Sobrevivientes de desaparición forzada y delitos de lesa humanidad en un caso de 565 osamentas halladas en una zona militar de Guatemala manifestaron su repudio a la decisión de una sala de mantener a la jueza Claudette Domínguez al frente del proceso.

La Sala Primera de Mayor Riesgo falló por unanimidad en contra de la petición de seis querellantes que buscaban recusar a la jueza de Mayor Riesgo A porque "no se acreditó que la jueza ni alguno de sus parientes tenga interés directo en el asunto" ni que tuviera "amistad íntima y relaciones con alguna de las partes".

Las víctimas sobrevivientes y los querellantes del caso aseguraron que la recusación a Domínguez fue "por la duda de su imparcialidad y objetividad en su labor como jueza y por la denegación hacia las víctimas de desaparición forzada, delitos contra los deberes de humanidad y violencia sexual".

En su resolución, la Sala advirtió que aunque la hermana de la jueza Domínguez (Kleila Xiomara Domínguez Guerrero) trabaja en el Ejército "no quiere decir que pertenezca a la institución militar, porque es asimilada, lo que significa que no es militar de carrera o que haya adquirido un grado allí".

De hecho, la hermana de la jueza Domínguez es "una profesional acreditada" y "química bióloga" y "el hecho de que haya cobrado viáticos o que haya participado en juntas de licitación del Ejército no tiene vinculación con el proceso actual penal" en el que están sindicados ocho militares retirados de alto rango.

La Sala también aseguro que la recusación de la fiscal del Ministerio Público "se apartó bastante" de los argumentos de los querellantes, pues "se refirió a situaciones que se han dado entre ella como fiscal y la juzgadora" y subrayó que se trata de "que prácticamente se enmarcan en un tema personal".

Los magistrados también rechazaron otros elementos presentados por los querellantes, como notas de prensa y evidencia de algunas decisiones de Domínguez, como que levantara el arraigo a uno de los sindicados -el exdiputado oficialista Edgar Justino Ovalle, quien sigue prófugo-, pero estos "son otros procesos que no se encuentran a discusión".

También descartó que el Ejército como institución esté involucrada en el proceso penal, pues "no es parte de la causa" en la que están imputados ocho militares retirados, a pesar de que los restos de las 565 osamentas hayan sido encontradas en 2012 en 84 fosas descubiertas dentro de la zona militar 21, que actualmente es el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz).

Previo a la lectura de la sentencia de la Sala Primera de Mayor Riesgo, durante la vista pública con querellantes y abogados defensores, el director del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, Edgar Pérez, que representa a la Coordinadora de Víctimas de Alta Verapaz (Codevi), aseguró que había un "patrón" en el actuar de Domínguez en favor de militares en este y otros procesos.

Además, el abogado del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, Héctor Reyes, representante de las víctimas de la comunidad Plan de Sánchez, aseguró que "existe una sombra de duda en cuanto a las resoluciones de la jueza en el caso Creompaz".

Reyes recordó que Domínguez incluso llegó a catalogar como "secreto militar" a los documentos militares (planes y operativos) presentados como prueba cuando antes habían sido desclasificados y desde 1997, cuando concluyó el conflicto armado de 36 años, son "documentos históricos para el país".

El caso tiene como acusado más visible al general de brigada retirado Manuel Benedicto Lucas García, quien figuró durante la presidencia de su hermano Romeo (1978-1982) como jefe del Estado Mayor General del Ejército de Guatemala.

Benedicto Lucas es, además, culpable de la desaparición forzada en 1981 del menor Marco Antonio Molina Theissen y de los delitos contra los deberes de humanidad y de violación agravada contra Emma Guadalupe Molina Theissen, hermana del menor desaparecido.

Los otros siete acusados que desde abril de 2016 fueron enviados a debate oral y público son Raúl Dehesa Oliva, Carlos Augusto Garavito Morán, César Augusto Cabrera Mejía, José Antonio Vásquez García, Byron Humberto Barrientos Díaz, César Augusto Ruiz Morales y Juan Ovalle Salazar.

El abogado de Benedicto Lucas, su hijo Jorge Lucas Cerna, dijo que los querellantes estaban haciendo un "juicio" a la jueza Domínguez y calificó a la recusación como "frívola", mientras otro de los abogados defensores aseguró que los querellantes utilizaban la audiencia como "queja o llanto".

Pese a que en abril de 2016 la jueza Domínguez envió a juicio a ocho de los 22 señalados aún no hay vistas de que el embrollo de impugnaciones y amparos concluya, pues, además de las recusaciones en su contra, existen aún impugnaciones y acciones legales de la defensa que han sido catalogadas como "litigio malicioso".