Los fiscales del caso Stormy Daniels han anunciado ante el tribunal de Manhattan que se opondrán a desestimar la condena contra Donald Trump, pero se muestran dispuestos a posponer el proceso judicial hasta que el republicano acabe el mandato.

En el documento presentado por la fiscalía, la acusación argumenta que la victoria de Trump en las urnas no es un motivo suficiente para desestimar un caso que ya fue juzgado con anterioridad. Aun así, “dada la necesidad de equilibrar los intereses constitucionales en conflicto”, expone el informe, los fiscales deben considerar “la posibilidad de congelar el caso hasta que deje el cargo”.

Los cuatro casos penales que Trump tiene abiertos, incluido el de Nueva York, quedaron en punto muerto la misma noche que el republicano ganó las elecciones. Que la fiscalía esté aceptando la posibilidad de congelar la resolución de la condena del ahora presidente electo es un síntoma más de cómo el republicano se está librando de la justicia y ha logrado ejecutar con éxito su estrategia de posponer los juicios. El fiscal especial, Jack Smith, a cargo de los dos casos federales, también está trabajando para decidir qué hace con ambos procesos, ya que una vez Trump tome posesión no se le podrá perseguir. 

En un comunicado, el equipo de transición del presidente electo ha celebrado la decisión de la fiscalía.  “Esta es una victoria total y definitiva para el presidente Trump y para el pueblo estadounidense que lo eligió por abrumadora mayoría. La fiscalía de Manhattan ha reconocido que esta caza de brujas no puede continuar. El caso ilegal ahora está suspendido, y el equipo legal del presidente Trump está avanzando para que sea desestimado de una vez por todas”, ha escrito Steven Cheung, director de comunicaciones, dando por hecho que el juez -quien tiene la última palabra- decidirá congelarlo ante la inclinación de la fiscalía por aceptarlo. 

Trump fue condenado el pasado mes de mayo por los 34 delitos que se le imputaban, entre ellos el de falsear los registros de los pagos que hizo a la actriz porno Stormy Daniels para que guardara silencio. Ahora solo estaba pendiente conocer cuál sería la pena que el juez del caso, Juan Merchan, le impondría. La publicación del informe de los fiscales coincide también con la nueva fecha fijada por Merchan para pronunciarse sobre la inmunidad presidencial

Inicialmente, Merchan había fijado el 12 de noviembre como la fecha límite para pronunciarse sobre la inmunidad presidencial. Aunque cuando llegó el día esperado, el juez anunció que volvía a retrasar la fecha hasta este martes 19.

En setiembre, el juez ya había anunciado que posponía también la pena por la sentencia del caso Stormy Daniels pasadas las elecciones del 5 noviembre y fijó como nueva fecha el 26 de noviembre. La decisión, según argumentaba el escrito presentado, respondía a la voluntad de no influir en el posible resultado de los comicios. Durante todo el proceso, Trump había capitalizado el juicio para mostrarse como la víctima de una supuesta persecución política. 

En junio, el fallo del Supremo dictó que el presidente tiene inmunidad para los “actos oficiales”, pero no para aquellos de carácter privado, dejando en manos del resto de cortes decidir donde termina lo oficial y donde empieza lo privado. La conclusión a la que llegó la mayoría conservadora del Supremo, de seis votos a favor y los tres en contra por parte de los jueces progresistas, era en relación con el caso federal de Trump por el intento de asalto al Capitolio del seis de enero, aunque repercute en todas las causas que el ahora presidente electo mantiene abiertas. 

La mayoría de los delitos por los que fue condenado Trump en el caso Stormy Daniels se produjeron antes de que llegara a la presidencia. El magnate todavía era un ciudadano privado cuando su por entonces abogado, Michael Cohen, hizo el pago a la actriz porno a cambio de su silencio para evitar un escándalo en medio de la campaña electoral del 2016. Trump quería evitar que se supiera que en el pasado había mantenido relaciones sexuales con la actriz mientras ya estaba casado con Melania por miedo a como eso pudiera repercutir en las urnas. 

En cambio, Trump ya era presidente cuando reembolsó el dinero que Cohen había puesto de su bolsillo en un inicio para pagar a Daniels. El pago fue registrado como “gastos legales”, algo que supuso una violación de la ley de financiación electoral y uno de los delitos por los que el republicano fue declarado culpable. La pena por falsificación documental son hasta cuatro años de cárcel en Nueva York.