La Policía Federal de Brasil desmanteló este martes una organización criminal, mayoritariamente compuesta por militares entrenados por las Fuerzas Especiales, que planeaba el asesinato del actual presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva, e impedir así que tomara posesión tras su victoria en las elecciones de 2022.

El plan, del que informó la Policía Federal, incluía también el asesinato del compañero de candidatura de Lula y actual vicepresidente, Geraldo Alckmin, y el del magistrado del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para “restringir el libre ejercicio del Poder Judicial”.

Moraes es el instructor del proceso que investiga los actos golpistas del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores del expresidente y líder de la ultraderecha, Jair Bolsonaro, asaltaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo de Brasil en un intento de forzar un golpe, de Estado contra Lula.

Las investigaciones de la Policía señalan que la operación golpista, llamada “Puñal verde y amarillo”, estaba pensada para ser ejecutada el 15 de diciembre de 2022, 45 días después de que la candidatura de Lula y Alckmin, del izquierdista Partido de los Trabajadores venciera con un 51% de los votos en las elecciones presidenciales brasileñas.

El expediente de 221 páginas recoge informaciones de un grupo de mensajería llamado 'Copa 2022' dentro de la aplicación Signal, donde cada uno de los involucrados se identificaba con nombres de países para proteger sus verdaderas identidades.

Allí, cuenta el informe, existía un documento denominado 'Puñal verde y amarillo' en donde figuraban los detalles de los actos supuestamente planificados por el grupo criminal integrado mayoritariamente por militares.

El principal señalado como organizador de esta operación —uno de los cinco detenidos militares detenidos este martes— es el general Mário Fernandes, asesor del gobierno del expresidente Jair Bolsonaro, quien, según relata el documento, al momento de los hechos era secretario general interino de la Presidencia.

“Para la ejecución del presidente Lula”, al que se dirigen bajo la denominación 'Jeca', se pensaba la utilización de un veneno o químicos “para causar un colapso orgánico”, considerando “sus vulnerabilidades de salud e ingresos frecuentes al hospital”, cuenta la investigación.

El plan criminal incluía la instalación de una “oficina de gestión de crisis institucional” de la que habrían formado parte los propios involucrados, y detallaba “los recursos humanos y militares necesarios” para llevar a cabo el asesinato, con “un alto nivel de conocimientos técnico-militares”, según la Policía brasileña.

El secretario general de la Presidencia, Márcio Macêdo, afirmó tras la difusión de la información policial que “no va a haber tolerancia para aquellos que atentan contra el estado democrático de derecho” en una conversación con periodistas en el marco de la Cumbre del G20.

“Agentes de Estado que actúan contra la democracia es cosa de bandidos, de delincuentes”, manifestó Macêdo. Otra de las declaraciones vino por parte del ministro de Comunicación del gobierno brasileño, Paulo Pimenta, quién también en el marco del G20 comentó a periodistas que el intento de atentado se trata de una “acción concreta” que no se verificó solo por una cuestión de “detalle”.

Pimenta dijo que la operación ilícita desmantelada “brinda nuevos elementos extremadamente graves sobre la participación de personas del núcleo de poder del gobierno de Bolsonaro en el golpe”. La 'Operación Contragolpe' lanzada por la Policía este martes incluye órdenes de prisión preventiva, de allanamiento e incautación y medidas cautelares como la prohibición de salir del país. Los involucrados podrían ser juzgados por los delitos de abolición violenta del estado democrático de derecho, golpe de estado y organización criminal.