien político porque está cerca de ciertos periodistas que son opositores en Marruecos, y es por esa razón que la atacaron y después la detuvieron". Además está relacionada con los círculos religiosos que no aceptan al rey Mohamed VI como el Comendador de los creyentes, es decir, como  máxima autoridad religiosa.

Por su parte, el Fiscal General en el Tribunal de Primera Instancia de Rabat ha declarado a los medios durante el proceso de Raissouni que los procedimientos judiciales contra la periodista "no están relacionados con su condición profesional, sino que están motivados por actos relacionados con el aborto". Todos los procedimientos y medidas tomadas en este caso, dijo, "respetan en gran medida los principios de legalidad y legitimidad".

Marruecos ha encarcelado a periodistas o raperos por criticar de manera pacífica a las autoridades. La nueva ley de prensa conserva prácticamente intactos la mayor parte de delitos de expresión de la de 2002. Elimina la pena de prisión, pero conserva las multas y las inhabilitaciones para ejercer la profesión. Además mantiene las penas de prisión para algunos delitos como difamar a las instituciones estatales, insultar a los agentes públicos que cumplen con sus deberes, alabar el terrorismo, incitar al odio o la discriminación y denigrar las decisiones judiciales con la intención de socavar la autoridad o la independencia del poder judicial. 

El código penal revisado también contempla pena de cárcel por expresiones que "dañen" a la monarquía, la persona del rey, el Islam y la integridad territorial. En un informe de 2017, Human Rights Watch insta al Gobierno y al Parlamento a adoptar leyes que despenalicen todos los delitos de expresión no violentos. 

Durante el proceso contra la periodista, el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha asegurado que presentará recomendaciones para la reforma del código penal, que está siendo discutido por el Comité de Legislación y Derechos Humanos en el Parlamento. El organismo oficial asegura en un comunicado que "ha tenido en cuenta las reflexiones y posiciones de la opinión pública sobre el tema de las libertades individuales y la privacidad; y condena, al mismo tiempo, los ataques e insultos, discriminatorios, realizados por algunos contra la persona interesada".

Personalidades de varios ámbitos en Marruecos llevan años abogando por una reforma del código penal. Es el caso del sociólogo y profesor Abdessam Dialmy, primera persona en Marruecos en pedir en 2007 la derogación de los tres artículos que castigan diferentes tipos de relaciones sexuales. En una entrevista en su residencia con eldiario.es, denuncia que "en la ley no se utilizan las mismas palabras ni los mismos castigos que en el Corán, pero protege la misma moral patriarcal que el Islam". 

Tanto Hajar Raissouni como el médico que la atendió han negado en todo momento que se haya practicado un aborto, aludiendo siempre a una "hemorragia interna". El ginecólogo de 69 años, un reputado doctor, tendrá que cumplir dos años de prisión y otros dos de inhabilitación profesional. El anestesista, de 83 años, está condenado a un año de libertad condicional, y la asistente a ocho meses de inhabilitación.

Los abogados adelantan que recurrirán la sentencia. Mientras, cientos de personas vuelven a estar convocadas en una nueva protesta en apoyo a Hajar Raissouni este miércoles ante el Parlamento en Rabat. En un manifiesto conjunto, más de una decena de colectivos llaman a salir a la calle "tras este juicio injusto y para expresar la indignación por las sentencias pronunciadas, para reivindicar que se deje de usar la justicia como medio de venganza y terror, para materializar la solidaridad con Hajar en el maltrato que sufre".

También, una vez más, "por la eliminación de las leyes pasadas que se han utilizado con Hajar y quien están acusados con ella y que aniquilan el derecho a las libertades individuales garantizadas por el deber de la legislación internacional de los derechos humanos".