El riesgo de ruptura de la tregua en la primera fase

La primera fase del pacto, la única más detallada, durará cuarenta y dos días. El riesgo de violación de alto el fuego en ese periodo es alto. El intercambio de prisioneros iniciado este domingo, con la puesta en libertad de israelíes y palestinos, constituye un primer paso al que deberá seguir, según lo establecido, la entrada de ayuda humanitaria, suministrada a cuentagotas en estos meses de atrás, hasta el punto de que el bloqueo israelí ha generado hambre y enfermedades y ha sido señalado como un acto de genocidio en sí mismo.

Además, las tropas israelíes tendrán que retirarse solo de las áreas pobladas de la Franja. La segunda y tercera fase del acuerdo están menos definidas y deberán ser negociadas en más profundidad dentro de dos semanas y un día. De momento, en la segunda fase se contempla la puesta en libertad de más rehenes y la retirada del Ejército israelí de otras zonas, pero manteniendo presencia en partes del corredor de Filadelfia, que se extiende a lo largo de la frontera entre Gaza y Egipto. La tercera fase supondrá negociaciones para el alto el fuego permanente.

Lo que no está definido

Israel quiere participar en la decisión sobre el futuro gobierno de Gaza -que corresponde únicamente a la población palestina- e intentará imponerse tanto en ello como en su falta de voluntad para abandonar por completo el corredor de Filadelfia o entregar el control de los pasos fronterizos. Cualquier argumento será usado para justificar la permanencia de las tropas israelíes, el control de los pasos fronterizos o nuevos ataques, como ha ocurrido a lo largo de los años.

Tampoco se menciona nada sobre el futuro de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), esencial para la supervivencia de la población -a través de sus servicios educativos, sanitarios y de ayuda humanitaria, así como de su registro de todos los refugiados desde 1948- y prohibida por el Parlamento israelí a través de una resolución que entra en vigor a finales de este mes.

Todo esto deja un amplio margen a la posibilidad de reanudación de los ataques israelíes contra la Franja, como ocurre en el sur de Líbano, donde la tregua pactada en noviembre ha sido violada en numerosas ocasiones por el Ejército de Israel.

Los incumplimientos pasados

El primer ministro Netanyahu tiene un largo historial de incumplimientos de acuerdos, incluido el Memorándum Wye River de 1998, por el que se comprometía a la retirada parcial de Cisjordania.

Los Acuerdos de Oslo de 1993 y 1995 tampoco llegaron nunca a la fase final y, de hecho, fueron usados como instrumento para dividir Cisjordania en áreas acantonadas donde la población palestina vive encerrada y sin libertad de movimientos, y donde el colonialismo israelí ha ido extendiéndose más allá del Área C, que controla por completo. Las retiradas militares israelíes establecidas en Oslo nunca se produjeron.

Desde los años noventa hasta hoy, lejos de lo establecido por resoluciones de la ONU y acuerdos varios, la población israelí en el territorio palestino de Cisjordania se ha triplicado, a través de la ocupación ilegal. Esto en sí mismo constituye un crimen de guerra, definido como tal por el derecho internacional: el traspaso de población del Estado ocupante al territorio ocupado.

Los acuerdos pasados sobre Gaza han tenido un resultado similar. Desde hace diecisiete años la Franja sufre un cerco y un bloqueo que la convirtió en una cárcel a cielo abierto sobre la que se han sucedido masacres contra la población palestina por parte del Ejército israelí en 2004, 2006, 2008-2009, 2011, 2014, 2019-2020, con miles de civiles muertos.

Los pactos de alto el fuego alcanzados en esos años nunca abordaron el nudo gordiano y, por ello, los ataques se reanudaron una y otra vez. Algo similar ocurrió con los pactos de Camp David de 1979 entre Egipto e Israel, que dejaron fuera de la ecuación temas esenciales de la cuestión palestina.

El pacto de alto el fuego que ahora comienza será un alivio, pero no dispone del contenido necesario aún para convertirse en permanente y definitivo, ni aborda las cuestiones fundamentales que llevan décadas originando opresión y violencia. Sin el fin de la ocupación ilegal israelí, del sistema de apartheid contra la población palestina -a la que Tel Aviv niega derechos fundamentales- y sin el establecimiento de medidas de presión que obliguen a Israel a abandonar sus políticas de opresión y de anexión de más territorio palestino, no habrá solución duradera. Lo ocurrido a lo largo de las últimas décadas es buena prueba de ello.

El papel de EEUU

Durante quince meses el Gobierno Biden ha ofrecido apoyo militar activo a Israel, con el envío de armamento y material militar y ha garantizado protección política y diplomática al Gobierno de Netanyahu. En su última entrevista, Joe Biden ha contado que, en octubre de 2023, pidió al primer ministro israelí que no atacara zonas civiles en Gaza y que éste le respondió que bombardeaba a civiles porque era necesario, y que tenía que entenderlo porque EEUU también había lanzado bombardeos contra civiles en Alemania y Japón en la Segunda Guerra Mundial, haciendo uso de la bomba nuclear.

