En el caso se acusaba a Trump de cuatro delitos: dos relacionados con obstaculizar la certificación del resultado de las elecciones de 2020, uno de conspiración para intentar impedir el recuento de votos y otro por haber intentado privar a la ciudadanía del derecho al voto
El fiscal especial Jack Smith a cargo del caso federal contra Donald Trump por instigar el asalto al Capitolio e intentar obstruir la certificación de los resultados electorales de las elecciones de 2020 ha pedido desestimar los cargos contra el republicano.
Smith da así carpetazo a un caso que ni siquiera llegó a tener fecha de juicio debido al trabajo constante de la defensa del magnate para posponer el caso (igual que los otros tres) hasta después de las elecciones. La decisión de Smith no es una rendición ante Trump, sino un intento de dejar vía libre a que los fiscales puedan volver a presentar cargos contra él cuando Trump acabe el mandato y ya no goce de la protección presidencial.
Aunque sobre la mesa aún queda la posibilidad de que Trump haga algo que antes no se ha visto en la justicia estadounidense: utilizar el poder presidencial del perdón para perdonarse a si mismo y así anular esta posibilidad.
La decisión de desestimar los casos del juicio de Washington llega después de que el viernes pasado el juez del caso Stormy Daniels anunciara que posponía de forma indefinida la sentencia sobre la condena de Trump. El juicio de Nueva York fue el único de los cuatro que llegó a celebrarse y terminó con una sentencia de culpabilidad sobre Trump por los 34 delitos graves de los que se le acusaba. Ahora estaba pendiente saber cuál sería la pena impuesta, que podría llegar a ser de hasta cuatro años de prisión.
En el caso de Washington que Smith ha desestimado se acusaba a Trump de cuatro delitos: dos relacionados con obstaculizar la certificación del resultado de las elecciones del 2020 que se llevó a cabo en el Congreso el 6 de enero, uno de conspiración para intentar impedir el recuento de votos de las elecciones y otro por haber intentado privar a la ciudadanía de un derecho protegido por la ley federal, concretamente el de voto.