Cerca de la mitad de la nueva legislación española deriva de decisiones que se adoptan en la Unión Europea. El 46% de las leyes que se aprobaron en las Cortes Generales en 2024 procedían de normativas europeas, según un informe elaborado por la oficina del Parlamento Europeo en España. Once de las 24 leyes que publicó el Boletín Oficial del Estado el pasado año procedían de reglas adoptadas a nivel comunitario, como el impuesto a las multinacionales, la ley de conciliacion familiar, la ley que regula el intercambio de antecedentes penales o la ley que establece un mercado único de servicios digitales.

Cinco de esas leyes de origen europeo eran una transposición de directivas mientras que otras seis no llegaban a ese rango, aunque sí beben de la línea marcada por las instituciones europeas, como medidas energéticas, del sector del transporte o la educación. El Parlamento Europeo incluye la amnistía en las leyes aprobadas con referencias europeas. “Esta Ley justifica parte de su articulado en los compromisos europeos en materia de derechos humanos y, concretamente, en el artículo 3 de la Directiva (UE) 2017/541 de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo. La norma alude además a la homologación que la Unión Europea hace de la institución de la amnistía en diversas disposiciones”, recoge el documento.

El porcentaje de legislación vinculado con la política comunitaria se mantiene dentro del rango habitual, a excepción del año 2023 cuando la cifra aumentó al 72% debido al parón legislativo por el adelanto electoral, que provocó que fundamentalmente se limitara la actividad parlamentaria a la transposición obligada de reglas europeas. “Durante los cinco años anteriores, el peso de las decisiones europeas se reflejó en el 53% de las normas adoptadas en España, entre ellas las que incluían la transposición de la Directiva sobre el impacto de plásticos, la de cooperación fiscal en la UE, la de Servicios de Comunicación Audiovisual o la del espacio ferroviario único para la UE”, expresa la Eurocámara.

Más allá de los textos con rango de ley que pasan por el Congreso y el Senado, en 2024 se aprobaron en el Consejo de Ministros 20 normativas que también transponen reglas europeas a través de reales decretos que “en su mayoría transponen directivas relacionadas con la Política Agrícola Común o Pesca y, en menor medida, con el transporte, la salud o las condiciones laborales”. “Destacan entre ellas, el Real Decreto que establece un nuevo formato de salvoconducto basado en el documento provisional de viaje de la UE; el que aumenta la protección de los y las trabajadores frente a la exposición a agentes cancerígenos en el ámbito laboral; el que aprueba el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante para proteger a las personas que denuncian irregularidades dentro de organizaciones públicas o privadas; o el que recoge las normas de entrada, residencia y trabajo en España para trabajadores temporeros, de alta cualificación, investigadores, estudiantes en prácticas y nacionales de terceros países”, recoge el informe.

No obstante, aún hay 87 directivas pendientes de transponer. Para la mayoría de ellas, España aún tiene margen porque el plazo límite no llega hasa 2025 o 2026. No obstante, para 29 de ellas se ha vencido ya el plazo de transposición. Cuando un estado miembro no adecúa su legislación a las normas europeas, se abren procedimientos de infracción que suponen dos apercibimientos por parte de la Comisión Europea y pueden acabar en el Tribunal de Justicia de la UE. España es el país con más procedimientos de infracción abiertos, según los datos del Parlamento Europeo.

En total, España tiene 90 expedientes abiertos. Le siguen Polonia (88), Grecia (81) y Bulgaria (79).