En la entrevista Biden afirma que “Netanyahu planteó un argumento legítimo: 'esos son los que han matado a mi gente'”. Con ello el presidente saliente de EEUU admite que conocía las intenciones de Netanyahu y que considera legítimo ese argumento. Tras esa referencia de Netanyahu sobre el uso de la bomba nuclear estadounidense contra Hiroshima y Nagasaki, Biden siguió facilitando armas, ayuda militar y apoyo político a Israel, durante un año y tres meses, hasta hoy, sin ejercer presión real sobre el mandatario israelí.

En los últimos días, los equipos de Trump y Biden han querido atribuirse el acuerdo de alto el fuego. Diversos medios de comunicación israelíes, así como fuentes de Washington, subrayan la importancia de las gestiones llevadas a cabo por el enviado especial de Trump a la región. Cuando ganó las elecciones en noviembre, el presidente entrante de EEUU afirmó que llegaría a la Casa Blanca con un acuerdo bajo el brazo para la puesta en libertad de los rehenes.

Además de los pasos dados en privado, el pasado 7 de enero Trump colgó en la red social Truth un vídeo del profesor Jeffrey Sachs, en el que éste critica duramente a Netanyahu y lo acusa de haber estado obsesionado con impulsar “guerras interminables” en Oriente Medio. La divulgación de ese vídeo fue una acción pública de Trump para mostrar presión al primer ministro israelí.

Esto no significa que no haya una relación privilegiada entre ambos mandatarios, ni que Trump no apoye la impunidad de Israel, sino que consideraba necesaria una escenificación. El nuevo presidente de EEUU quiere aparecer en escena como un dirigente resolutivo, lograr la puesta en libertad de los rehenes israelíes y, al mismo tiempo, garantizar el proyecto colonial de Israel.

No debe olvidarse que, en su anterior mandato, Trump declaró la soberanía israelí sobre los Altos del Golán sirios -ocupados ilegalmente desde hace décadas - y reconoció Jerusalén como capital israelí, en contra de las resoluciones de la ONU y del derecho internacional. Además, defendió la posibilidad de un plan que consistía, básicamente, en la anexión de buena parte de Cisjordania por parte de Israel.

El eje vertebral de sus políticas en la región fue el impulso de los Acuerdos Abraham, por los que varios países árabes -Emiratos, Sudán, Marruecos y Bahrein- normalizaron sus relaciones con Israel. Esos pactos dejaron de lado la cuestión palestina y permitieron la perpetuación del enquistamiento, la opresión, el apartheid y la violencia.

Joe Biden prosiguió con el mismo plan e intentó la firma de los Acuerdos de Abraham entre Arabia Saudí e Israel, un escenario que cerraba la puerta a los derechos palestinos. En su nuevo mandato, Donald Trump tratará de empujar por esa normalización de Israel en la región, facilitando un acuerdo con Arabia Saudí y la ocupación y anexión ilegal de más territorio palestino, una anexión que se ha extendido ya en estos meses de atrás en Cisjordania y Jerusalén Este.

Este pasado miércoles, a las puertas del alto el fuego, yerno y confidente cercano de Trump, Jared Kushner, duplicó su participación en una firma de finanzas y seguros israelí -Phoenix Financial Ltd- que invierte en asentamientos ilegales israelíes en los Altos del Golán sirios y en Cisjordania, y que se beneficia de la extensión de esa anexión ilegal de territorio.

Nada termina hoy. Como ha escrito la abogada palestina estadounidense Noura Erakat, “un alto el fuego puede impedir que el cielo se derrumbe sobre Gaza, pero ya están creadas las condiciones que limitan la posibilidad de vida”. Si no se sientan las bases para una paz justa y una libertad real para Palestina, si no se garantiza una rendición de cuentas, el bucle continuará, una y otra vez.

Así lo ha recordado el Comité de Expertos de Naciones Unidas esta semana, subrayando que “una paz sostenible requiere abordar las causas profundas del conflicto”, “poner fin a la segregación racial y al apartheid, como ordenó la Corte Internacional de Justicia en julio de 2024, garantizar la igualdad de derechos”, “el regreso de los palestinos desplazados desde 1948” y “justicia por los crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio”.

En su despedida, Biden y su Secretario de Estado, Antony Blinken, han ofrecido discursos y entrevistas queriendo obviar su complicidad activa con los crímenes israelíes. Cuando llegue la cordura, si algún día llega, a todos les gustará decir que llevaban tiempo participando de ella.

Como escribió al inicio de este genocidio el novelista Omer Al Akkad, “un día, cuando sea seguro, cuando no haya ningún inconveniente personal en llamarlo como es, cuando sea demasiado tarde para responsabilizar a alguien, todos siempre habrán estado en contra de esto”.